Por Emilio Maldonado - Ana María Sanhueza
Apenas se hizo público que Enade tendría entre sus principales oradores al presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, el tema se convirtió en comentario obligado tanto de abogados como empresarios, al punto que su visita fue objeto de varias columnas de opinión.
Aunque no es un hecho inédito, pues a comienzos de los 90 fue invitado Enrique Correa Labra, lo cierto es que hace más de dos décadas que un presidente de la Suprema no era convocado por los empresarios para oír de cerca sus planteamientos. Enade sumó, además, a los dos poderes del Estado: la mandataria Michelle Bachelet y la presidenta del Senado, Isabel Allende, a exponer en el encuentro que este año se tituló “Afectio Societatis. Crear Sociedad entre todos”.
Pero esta vez hay algo distinto: la Corte Suprema que lidera Muñoz desde marzo de 2014, es muy distinta a la de Correa Labra. Varios de los fallos del máximo tribunal recalcan cada vez más la palabra igualdad, así como han acentuado sus fundamentos en una mirada sustentable, ecológica y a favor de la mantención de la cultura de los pueblos originarios. Un ejemplo es el fallo reciente -del 21 de octubre pasado- de la Cuarta Sala de la Suprema en una arista del caso del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic: “El incremento del PIB no puede sustentarse únicamente en criterios pecuniarios, sin limitaciones de ninguna índole, el cual debe ceder frente a requerimientos de los individuos que demandan y exigen del Estado el derecho a vivir en un sitio libre de contaminación (...) El desarrollo sin sustentabilidad no puede dañar impunemente el medio ambiente ni barrenar los derechos fundamentales de sus habitantes”, se lee textualmente.
Es la misma sala que, con su nueva integración -Gloria Ana Chevesich, Ricardo Blanco, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda-, este año ha llamado la atención por tomar distancia de sus antiguas resoluciones “pro empresa” y hacia dictámenes “pro trabajadores”.
Muñoz, en tanto, cuando integraba la Tercera Sala hasta el 2013, también fue parte de varios fallos medioambientales que coparon la agenda noticiosa y, de paso, provocaron inquietud en el empresariado. Entre ellos, el inédito llamado a conciliación que realizó en el caso de la Central Castilla en 2012, un proyecto que finalmente quedó paralizado. En otra resolución, como fue la que autorizó el proyecto eléctrico Punta Alcalde, tuvo un rol clave en que se ordenaran una serie de mitigaciones ambientales antes de que entrara en funcionamiento. Y, cuando se pronunció por el alza de planes de las isapres, consideró que estas decisiones eran “arbitrarias”.
Los fallos de Muñoz, en ese sentido, no sólo son objeto de estudio en las escuelas de Derecho, sino también de escudriñamiento de muchos empresarios, quienes privadamente han criticado la judicialización de varios proyectos. El punto, incluso, lo acaba de tocar el abogado Álvaro Ortúzar en una columna en El Mercurio sobre las expectativas generadas por la visita de Muñoz a Enade: “A la hora de revisar las muchas y diversas sentencias judiciales dictadas en materias económicas y proyectos relevantes, se habla de incertidumbre jurídica”, escribió.
-¿Y usted cree que hay incertidumbre jurídica de parte de los empresarios por algunos proyectos?
-Creo que la actividad empresarial en Chile se desarrolla correctamente desde el punto de vista jurisdiccional y el respeto a la ley. Pueden existir aspectos que mejorar, avanzar y profundizar. Pero son aspectos que están relacionados con puntos específicos en el actuar de los empresarios. Y, además, son casos aislados. Los convoco a que me nombren la gran cantidad de casos a los que me hacen referencia.
-Castilla, El Mauro, algunos recursos de protección contra las isapres, Bocamina.
-Si pensamos que la actividad empresarial se refiere a estos proyectos, es porque pensamos que el empresariado chileno hace muy poco. Decir lo contrario desde el punto de vista cuantitativo habla muy mal de los empresarios. Porque los proyectos son mucho más que los que pusieron el pie en los tribunales. Eso hay que ponerlo en perspectiva. Estos casos son un número que podemos contar, a lo mejor, con los dedos de las manos, para no ser escuetos. Pero no son todos los proyectos que tiene el empresariado, porque son muchos más. Eso es lo que me ha hecho decir que su actividad está acorde a la legalidad y que son sólo algunos proyectos los que han tenido que reencausarse por motivos específicos, pero a la hora de posicionarlos en el contexto de los casos que se resuelven en nuestro país, son mínimos.
-Los empresarios han criticado la judicialización.
