El Gobierno aprueba el plan de medidas contra la corrupción
Las personas jurídicas tendrán prohibido hacer donaciones a las formaciones
Los condenados por delitos de terrorismo no podrán ser nombrados altos cargos
El Consejo de Ministros se reúne por primera vez tras el anuncio de la consulta catalana
Claves de las medidas anticorrupción del Gobierno
EL PAÍS Madrid 13 DIC 2013 - 15:21 CET
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el paquete de medidas contra la corrupción que incluye la prohibición de las entidades bancarias de perdonar deuda a los partidos y el fin de las donaciones de personas jurídicas (empresas o fundaciones) a las formaciones políticas.
Los cambios, que el PP ha presentado hasta cuatro veces a los grupos del Congreso, afectarán a una quincena de leyes para dar respuesta a tres bloques de asuntos: financiación de los partidos políticos; un Estatuto del cargo público y medidas procesales y penales contra la corrupción. Los condenados por delitos de terrorismo no podrán ser altos cargos hasta que se extinga la pena por la que fueron condenados. Las medidas que se recogen en la norma fueron presentadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación del pasado mes de febrero.
"Las leyes de control de los partidos da un paso más en la transparencia de las fundaciones porque ahora hay criterios muy claros para saber cuándo una fundación está vinculada a un partido. Se someterá a mayor control sus cuentas", ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Los tres paquetes de medidas anticorrupción presentadas por el Gobierno se formalizan en tres normas: la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, y las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
La primera incluye "la comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas", "la obligación de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine" y "la definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses", entre otros.
La segunda supone la "codificación de derechos y obligaciones del cargo público", "la ampliación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales", "la homologación total del régimen de protección social para que los cargos públicos contribuyan al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos" y la delimitación de los gastos de representación.
El resto de medidas se refieren a la reforma del Código Penal, cuyo trámite parlamentario arrancó este jueves en el Congreso. En este caso, las propuestas del Gobierno se refieren, por ejemplo, a tipificar el delito de financiación ilegal de partidos y "una nueva pena de inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados —además de contratar con la Administración Pública— recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".
Portazo a la consulta catalana
La de este viernes es la primera reunión del Gabinete desde que el presidente catalán, Artur Mas, anunciara que planteará la consulta sobre la independencia el próximo 9 de noviembre. Santamaría se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo este jueves Rajoy: "La consulta catalana es inconstucional porque corresponde a todos los españoles decidir cómo quieren que sea España", ha aclarado.
"Apelamos al respeto a la ley y a la responsabilidad de todos, especialmente del presidente de la Generalitat, que asumió que no haría nada que violentara las leyes. Que reflexione sobre ese proceso que quiere poner en marcha", ha añadido la vicepresidenta.
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