Por Equipo Cambio21
El Congreso pasa por días turbulentos. El caso de fraude tributario que involucra a las empresas del grupo Penta, controlados por el financista de la UDI Carlos Alberto Délano, tiene cada vez más aristas cuando una serie de boletas de honorarios fueron emitidas por terceros teniendo al conglomerado como empleador. Sin embargo, los trabajos no serían reales y habría sido una maraña técnica para desviar fondos para campañas políticas.
Las personas que emitieron las boletas habrían librado millonarios montos desde la empresa para que ésta pudiera redireccionarla para financiar campañas más allá del tope legal.
La actividad en la que habrían caído personas naturales, en supuesta complicidad con la empresa, sería la formula que hoy investiga la Fiscalía Oriente: fue un fraude al FUT, al ser fondos correspondientes a impuestos que la empresa debería haber reinvertido en la misma. Sin embargo, con documentos reales, pero con información falsa, las dos partes habrían podido desviar esos dineros.
Este tipo de boletas, con información irreal, responde a un tipo de fraude conocido como falsedad ideológica, esto es cuando un documento emitido correctamente por una entidad oficial (Servicio de Impuestos Internos) contiene información falsa, en este caso, prestación de servicios inexistentes.
Cabe recordar que estos fondos deberían haber llegado a impuestos, es decir, las campañas terminaron siendo financiadas por esta elusión.
Es por este delito por el que están siendo investigados distintos personeros de la UDI, incluyendo a: Jaqueline van Rysselbergue, Ena vor Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, entre otros nombres que aún no se dan a conocer.
El tema es delicado para los parlamentarios que sí ganaron la elección, pues tienen mucho más en juego. Si éstos son parte de la investigación, la fiscalía podría, eventualmente, pedir el desafuero de los diputados o senadores, para así procesarlos y hacerlos parte de un juicio por fraude.
En este caso, el delito de falsedad ideológica, es sancionado en el artículo 194 del Código Penal, en que se especifica que quienes incurran en estos ilícitos, enfrentan presidio menor en su grado medio o máximo; en español: enfrentan encarcelamiento de hasta cinco años.
Dentro del Congreso
Pero los diputados no habrían sido ejecutores directos de las faltas, sino que habrían utilizado terceros para recibir los dineros "sucios". Esto, sin embargo, si la Cámara lo estima, lo puede sancionar como una falta a la ética y a la transparencia.
El diputado de las comisiones de Ética y de Constitución, Guillermo Ceroni (PPD), explica que dentro de la Cámara no existen más herramientas sancionadoras que las que pueden emitir estas instancias.
La sanción en la que podrían caer los posibles involucrados del Pentagate parte por una multa que puede llegar a ser del 15% de la dieta parlamentaria, es decir, cerca de un millón de pesos. "Un multa, no tenemos más que eso en el Código de Etica. Hay que recordar que son cargos de representación popular, por lo que no podemos hacerlos perder su cargo o inhabilitarlos por un cierto tipo de situación, no tenemos esa atribución", explicó Ceroni.
El mismo parlamentario agrega que "para que el diputado pueda ser juzgado tienen que pedir el desafuero, eso tiene que ser ante la Corte de Apelaciones, y cuando la corte considera que da lugar a la causa ahí queda desaforado".
"Él sigue siendo "diputado", percibiendo su dieta, pero no puede estar en el Congreso, como en el caso de Rosauro Martínez. Después viene la pena, si esta es aflictiva, es decir, sobre 3 años y un día, ahí cesa en el cargo, porque está perdiendo la calidad de ciudadano, uno de los requisitos para ser parlamentario", agregando que "una vez que es condenado, ahí queda inhabilitado para continuar en el cargo".
Cuando el diputado queda bajo sanción, significa que pierde su dieta parlamentaria. Varios millones que dejaría de ver si es que, finalmente, las investigaciones del caso llegan a pisarle.
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