CRISIS EN VENEZUELA
El presidente venezolano asegura que la sostenibilidad del programa que permitió a Chávez entregar 381.000 casas depende de que los ciudadanos asuman su financiación
EWALD SCHARFENBERG Caracas 17 MAY 2013 - 03:13 CET
También en socialismo hay que pagar. Al Gobierno de Nicolás Maduro, se le va haciendo imposible cuadrar las cuentas, a pesar de que administra la renta petrolera del país que es el décimo exportador mundial de hidrocarburos y el dueño de la mayor reserva del planeta. El presidente de Venezuela dijo este jueves que la sostenibilidad del programa público de viviendas depende de que los que las reciben paguen por ellas. “¿Cómo vamos a sostener el gasto y la inversión para las viviendas de los próximos años? ¿Haciendo magia?”, afirmó.
El anatema pronunciado por Maduro se dejó escuchar este jueves en la tarde, durante el acto de entrega de 75 viviendas a familias de escasos recursos a las afueras de Barinas, ciudad capital del Estado del mismo nombre, en los llanos suroccidentales de Venezuela, cuna del fallecido Hugo Chávez. Era un acto de la llamada “Gran Misión Vivienda Venezuela”, un programa especial de construcción de urbanismos lanzado por el desaparecido líder en 2011.
El déficit de viviendas es un problema crónico en el país desde mucho antes del régimen chavista. Sin embargo, en estos últimos 14 años se agudizó tras algunos desastres naturales que dejaron miles de damnificados sin hogar, contrastando así con las promesas de progreso social enarboladas por la revolución bolivariana. En un intento por hacer buenas esas promesas y de, a la vez, paliar los malos resultados oficialistas en las elecciones parlamentarias de 2010, de cara a las presidenciales del 2012, el comandante Chávez implementó la misión, en cuyo marco, según cifras oficiales, desde su inicio a la fecha se han adjudicado 381.000 viviendas.
En casi cada parcela desocupada de centros urbanos se empezaron a levantar edificios que le serían entregados sin costo alguno –y, en casos, equipados- a sus beneficiarios por el Estado. La vivienda es un derecho constitucional, recordaban los portavoces gubernamentales, y la iniciativa se inscribía en el mandato de una máxima del socialismo: “De cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades”.
La habitual inquina de Chávez por los grupos empresariales locales, lo llevó a apelar a aliados de todo el mundo para llevar adelante semejante esfuerzo. Carteles semiestatales chinos como la gigantesca CITIC, o compañías particulares pero con fuertes vínculos con sus gobiernos, como la bielorrusa Belzarubezhstroi —del financista, hoy preso, Viktor Shevtsov— o la iraní Kayson —uno de cuyos asesores fue detenido en Alemania portando un cheque de una cuenta corporativa venezolana por 70 millones de dólares— hicieron pingües negocios en el ínterin recibiendo fondos públicos venezolanos.
Pero los fondos empezaron a agotarse. “Tenemos que sostenerlos entre todos”, fue el elocuente reclamo del presidente esta tarde: “Aunque nadie está pagando ni medio”.
Poco más tarde, en un encuentro con productores agrícolas de la misma región, Maduro también hizo notar que “cuánto crédito no hemos dado nosotros” para el cultivo de alimentos, pero que muchos “no lo pagan, aunque haya casos en los que se entienda que así pase”.
Ahogado por el déficit en las cuentas públicas, de hasta 20% según analistas, la escasez de divisas para la importación, la mayor tasa inflacionaria del continente y un grave desabastecimiento de productos de primera necesidad, el gobierno venezolano –en jaque además por una crisis política irresuelta- parece decidido a hacer caja y enfrentar este flanco de la economía con éxito aunque para ello deba renegar de políticas populistas características de su “Líder Supremo”, el fallecido Chávez, o flirtear con la clase empresarial nativa.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, dio la bienvenida al anuncio oficial, aunque recordó que el cobro de una tarifa había sido una de las sugerencias iniciales de ese gremio empresarial para garantizarle continuidad a la misión. Hizo votos para una coordinación entre el sector oficial y la iniciativa privada pues, en su concepto, “nunca el Estado ha sido capaz de suplir las viviendas necesarias sin los conocimientos y la inversión del sector privado, eso tiene que saberlo la población, para no crearle falsas expectativas”.
Sin dar más detalles, el presidente Maduro adelantó que los pagos a efectuar serán calculados de forma “justa, adecuados a la capacidad económica de cada familia”, y que lo recaudado alimentará un nuevo Fondo Central de Vivienda.
Dejó todavía la incógnita, sin embargo, de si el nuevo régimen permitirá que los beneficiarios de viviendas obtengan los documentos de propiedad del inmueble. En el esquema actual, los ocupantes de las viviendas gratuitos reciben solo un título de adjudicación que no les permite ceder o transferir esos bienes.
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