El presidente de Kenia, en el centro, a su llegada al aeropuerto de Schiphol, Países Bajos, el 7 de octubre / Foto: Efe | Vídeo: Reuters
Kenyatta, acusado de orquestar la violencia étnica tras los comicios de 2007
ISABEL FERRER La Haya 8 OCT 2014 - 09:33 CEST
Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, comparece este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes contra la humanidad por haber orquestado la violencia tribal desatada en el país africano tras las elecciones de 2007. De ser juzgado, Kenyattasería el primer jefe de Estado en ejercicio en sentarse en el banquillo de la CPI.
Los comicios de 2007, considerados fraudulentos por los observadores internacionales, dieron la victoria a Mwai Kibaki. Cuando su rival, Raila Odinga, se declaró ganador, la pugna derivó en una oleada de disturbios que causaron unos 1.300 muertos. Medio millón de personas perdieron su hogar. Kenyatta, jefe de Estado desde 2013 - gracias a otra votación sospechosa - era aliado de Kibaki y niega haber azuzado los enfrentamientos. La fiscalía de la Corte, sin embargo, afirma que sus testigos han sido amedrentados y Nairobi no coopera en la búsqueda de pruebas. Ambas cosas pueden desbaratar el proceso.
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El mandatario africano intentó evitar desplazarse a La Haya, donde tiene su sede, pero la fiscalía ha exigido su presencia “en un momento crucial para el acusado y las víctimas”, según su titular, Fatou Bensouda. En un alarde del apoyo con que cuenta en su tierra, Kenyatta ha cedido temporalmente el poder a William Ruto, su vicepresidente. “No quiero que se juzgue conmigo la soberanía de 40 millones de kenianos. Los que me acusan presentan a la mayoría de los líderes africanos como corruptos y sin ley. Una imagen dañina”, dijo, ante su Parlamento, horas antes de partir. Se da la circunstancia de que Ruto es reclamado por los mismos crímenes ante la propia Corte.
Ahora que Kenyatta viaja por fin a Holanda, los fiscales deberán emplearse a fondo para convencer a los jueces de que cuentan por pruebas suficientes para sostener la acusación. El pasado septiembre, Bensouda pidió un aplazamiento porque el Gobierno keniano no colaboraba y resultaba imposible armar el caso contra el presidente. La ayuda oficial es esencial para confirmar si Kenyatta, miembro de la poderosa etnia kikuyu, como el antiguo presidente Kibaki, formó en su seno un grupo guerrillero denominado Mungiki. Ellos habrían matado a la mayor parte de los civiles. La explicación oficial de Nairobi para no cooperar es que la burocracia nacional “es tan densa como la de cualquier otro país, y lleva tiempo recabar datos”. Kenyatta, a su vez, asegura que “siempre ha respondido a la justicia internacional”.
La tranquilidad de que hace gala el político se explica por dos motivos: la relativa estabilidad de Kenia, principal economía del este africano que cuenta desde 2010 de una Constitución en regla, y que muchos países del Continente critican a la Corte Penal por fijarse “solo en ellos”. Sobre Omar el Bachir, presidente de Sudán por ejemplo, pesa desde 2009 una orden de arresto por genocidio que ninguno de sus vecinos parece dispuesto a cumplir.
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