-Nosotros hemos hecho un levantamiento sobre el análisis de la justicia en medioambiente y, exagerando, no deben pasar de 50 los casos que se han visto en los últimos años. Es decir, no han tenido un ingreso explosivo, pese a que en esto se ha hablado de que fueran cientos o miles. En Chile tenemos unas 3 millones de causas anuales y si hablamos de miles no estaría mal, porque estaríamos cerca del 1 %, pero no es el caso. Entonces, es un poco exacerbar el hecho de la judicialización. Además, es garantía de todos los chilenos recurrir a los tribunales. No veo el aspecto negativo de la judicialización.
-Respecto de la institucionalidad ambiental que hay en Chile, ¿es la correcta? ¿Hay que perfeccionarla?
-En el último tiempo han existido tres institucionalidades ambientales. Pero aquí no ha existido una crítica a la institucionalidad, sino que ha existido por parte de las personas que están relacionadas con estas tomas de decisiones, una crítica hacia la forma en cómo se ha operado y, específicamente, cómo se han controlado los requisitos de los proyectos ambientales y la puesta en marcha de los distintos proyectos. Eso es lo que se ha objetado. Y nosotros mismos en fallos como Punta Alcalde, hemos dicho que hay que darle un tiempo a la institucionalidad ambiental para que se implemente.
-¿Cuál es la vía?
-Nosotros esperamos que el recurso de protección no sea el expediente con el que se llega a los tribunales medioambientales. Pero si los tribunales ambientales o la autoridad administrativa no dan el resguardo a todas las garantías, lógicamente que se va a recurrir al recurso de protección. Y si las personas están insatisfechas, para eso están los recursos ante los tribunales. Sucede en todos los países del mundo. Acá estamos dentro de la normalidad. Lo que ocurre es que debe haber algunas visiones que por afectarles directamente un tema, puedan tener una sobrerreacción. Eso es natural. Lo que no podemos hacer es caer como país en expresar y repetir una apreciación personal como una idea a instalar en la sociedad.
-Son los empresarios los que hablan de incertidumbre jurídica.
-Yo tengo un reporte de estado de derecho y seguridad jurídica en el que nosotros estamos posicionados en los primeros 21 lugares a nivel mundial y segundos en Latinoamérica. Estas son personas afectadas por una determinación judicial, en los casos mínimos, que tratan de llevar a un contexto general su situación particular. Esto es lo mismo que si entran a robar a la casa de una persona. Esa persona va a decir que hay una completa inseguridad, pero si lo ponemos en contexto, puede que haya preocupación por la delincuencia, pero no estamos en los estándares latinoamericanos. Todos sabemos que cuando estamos en Chile nos sentimos enormemente inseguros por una cuestión subjetiva, porque los medios de comunicación nos dicen que estamos inseguros. Pero cuando vamos fuera de nuestras fronteras, nos encontramos muy seguros en nuestro país.
-¿Cree que es sólo una percepción?
-Hay algo que es perceptivo. Aquí, Dios gracias, no conozco que hayan desaparecido más de 40 personas de un día para otro y no se sepa dónde están. Puede existir el caso de una persona, o el caso de cinco o 10 personas en un período prolongado (estamos hablando fuera de la crisis institucional). Pero me hago cargo, por ejemplo, del caso Matute Jones, donde no se pudo dar una respuesta adecuada a la familia en su oportunidad. Pero es un caso. Y debe haber otros casos, pero son excepcionalísimos. A eso es lo que yo puedo responder sobre la inseguridad.
LAZOS CON EL EMPRESARIADO
Fue a fines de septiembre cuando Sergio Muñoz recibió la invitación para participar en Enade. Pero sus lazos con el gremio empresarial habían comenzado mucho antes. Su primer acercamiento fue con el ex presidente de la Sofofa Andrés Concha, quien murió en marzo de 2013. “Con él iniciamos un lazo de cooperación para posicionar el estado en que se encuentra la tecnología desde el punto de vista del empresariado y la forma en cómo ello puede repercutir en la administración de justicia”, cuenta.
Ese diálogo siguió con los dirigentes de Icare, con quienes incluso tomó desayuno y, en una ocasión, se juntaron en la Corte Suprema. También implicó una invitación del gremio industrial para que Muñoz asistiera a la cena anual de la Sofofa el pasado 5 de noviembre.
