La juez Mercedes Alaya llegando a los Juzgados de Sevilla el pasado julio. / EFE
El fiscal avisa del riesgo de prescripción de los delitos de empresas que recibieron dinero de los ERE
REYES RINCÓN Sevilla 3 SEP 2013 - 14:21 CET
La Fiscalía Anticorrupción ha urgido a la juez Mercedes Alaya, que instruye el fraude de los ERE, a que tome declaración a 24 personas, algunas de las cuales están imputadas desde hace dos años y medio. En un escrito remitido a la juez, el fiscal reitera la petición que ya ha formulado en anteriores ocasiones para que Alaya fije un “calendario razonable de declaraciones” y concreta los nombres de los imputados a los que, en su opinión, Alaya debe llamar cuanto antes para que pueda seguir avanzando la investigación.
Entre los citados por la fiscalía se encuentran el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y del exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el intruso Antonio Garrido Santoyo, imputados en marzo de 2011.
Anticorrpución alerta también del riesgo de prescripción de los presuntos delitos atribuibles a algunas de las empresas que percibieron dinero del fondo de los ERE. Entre estas, el fiscal cita al bufete de abogados de Manuel Olivencia, suegro del exministro y ex presidente del PP andaluz Javier Arenas. Este despacho recibió 119.828 euros de ese fondo en 2002 por el asesoramiento a la empresa Santana.
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