La Asamblea Nacional retira la inmunidad a una diputada opositora, lo que permite a los chavistas aprobar en la Cámara la Ley Habilitadora
ALFREDO MEZA Caracas 13 NOV 2013 - 17:37 CET
La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso en firme en el intento de otorgar poderes legislativos al presidente, Nicolás Maduro. Se trata de una decisión muy polémica y cuestionada incluso por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, un habitual valedor del gobierno bolivariano. La oposición considera que no es necesaria porque asegura que el Ejecutivo ya cuenta con suficiente poder entre sus manos para lograr sus propósitos y que sólo ha faltado voluntad política para combatir los delitos de cuello blanco. El propósito encubierto parece ser otro. Maduro pretende profundizar en el modelo económico de control de precios impuesto hace algunos años por su antecesor, Hugo Chávez.
En la sesión de este martes, la mayoría chavista allanó la inmunidad parlamentaria de la diputada disidente María Mercedes Aranguren por supuestos hechos de corrupción. Se espera que en la próxima sesión, convocada para este jueves, se inicie la primera discusión del proyecto de Ley Habilitante introducido semanas atrás por el Ejecutivo, que busca con desespero un golpe de opinión que le permita enfrentar las próximas elecciones municipales, tomadas como un temprano plebiscito de la naciente gestión de Maduro, con la garantía de que conservarán la mayoría de las 335 alcaldías y curules de los concejos municipales en disputa.
Cuando esa sesión inicie, el puesto de Aranguren será ocupado por el parlamentario suplente Carlos Flores, disidente como ella, pero que en los dos últimos meses habría cambiado de postura. Flores es más conocido por su número que por su nombre. Es el diputado 99. La cifra alude a la cantidad mínima de votos que necesita Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv) para delegar en Maduro facultades legislativas durante un año. Si se siguen los procedimientos previstos en el reglamento el viernes, tras la segunda discusión, el Ejecutivo tendrá lo que con tanto ahínco ha buscado.
De este modo parecen culminar dos frenéticos meses durante los cuales, según denuncias de la oposición, el chavismo intentó toda clase de maniobras y sobornos para sumar el voto restante. La Constitución venezolana indica que para aprobar poderes temporales al Presidente son necesarias las tres quintas partes de la cámara. Tras vuelta de la oposición al Legislativo en 2010 y las deserciones ocurridas en uno y otro bando en el actual período, los 165 curules se repartían entre 98 diputados para el gobierno y 67 para la oposición. Flores representa el punto de quiebre de la tenaz resistencia impuesta por la bancada de la alternativa democrática para impedir que Maduro tomara más poder del que ya disfruta.
El inminente espaldarazo a la Ley Habilitante se produce en medio de uno de los habituales picos de crispación política que sacuden a Venezuela desde hace tres lustros. El viernes en la noche Maduro ordenó la ocupación de una cadena que vende electrodomésticos, llamada Daka, cuyos dueños, en un procedimiento sumario, fueron acusados por el Ejecutivo de usureros. Luego de comprobar el sobreprecio de los artículos de línea blanca y televisores de pantalla plana, el Gobierno ordenó entonces rebajar el precio de la mercancía y llamar a los venezolanos a vaciar las estanterías. “Que no quede nada en los anaqueles”, dijo un Maduro exultante.
El llamado fue acatado de inmediato y parte de la turba que se agolpó a las puertas de las tiendas entendió la invitación como una licencia para saquear las sucursales de la cadena. En Valencia hubo los peores destrozos, pero también ocurrió una demostración de la reserva moral que aún tienen los venezolanos. Algunos abochornados decidieron detener a quienes robaban los electrodomésticos arrebatándoselos y lanzándolos contra el piso. Las redes sociales han mostrado lo que no enseñan la televisión y la radio, autocensuradas por la presión del gobierno.
Maduro ha tomado distancia de los saqueadores, pero durante los días subsiguientes ha seguido acusando al sector privado de incrementar de forma injustificada los precios. Las visitas de los ministros a otras cadenas, así como a los expendios de otras categorías: alimentos, calzado, ferretería, juguetes, vehículos y ropa, han continuado desde el lunes con la misma metodología: acusaciones sumarias de usura, confiscación de mercancía y venta controlada a las muchedumbres que esperan en filas. La Ley Habilitante servirá al Presidente para avanzar en el control total de todos los bienes y servicios que se ofertan en el país, una idea que su padre político apenas esbozó.
La decisión de Maduro pretende detener a la manera de Robert Mugabe, quien en 2007 decretó ilegal la inflación en Zimbabue, el brutal deterioro del salario en el país. Antes que reconocer los yerros de la política económica, el Presidente dice estar enfrentando una “guerra económica” financiada por sus enemigos de clase. Parte de ese enfrentamiento, según esa visión, estaría expresado en los resultados publicados recientemente por el Banco Central de Venezuela. En octubre los precios aumentaron 5% y la inflación llegó a 54% en un año mientras que en 2013 ha acumulado 45.8%. La nueva batalla del chavismo es por lograr “precios justos”. La Ley Habilitante es la esperanza.
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