No es lo único: Muñoz también ha forjado lazos con la Cámara Nacional de Comercio, con la que firmó un convenio para que varios jueces y ministros vayan a los colegios que son parte de esa institución para dar charlas de educación cívica. Asimismo, ha suscrito convenios con varias otras organizaciones, como la Asociación Chilena de Seguridad y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Sobre su participación en Enade, dice:
-El mensaje es que la realidad chilena la construimos todos y que no hay nadie que tenga la última palabra y que todos podemos profundizar los distintos aspectos de que se compone la realidad chilena. Hay que entender que los procesos relacionados con los procesos judiciales en todos los países se entienden como una construcción. Y los tribunales tienen que adecuar sus decisiones dictadas por el legislador. Y quien tiene el discurso político fundamental en un país, es el legislador. No son los jueces, porque los jueces aplican la ley.
-Usted habló en su discurso que hay distintos tipos de violencia. ¿Uno de ellos es la desigualdad?
-Por mí es considerada una forma de violencia. La Constitución lo dice en los primeros artículos: que Chile es un Estado que se tiene que respetar, que todos nacen en dignidad de derechos y que el fin del Estado es procurar la mayor realización personal y espiritual de las personas y promover el bien común. También, dice que Chile es una república democrática y la democracia se caracteriza por cuatro o cinco aspectos, y uno de ellos es la igualdad, en el sentido de la igualdad sustancial. No la igualdad formal en que todos tengamos la posibilidad de ir a un colegio y que nos admitan o no, sino que tener la posibilidad de entrar, permanecer y salir con un buen estándar de educación.
-También destacó que en el Poder Judicial había igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. ¿Es una señal hacia afuera?
-Yo no me pronuncio afuera. Lo que digo es que es una situación que se debe mejorar en la sociedad chilena y que nosotros estamos haciendo todo lo posible en que eso se oriente hacia la corrección. Estamos dando todas las herramientas a los jueces para que conozcan los protocolos internacionales que se han adecuado en esta materia. Pero la igualdad dentro del Poder Judicial no es nada. Porque la igualdad también se tiene que demostrar en las sentencias, en las resoluciones, en determinar si es necesario establecer discriminaciones positivas para que llegue en algún momento a posicionarse la igualdad total de la mujer cuando está en una condición de desigualdad.
Ese diálogo siguió con los dirigentes de Icare, con quienes incluso tomó desayuno y, en una ocasión, se juntaron en la Corte Suprema. También implicó una invitación del gremio industrial para que Muñoz asistiera a la cena anual de la Sofofa el pasado 5 de noviembre.
No es lo único: Muñoz también ha forjado lazos con la Cámara Nacional de Comercio, con la que firmó un convenio para que varios jueces y ministros vayan a los colegios que son parte de esa institución para dar charlas de educación cívica. Asimismo, ha suscrito convenios con varias otras organizaciones, como la Asociación Chilena de Seguridad y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Sobre su participación en Enade, dice:
-El mensaje es que la realidad chilena la construimos todos y que no hay nadie que tenga la última palabra y que todos podemos profundizar los distintos aspectos de que se compone la realidad chilena. Hay que entender que los procesos relacionados con los procesos judiciales en todos los países se entienden como una construcción. Y los tribunales tienen que adecuar sus decisiones dictadas por el legislador. Y quien tiene el discurso político fundamental en un país, es el legislador. No son los jueces, porque los jueces aplican la ley.
-Usted habló en su discurso que hay distintos tipos de violencia. ¿Uno de ellos es la desigualdad?
-Por mí es considerada una forma de violencia. La Constitución lo dice en los primeros artículos: que Chile es un Estado que se tiene que respetar, que todos nacen en dignidad de derechos y que el fin del Estado es procurar la mayor realización personal y espiritual de las personas y promover el bien común. También, dice que Chile es una república democrática y la democracia se caracteriza por cuatro o cinco aspectos, y uno de ellos es la igualdad, en el sentido de la igualdad sustancial. No la igualdad formal en que todos tengamos la posibilidad de ir a un colegio y que nos admitan o no, sino que tener la posibilidad de entrar, permanecer y salir con un buen estándar de educación.
-También destacó que en el Poder Judicial había igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. ¿Es una señal hacia afuera?
-Yo no me pronuncio afuera. Lo que digo es que es una situación que se debe mejorar en la sociedad chilena y que nosotros estamos haciendo todo lo posible en que eso se oriente hacia la corrección. Estamos dando todas las herramientas a los jueces para que conozcan los protocolos internacionales que se han adecuado en esta materia. Pero la igualdad dentro del Poder Judicial no es nada. Porque la igualdad también se tiene que demostrar en las sentencias, en las resoluciones, en determinar si es necesario establecer discriminaciones positivas para que llegue en algún momento a posicionarse la igualdad total de la mujer cuando está en una condición de desigualdad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario