Por Cambio21
Los jueces y fiscales tienen la palabra
La "pelota" está en este momento en la cancha de los tribunales y más específicamente en la de la Fiscalía. De dulce y de agraz, dirá usted, pues mientras hemos visto a un esforzado y hasta vapuleado fiscal como Carlos Gajardo, que se ha jugado por acercarse a la verdad, a pesar de las presiones y acusaciones que se han intentado por la UDI en su contra (Ernesto Silva se reunió para recriminarlo con Sabas Chahúan), otros, como Alberto Ayala -con quien también Silva se reunió y no solo una vez-, han buscado de antemano echarle tierra al asunto.
Difícil tarea sin dudas la del fiscal Gajardo (en la foto) y la de los tribunales en este caso, pues se juegan no solo la credibilidad personal -o su carrera, como Ayala-, sino que la ya maltrecha imagen del Poder Judicial. Por décadas la complicidad que ese poder del Estado dio a la dictadura, haciendo vista gorda a los atropellos a los derechos humanos, ha buscado enmendarse por su actual presidente.
En la mayor y más grave defraudación fiscal de la historia, en razón de los montos y los personeros involucrados, demostrarán si de verdad la justicia alcanza a estos personajes que, por su rango político o poder económico, son percibidos como intocables. Avala tal sensación de impunidad, conductas como las del fiscal Ayala y la del Consejo de Defensa del Estado (dirigido por el RN Juan Ignacio Piña), que buscan minimizar el arista política o, en su caso, han negado el rol del CDE en la persecución de las eventuales responsabilidades de parlamentarios en los ilícitos.
Desgranando "el choclo"
Consciente Carlos "choclo" Délano de que la mano, al menos en apariencia se le viene "pesada" en esta vuelta (con la formalización anunciada a más tardar para el 15 de enero), se ha ido preocupando de desligarse de cargos y bienes. Así -según cercanos-, intentaría evitar mayores daños que los ya sufridos. Partió renunciando a la presidencia de la Teletón, donde se desempeñaba hasta que el caso que lo involucra explotó públicamente. Allí ya había sido cuestionado por algunos negocios, seguir en el cargo, provocaría más perjuicios que el intento de blanquear su imagen por participar en ese centro de beneficencia.
Ya al ser inminente su formalización, se deshizo junto a su socio, de varios cargos en directorios que desempeñaba en las empresas del conglomerado (Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta). Claro, mantuvo unos pocos estratégicos. Buscaba -como lo reconociera-, no pringar más aún a sus negocios. Pero también era importante resguardar bienes y se dio comienzo recientemente a la transferencia de algunos de ellos. Como los inmuebles que enajenó a la Universidad del Desarrollo (UDD) -parte de otra investigación distinta del mismo fiscal Gajardo, a propósito del lucro de las universidades-.
La operación que beneficia a la UDD (donde los dueños son los mismos de Penta y de dirigentes UDI), se trata de una intrincada maniobra de triangulaciones patrimoniales entre esa universidad, la sociedad Aivillú (de los mismos dueños y que operaba como "empresa espejo" para los arriendos que generaban el lucro) y una compañía del conglomerado, Penta Vida. En otras palabras y con cerca de 25 escrituras y contraescrituras, se pretende ocultar los bienes, por si acaso y como consecuencia de los delitos que se imputa a los dueños de Penta, terminan comprometiendo su patrimonio.
Cuerdas separadas
A partir de la conocida grabación que entregara Hugo Bravo y que se encuentra ya en poder del fiscal Gajardo, y por la cual se vincula a connotados personeros de la UDI con los dineros ilegales para campañas entregados por Penta, se determinó por el persecutor separa definitivamente las causas en tres. Por un lado el fraude FUT (Fondo de Utilidades Tributables) que involucra a funcionarios públicos (8) y más de 100 empresarios, por otro el caso Penta, con Délano, Lavín, Bravo y otros y por último el caso UDI, que arrastra a los principales líderes derechistas.
Las primeras acusaciones del caso FUT ya se han conocido estos días y han afectado a los ex contadores del SII, por ahora. Penas de entre 15 y 16 años han sido solicitadas. Aquí los montos defraudados superan los 2.700 millones de pesos como pérdida fiscal. El 31 de diciembre termina el secreto sobre la carpeta investigativa del segundo caso, Penta. Las formalizaciones están anunciadas o a más tardar en enero 2015.
La arista política, la más grave por los montos y por vulnerarse peligrosamente la fe pública, al ligarse a empresarios con políticos de la UDI (algunos parlamentarios y otros que aspiraban a dirigir el país -Dios nos libre-), está en veremos. Hace rato declararon el chofer y secretarias involucradas. También están incautados documentos y equipos computacionales de empresas ligadas a la UDI e incluso ya han declarado como imputados varios dirigentes de ese partido.
Pero sigue pendiente definir qué camino tomará la fiscalía. Si el de Carlos Gajardo, que se ha jugado por descifrar la verdad o la de otros, que parecen estar más preocupados de lograr los votos de la UDI para su postulación a la fiscalía nacional. Mal que mal para ser fiscal nacional se requiere ser designado por el Presidente de la República -con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado-, sobre la base de una quina propuesta por la Corte Suprema, y eso el candidato Alberto Ayala, lo sabe.
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