LA ECONOMÍA VENEZOLANA
La radio y la televisión de Venezuela evitan mostrar imágenes de los saqueos en las tiendas de electrodomésticos para evitar sanciones del Gobierno
ALFREDO MEZA Caracas 14 NOV 2013 - 03:15 CET
Los canales de televisión y las emisoras de radio de Venezuela están apelando a toda clase de eufemismos para informar, cuando lo hacen, del pillaje en las tiendas intervenidas por el gobierno desde el pasado viernes. El lunes una comunicación enviada por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortaba a los medios a evitar en sus reportes informativos el uso de la palabra “saqueo”.
Todo comenzó cuando el presidente Nicolás Maduro decidió ocupar la noche del viernes una de las cadenas más importantes, Daka, con el argumento de que sacaba márgenes elevados de ganancia habiendo recibido dólares preferenciales para importar su mercancía. Para aleccionar a la empresa privada que obtiene dólares subsidiados de la estatal Cadivi, pero calcula sus costos de reposición al valor del dólar en el mercado negro, el gobierno decidió vender toda la existencia a precios regulados. “Que no quede nada en los anaqueles”, dijo Maduro.
Así, los destrozos causados el sábado por pobladas ávidas de televisores y lavadoras rebajadas en la sucursal de Daka en Valencia apenas fueron mencionados o deliberadamente omitidos. Suerte similar corrieron eventos ocurridos al principio de la semana en los cuatro puntos cardinales de Venezuela: San Félix, al sur del país; en Puerto la Cruz, al oriente; y en Ciudad Ojeda, al occidente. Los videos de las redes sociales y las denuncias de los medios impresos impidieron que los saqueos, esa palabra que está proscrita del lenguaje audiovisual venezolano, a las tiendas de electrodomésticos quedaran sepultados por la avasallante propaganda que lleva adelante el gobierno nacional en su empeño de comunicar que está trabajando para proteger el salario de los venezolanos.
“Que no quede nada en los anaqueles”, dijo el presidente venezolano
Se han transmitido, sí, las declaraciones del jefe del Estado cuando condena los saqueos, pero no se contextualiza por qué la gente se abalanzó sobre las tiendas. La televisión venezolana ha decidido autocensurarse para evitar sanciones que eventualmente conduzcan a la pérdida de la concesión otorgada por el Estado. En este pulso el rumor crece y los televidentes pierden. Eso es muy evidente en los esfuerzos que hacen los periodistas radiales por evitar que sus entrevistados mencionen la palabra “saqueo”, o en los testimonios recogidos en la calle por los reporteros, que hacen esfuerzos por atajar expresiones que despierten la ira del poder.
Esa precaución tiene un remoto origen. Entre las reflexiones que se suscitaron tras los violentos desórdenes ocurridos durante el “Caracazo” de febrero de 1989 -una protesta popular contra un conjunto de medidas económicas de corte neoliberal impuestas por el gobernante de entonces, Carlos Andrés Pérez- destacó la cobertura que hiciera la televisión, que mostró sin censura lo que ocurría. Desde entonces los medios locales cargan con la culpa de haber fungido como catalizadores de la protesta.
El anuncio de Conatel ha establecido quizás sin quererlo la interpretación oficial del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que prohíbe la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”. Hasta este fin de semana el ambiguo margen de interpretación de la norma provocaba toda clase de lecturas, siempre, eso sí, temerosas de una sanción. Pero aún había algún margen para trabajar. Cuando trabajaba en Globovisión, un canal venezolano dedicado a transmitir noticias, el abogado Ricardo Antela, experto en Derecho Constitucional y miembro del equipo de consultores jurídicos de la planta, recomendaba a los periodistas que cuando informaran de desórdenes mostraran las imágenes menos fuertes y dijeran la palabra “saqueo” solo si era imprescindible para no generar zozobra.
Pero esto que ha ocurrido, dice Antela, no tiene precedentes. “Es una desproporción”, concede. “Una cosa es que se pida mesura a la hora de pronunciar la palabra y otra impedir que se mencione”, añade. Tras la expresa prohibición contenida en el exhorto del gobierno no pocos periodistas sienten que se siguen restringiendo aún más las ocasiones para informar sin coacción.
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