Los amenazados publicaron una investigación sobre las relaciones entre políticos y grupos armados ilegales en las elecciones de 2011
Al menos 90 redactores viven bajo protección policial
INÉS SANTAEULALIA México 15 MAY 2013 - 05:36 CET
“Sí, tengo miedo”. El politólogo colombiano León Valencia, de 58 años, sabe lo que es vivir amenazado. Desde que comenzó su labor como investigador para tratar de “limpiar la política de sus lazos con la violencia” hace 18 años, vive con medidas de protección: escoltas y vehículo blindado. Pero esta vez la amenaza es más real que nunca. El Gobierno de Juan Manuel Santos ha confirmado la existencia de un plan para matarle a él, a Ariel Ávila, también analista del think tank Corporación Arco Iris, y al periodista Gonzalo Guillén.
“Estas amenazas provienen de gente con mucho poder y que durante años ha gozado de mucha impunidad”, dice Valencia al teléfono desde Bogotá. El jefe de la Unidad de Protección de la República, Andrés Villamizar, se reunió el pasado viernes con los tres profesionales para informarles de que un sicario se había trasladado desde el norte del país a Bogotá para coordinar el “inminente ataque” contra ellos. “No permitiremos que estos planes se concreten”, dijo Villamizar este martes públicamente en la red social Twitter.
Los profesionales creen que detrás de las amenazas está la reacción a una investigación que hicieron en el año 2011, en el que se celebraron elecciones locales, para indagar en las relaciones entre candidatos a alcaldías y gobernaciones y grupos armados ilegales. La investigación señaló a 127 políticos y se divulgó a través del diario El Espectador con el sobrenombre de La lista negra de Arco Iris. Dos años después, su trabajo está más vivo que nunca porque la Fiscalía ha abierto una investigación sobre muchos de esos políticos, tomando como base el trabajo académico de la corporación.
“Este cuasiatentado no es de la guerrilla ni de los narcos, lo iba a hacer una estructura organizada por un gobernante ahora en ejercicio”, sentencia el también investigador Ariel Ávila, de 29 años, que a la espera de que la investigación dé resultados prefiere no dar nombres, aunque asegura que se trata de gobernantes del norte del país. “El sicario no está capturado, pero la estructura política sí está identificada”, añade.
El periodista Gonzalo Guillén, que no ha hablado con los medios tras conocerse el plan para acabar con su vida, no formó parte de la investigación de Arco Iris sobre la política y las mafias, pero sí ha trabajado en el norte del país. Recientemente, según explica Ávila, estuvo investigando sobre el contrabando de armas y gasolina en la región norteña de La Guajira, cuyo gobernador también está incluido en la Lista de Arco Iris.
Muchos políticos locales colombianos están en contra de las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC desde noviembre de 2012 en La Habana, pero los investigadores que han accedido a hablar con EL PAÍS están convencidos de que la naturaleza del plan criminal es otra. “Puede ser una motivación secundaria, pero no es la motivación más grande”, dice Ávila. Valencia, un firme defensor de las conversaciones de paz, también cree que tiene que ver con el momento de tensión que hay en el país. “Mucha gente no quiere que se llegue a un acuerdo con las guerrillas y hay muchos insultos contra quienes apoyamos las negociaciones. Pero en este caso vemos una actitud dura de los que fueron vinculados por la investigación académica con bandas criminales y paramilitares”, apunta.
Hasta el momento ambos están decididos a quedarse en el país, que ya tuvieron que abandonar en varias ocasiones, entre ellas cuando se publicó la lista negra. “La decisión es no salir, yo ya salí varias veces, pero no más”, dice Ávila. Valencia, padre de dos hijos, se muestra más cauto: “Si las acciones del Gobierno dan un resultado inmediato de los responsables intelectuales y materiales nos daría confianza, pero si eso se demora tendríamos que irnos”.
La información sobre el plan criminal contra los tres profesionales no es un caso aislado en un país en el que hasta 90 periodistas viven bajo protección, tal y como informó este martes el presidente Santos. La Fundación para la Libertad de Prensa reveló en su último informe que los periodistas sufrieron 158 agresiones durante 2012. El último caso fue el pasado 1 de mayo contra el director de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón. El periodista sufrió un tiroteo en su coche cuando volvía de hacer una entrevista. Dos hombres armados lo llamaron por su nombre y comenzaron a disparar, pero pudo salir ileso.
Desde Bogotá los dos investigadores que se saben en la mira de un sicario esperan a que se resuelva su caso con la determinación de no abandonar su trabajo. Ávila, por ejemplo, no duerme por las noches. “Si me toca, me toca, pero no quisiera. Tengo un hermano gemelo, esa es mi gran preocupación”. Tienen miedo, pero no se acobardan. “Aquí nos quedaremos haciendo lo que hemos venido haciendo”, dice Valencia antes de colgar el teléfono.
“Sí, tengo miedo”. El politólogo colombiano León Valencia, de 58 años, sabe lo que es vivir amenazado. Desde que comenzó su labor como investigador para tratar de “limpiar la política de sus lazos con la violencia” hace 18 años, vive con medidas de protección: escoltas y vehículo blindado. Pero esta vez la amenaza es más real que nunca. El Gobierno de Juan Manuel Santos ha confirmado la existencia de un plan para matarle a él, a Ariel Ávila, también analista del think tank Corporación Arco Iris, y al periodista Gonzalo Guillén.
“Estas amenazas provienen de gente con mucho poder y que durante años ha gozado de mucha impunidad”, dice Valencia al teléfono desde Bogotá. El jefe de la Unidad de Protección de la República, Andrés Villamizar, se reunió el pasado viernes con los tres profesionales para informarles de que un sicario se había trasladado desde el norte del país a Bogotá para coordinar el “inminente ataque” contra ellos. “No permitiremos que estos planes se concreten”, dijo Villamizar este martes públicamente en la red social Twitter.
Los profesionales creen que detrás de las amenazas está la reacción a una investigación que hicieron en el año 2011, en el que se celebraron elecciones locales, para indagar en las relaciones entre candidatos a alcaldías y gobernaciones y grupos armados ilegales. La investigación señaló a 127 políticos y se divulgó a través del diario El Espectador con el sobrenombre de La lista negra de Arco Iris. Dos años después, su trabajo está más vivo que nunca porque la Fiscalía ha abierto una investigación sobre muchos de esos políticos, tomando como base el trabajo académico de la corporación.
“Este cuasiatentado no es de la guerrilla ni de los narcos, lo iba a hacer una estructura organizada por un gobernante ahora en ejercicio”, sentencia el también investigador Ariel Ávila, de 29 años, que a la espera de que la investigación dé resultados prefiere no dar nombres, aunque asegura que se trata de gobernantes del norte del país. “El sicario no está capturado, pero la estructura política sí está identificada”, añade.
El periodista Gonzalo Guillén, que no ha hablado con los medios tras conocerse el plan para acabar con su vida, no formó parte de la investigación de Arco Iris sobre la política y las mafias, pero sí ha trabajado en el norte del país. Recientemente, según explica Ávila, estuvo investigando sobre el contrabando de armas y gasolina en la región norteña de La Guajira, cuyo gobernador también está incluido en la Lista de Arco Iris.
Muchos políticos locales colombianos están en contra de las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC desde noviembre de 2012 en La Habana, pero los investigadores que han accedido a hablar con EL PAÍS están convencidos de que la naturaleza del plan criminal es otra. “Puede ser una motivación secundaria, pero no es la motivación más grande”, dice Ávila. Valencia, un firme defensor de las conversaciones de paz, también cree que tiene que ver con el momento de tensión que hay en el país. “Mucha gente no quiere que se llegue a un acuerdo con las guerrillas y hay muchos insultos contra quienes apoyamos las negociaciones. Pero en este caso vemos una actitud dura de los que fueron vinculados por la investigación académica con bandas criminales y paramilitares”, apunta.
Hasta el momento ambos están decididos a quedarse en el país, que ya tuvieron que abandonar en varias ocasiones, entre ellas cuando se publicó la lista negra. “La decisión es no salir, yo ya salí varias veces, pero no más”, dice Ávila. Valencia, padre de dos hijos, se muestra más cauto: “Si las acciones del Gobierno dan un resultado inmediato de los responsables intelectuales y materiales nos daría confianza, pero si eso se demora tendríamos que irnos”.
La información sobre el plan criminal contra los tres profesionales no es un caso aislado en un país en el que hasta 90 periodistas viven bajo protección, tal y como informó este martes el presidente Santos. La Fundación para la Libertad de Prensa reveló en su último informe que los periodistas sufrieron 158 agresiones durante 2012. El último caso fue el pasado 1 de mayo contra el director de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón. El periodista sufrió un tiroteo en su coche cuando volvía de hacer una entrevista. Dos hombres armados lo llamaron por su nombre y comenzaron a disparar, pero pudo salir ileso.
Desde Bogotá los dos investigadores que se saben en la mira de un sicario esperan a que se resuelva su caso con la determinación de no abandonar su trabajo. Ávila, por ejemplo, no duerme por las noches. “Si me toca, me toca, pero no quisiera. Tengo un hermano gemelo, esa es mi gran preocupación”. Tienen miedo, pero no se acobardan. “Aquí nos quedaremos haciendo lo que hemos venido haciendo”, dice Valencia antes de colgar el teléfono.
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