La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Fujimori por desviar fondos públicos
El expresidente peruano rechaza la conclusión anticipada del sexto juicio en su contra, a diferencia de lo que prefirió en el pasado para acogerse a los beneficios procesales
JACQUELINE FOWKS Lima 15 NOV 2013 - 03:05 CET
Durante la cuarta audiencia del sexto juicio en su contra, el expresidente de Perú (1990-2000) Alberto Fujimori respondió con gritos después de escuchar la acusación de la Fiscalía, que sostiene que él estuvo “en la cúspide de una organización corrupta” que desvió fondos del Estado para crear y mantener diarios que respaldaban su reelección y atacaban a sus opositores. Preguntado por el tribunal si quería acogerse a la conclusión anticipada del proceso, y aceptar los cargos que se le imputan, Fujimori dijo que tiene que “aclarar muchas cosas” y se definió como una “persona honrada”. El político aprovecha la atención que genera su juicio, y las transmisiones en directo en radio y televisión, para defender su Gobierno.
Al inicio de la sesión, la fiscal Milagros Mora leyó la acusación y refirió que “con anuencia y por orden de Fujimori se simularon planes de operaciones para desviar fondos del Estado y mantenerse en el poder”, y alegó ese “dinero del pueblo” debió haberse destinado a otras necesidades. La fiscal también recordó que en dos juicios anteriores –con conclusión anticipada– el político reconoció haber formado parte de una organización corrupta que uso fondos públicos en beneficio propio. Además, solicitó una pena de ocho años de cárcel y el pago de una reparación civil de tres millones de soles, poco menos de un millón de dólares.
Entonces, el tribunal le preguntó al imputado si se aceptaba los cargos para que se concluyera anticipadamente el proceso y accediera a posibles beneficios. “No me acojo, tengo que aclarar muchos asuntos y lo voy a demostrar durante el proceso, dice la fiscal que he saqueado los recursos del Estado, es totalmente falso”, replicó a gritos el político.
Fujimori declaró además que no se le podía atribuir a él que unos comandantes generales (del Ejército) hicieran mal uso del dinero, y anunció que estos se iban a desdecir.
El exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y otras 35 personas fueron enjuiciadas y condenadas por el llamado caso de la prensa chicha en un juicio que transcurrió entre 2004 y 2005: 20 fueron a prisión. Entonces, Montesinos señaló que “el ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión”, y por ello encargó un estudio para saber con qué medios trabajar.
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) utilizó siete de estos diarios chicha para destacar el gobierno de Fujimori y atacar a los candidatos opositores en la campaña presidencial del año 2000. Además, con los mismos fondos reservados, desviados del presupuesto público, crearon otros dos diarios en los que difamaban a políticos, periodistas y líderes de opinión.
Fujimori fue extraditado de Chile a Perú en 2007 bajo ciertos términos, y por delitos que tenían equivalente en dicho país. Por ello, Perú tuvo que presentar un nuevo cuadernillo a la Corte Suprema chilena para que aprobara si le podía juzgar al político por delito contra la administración pública en el caso de la prensa chicha. Chile aceptó ampliar el cuadernillo de extradición relativo a este caso en septiembre del año pasado.
Si en la primera audiencia del caso de los diarios chicha el imputado Fujimori apareció despeinado, con poca energía y presión alta, esta vez cuando le dieron la palabra y el micrófono, monologaba colérico. La presidenta del tribunal, Aissa Mendoza, no consiguió que Fujimori respetara el orden en la sala y, ante la desobediencia reiterada del reo, pidió un receso para que le tomaran la presión, aunque la pausa sirvió para interrumpirlo.
El exgobernante cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad (autor mediato en homicidio por los casos de Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro agravado, aunque también fue condenado por apropiación de fondos públicos y corrupción en otros procesos.
Este sexto juicio ocurre en medio de un escándalo en la Policía y el Ejecutivo, debido a que la prensa descubrió que la casa de un operador de Vladimiro Montesinos, Oscar López Meneses, gozó de resguardo policial por más de un año, con patrulleros, portatropas y efectivos las 24 horas, hasta el miércoles último. Además, López Meneses, quien tiene una sentencia suspendida por tenencia ilegal de armas y de aparatos de interceptación telefónica, estuvo en la tribuna de invitados en viernes 8 en una ceremonia de la Región Policial Lima.
En 2006, durante la campaña presidencial, hubo versiones de que López Meneses, en prisión, asesoraba al entonces candidato Ollanta Humala en la selección de su lista para el parlamento. Por otro lado, la denuncia periodística del miércoles también alude a un vínculo entre el asesor presidencial de seguridad, Adrián Villafuerte, con el operador de Montesinos. Villafuerte fue ayudante del general César Saucedo durante el gobierno de Fujimori, uno de los militares afines a Vladimiro Montesinos, y exministro del Interior. Saucedo estuvo en prisión cinco años por enriquecimiento ilícito y por la compra irregular de aviones militares.
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