Por Narayán Vila
A esta hora el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, da a conocer su veredicto sobre la petición de sobreseimiento de cuatro de los siete formalizados por la frustrada alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
Durante la tercera y última jornada de audiencia, expuso el abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, quien detalló que la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias propuso, a las 4:40 de la madrugada, cuando llegó a la Onemi, evacuar las zonas costeras del centro sur del país.
Sin embargo, esto no se concretó ya que, nueve minutos después, el SHOA envió un mensaje descartando este fenómeno.
Junto con responsabilizar al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, tal y como lo hicieron todas las defensas, Fouillioux indicó que a su defendida, al igual que a Patricio Rosende, no le caben responsabilidades penales por lo sucedido el 27 de febrero de 2010.
“Para el Ministerio Público se han escogido siete personas, tratando de responsabilizarlas como culpables simbólicos para satisfacer un trauma social que ha surgido el 27 de febrero, endosándoles una tragedia, pero penalmente no corresponde ni respecto de Carmen Fernández, ni respecto de los otros imputados en este caso”, indicó.
Desde la parte acusatoria, la fiscal Solange Huerta, señaló que Carmen Fernández no puede escudarse en el “principio de confianza”, ya que tomó decisiones sin obedecer a los organismos técnicos, y tampoco en el de “riesgo permitido”.
“Este principio, conforme a la doctrina, se ve fuertemente limitado, cuando se trata de relaciones verticales, basadas en jerarquía. Conforme al principio de jerarquía, sobre Carmen Fernández pesaban labores de control y vigilancia sobre sus subalternos. Las omisiones de Fernández incrementaron el riesgo de la población civil ante el riesgo de maremoto”, destacó.
La fiscal aprovechó su alocución para criticar a los abogados de Rosende y Fernández, además de los representantes de Johaziel Jamett y Andrés Enríquez, ex funcionarios de alto rango de la Onemi y el SHOA.
“Hemos escuchado una retórica similar a las ya atendidas anteriormente, donde se constata una versión parcial de los hechos y antecedentes. Es una versión, no es la verdad”, enfatizó Solange Huerta.
Junto con la resolución del 7° Juzgado de Garantía, resta por conocer la asistencia de la ex presidenta Michelle Bachelet a esta causa.
Decisión que, según aclaró el abogado querellante Raúl Meza, está en manos del Ministerio Público, quien ya ha rechazado, en ocho oportunidades, esta diligencia.
Meza apuntó que “está en las manos de la fiscal Huerta citar o no a la ex presidenta Bachelet en su calidad de imputada. Nosotros creemos que existen antecedentes suficientes para acoger a tramitación una querella criminal por el cuasidelito de homicidio en contra de la ex presidenta”.
Al término de la tercera jornada de audiencia, Antonio Brito, padre de un menor de ocho años, víctima del maremoto, se encadenó en la reja de acceso al Centro de Justicia, solicitando que se desestime el sobreseimiento Jamett, Enríquez, Rosende y Carmen Fernández.
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