JACQUELINE FOWKS Lima 16 NOV 2013 - 06:01 CET
En lo que va del Gobierno del presidente Ollanta Humala, ningún ministro había dejado el cargo por crisis ligadas a los restos del aparato que crearon el exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el expresidente Alberto Fujimori después del autogolpe de 1992: era una red de sujeción de los militares y los poderes del Estado, y de vigilancia de personajes de oposición mediante la interceptación telefónica y otras vías. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, renunció el viernes al no poder explicar por qué uno de los operadores de Montesinos gozó de un fuerte resguardo policial durante más de un año hasta hace un par de días. Cerca de la medianoche, Palacio de Gobierno informó que el asesor presidencial de seguridad, Adrián Villafuerte, también dimitió.
La revelación ha generado una crisis política, en principio, porque cuatro altos oficiales de policía se han enfrentado, públicamente, al actual jefe del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto. Los policías indican que el almirante Cueto solicitó el resguardo para su casa, pero se trataba del domicilio de Oscar López Meneses, un operador de Montesinos a quien se le procesó con la red de corrupción del exasesor de inteligencia del gobierno de Fujimori. López Meneses tiene una pena de prisión suspendida de cuatro años por tenencia ilegal de armas. También se encargó, a fines de los años 90, de reclutar a congresistas de otros partidos dispuestos a votar con el oficialismo a cambio de dinero. Cueto sostiene que las afirmaciones de los policías son “patrañas”, que nunca pidió resguardo para esa dirección. Y para mayor precisión, su casa queda en otro distrito.
En segundo término, Adrián Villafuerte, el asesor de seguridad del presidente Ollanta Humala, era señalado, desde abril, por el analista y exministro de Interior, Fernando Rospigliosi, como el encargado real de la política de seguridad, la cual incluía acciones de interceptación telefónica a opositores y periodistas, al mismo estilo que durante el gobierno de Alberto Fujimori. La prensa local documentó que los gastos de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) se incrementaron sustantivamente este año. Según la investigación periodística que mostró el trato preferencial que dio la Policía Nacional a López Meneses, también hay un vínculo entre él y el actual asesor presidencial de seguridad. Villafuerte lo ha negado. El presidente Humala también: “no podemos aceptar que se nos vincule con este tipo de basura”, afirmó la noche del jueves, en un mensaje en el que no podía sostener la mirada a la cámara ni al reportero que tomaba el micrófono. Pero el deslinde que hizo el mandatario no ha desterrado las dudas del primer día de revelaciones.
A las versiones discrepantes entre los jefes policiales –ya retirados de sus cargos- y el almirante Cueto, se han sumado el viernes las del alcalde de Surco, Roberto Gómez, y del general del Ejército Luis Howell, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gómez arguye que Howell le pidió vigilancia, del serenazgo municipal, para una “casa oficial” del Comando Conjunto, y le dijo que allí se realizaría una reunión de jefes militares de Unasur. La dirección era la casa de López Meneses. Howell ha negado haber llamado y también aclaró que no le pertenecía el teléfono desde el cual el alcalde refirió haberlo contactado.
La oposición pidió que Adrián Villafuerte deje su cargo, debido a la falta de transparencia con que realizaba su labor, y las sospechas que generaban sus vínculos y su pasado. Representantes del Fuerza Popular (fujimorismo), Perú Posible, Frente Amplio y el Partido Popular Cristiano, reclaman que el gobierno corte cualquier vínculo con el denominado ‘montesinismo’.
Por otro lado, se desconoce quién asumirá como el quinto ministro de Interior en el gabinete de Humala. Este lunes, el primer ministro César Villanueva debe presentarse al Congreso para exponer su plan de trabajo, pues asumió el 1º de noviembre, y solicitará un voto de confianza del Legislativo.
“¿Está el Gobierno dispuesto a llegar a la verdad?”, preguntó la congresista demócrata-cristiana Marisol Pérez Tello en un programa de televisión la noche del viernes, mientras discutía la gravedad de la crisis que enfrenta el gobierno.
Mientras tanto, en las salas de redacción y algunos pasillos de entidades públicas, las preguntas siguen siendo ¿Quién dio la orden?, ¿quién está mandando en la seguridad del país?
La crisis política puede continuar mientras persista la duda de con quiénes está gobernando el presidente Humala. Los peruanos quieren saber por qué hubo oficiales que se atrevieron a falsificar órdenes y suplantar identidades para dar un trato preferencial a un operador del régimen fujimorista.
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