Un problema familiar

Tras la publicación de la declaración de intereses y patrimonio de Dávalos, tanto el ministro del Interior como el vocero (s) dieron el miércoles un brusco giro en la estrategia: cerrar el capítulo desde el gobierno y dejar en manos del propio Dávalos su futuro.

Por Juan Andrés Quezada- David Muñoz

Un dato no pasó inadvertido a mediodía del lunes en La Moneda. Después de dos días de silencio, el gobierno estaba obligado a salir a enfrentar la polémica levantada por el reportaje de revista Qué Pasa que reveló el millonario crédito conseguido por Natalia Compagnon Soto, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, para un negocio inmobiliario. La vocería del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se realizaría en el Salón Azul y no en los patios de La Moneda, como lo había hecho en días anteriores en su calidad de vocero (s). Hasta ahora, dicho espacio, acondicionado especialmente para conferencias de prensa, sólo había sido destinado para grandes anuncios del gobierno o vocerías especiales, como las que habitualmente realiza el canciller Heraldo Muñoz para enfrentar, por ejemplo, la demanda de Bolivia ante La Haya.

Para muchos en Palacio, con esta puesta en escena, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo -quien ha asumido la conducción del gobierno durante las vacaciones de la presidenta Bachelet en Caburgua-, buscaba darle relevancia al tema que, a esa altura, crecía como una imparable bola de nieve.

En su edición del viernes 6, Qué Pasa reveló los pormenores de una operación que culminó con la aprobación de un préstamo por más de US$ 10 millones por parte del Banco de Chile a favor de Exportadora y de Gestión Caval Limitada, empresa que es propiedad en un 50% de la esposa de Sebastián Dávalos, hijo mayor de la mandataria y jefe de la Dirección Sociocultural de La Moneda.

El crédito, que equivale a unos $6.500 millones, sería utilizado en la compra y posterior venta de tres terrenos en la comuna de Machalí (los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia), a la espera de que con la modificación del plano regulador, trámite que se mantenía aún en discusión, el cambio de uso de suelo terminara beneficiando la operación. Durante el mismo fin de semana, el propio Banco de Chile confirmó, a través de un comunicado, la operación entregando mayores luces sobre la gestión del instrumento: si bien el viernes en la noche Qué Pasa había informado en su sitio web que Compagnon se había reunido con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, para gestionar su crédito, el domingo el Banco de Chile informó que a la cita había asistido también el propio Sebastián Dávalos, a la fecha gerente de Proyectos de Caval.

Con esa información sobre la mesa, La Moneda se limitó a recabar los antecedentes del caso, y optó por mantenerse en silencio, una estrategia propuesta por el director (s) de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Carlos Correa, quien es experto en crisis, al igual que su padre, el ex ministro Enrique Correa.

PEÑAILILLO RAYA LA CANCHA

El día lunes, a primera hora, se filtró a la prensa que se estaba realizando una reunión de emergencia entre Peñailillo, Correa, Gómez y la máxima funcionaria de la oficina de Dávalos, Érika Silva, su jefa de gabinete. En ese encuentro se llegó a la conclusión que había que salir a enfrentar la crisis. La primera bajada comunicacional fue asegurar que se trataba de un tema absolutamente exento de ilegalidades, y que involucraba relaciones entre privados: la sociedad Caval y el Banco de Chile, y rechazar las acusaciones de la oposición de que se estaba frente a un caso de “tráfico de influencias”.

Otro tema que el gobierno intentó despejar fue la fecha de aprobación del crédito: en el gobierno enfatizaron que no fue el 16 de diciembre de 2013, es decir, un día después de la segunda vuelta que selló el regreso de Bachelet a La Moneda (Qué Pasa, con respaldo de documentos bancarios, publicó que en esa fecha se informó del crédito a Caval). Desde el gobierno recalcaron que el comité de créditos del banco tomó la decisión el día 13. El manejo al detalle por parte de La Moneda de la información bancaria que, se supone, es reservada, hizo presumir que el gobierno recibió directamente información de Caval.

Junto con eso se tomó la decisión de que Dávalos debía publicar su declaración de intereses y patrimonio, pese a que no está obligado por ley, pues su cargo no está sujeto a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública.

A diferencia de otras crisis vividas durante el primer gobierno y en lo que va de este segundo mandato de Bachelet, Peñailillo se enfrentaba a un conflicto que involucraba al hijo de la presidenta, con quien mantiene una fría y distante relación. Pese a ello, fuentes de La Moneda señalan que, a través de terceros, el ministro del Interior pidió a Dávalos que interrumpiera sus vacaciones en el Sur y enfrentara los cuestionamientos, pues éstos le estaban haciendo un serio daño a la imagen de Bachelet y al gobierno. Una versión de Dávalos, como de Compagnon, ayudaría a descomprimir la presión pública sobre el gobierno.

Hasta el cierre de esta edición, el titular de Interior sólo había conseguido la publicación de una declaración de intereses y patrimonio que Dávalos preparó desde su lugar de descanso y envió pasada la medianoche del martes. Como correspondía hacerlo, el documento fue subido a la página web de su organismo, la Dirección Sociocultural.

EL IMPACTO INTERNACIONAL

Pese a los intentos de La Moneda por reducir el impacto mediático del caso Dávalos, la revelación de la millonaria operación de la familia Dávalos Compagnon trajo consigo costos impensados para el gobierno.

La noticia no sólo circuló en la opinión pública chilena, sino que rebotó hacia medios internacionales de gran cobertura. Hasta el momento, los titulares que mencionan el caso Dávalos en el extranjero, más allá de profundizar en los detalles de la operación financiera, ahondan en los efectos de la polémica: lo consideran un fuerte golpe para la mandataria y su gobierno.

El miércoles The New York Times publicó una nota de la agencia AP, que tituló: “Polémica por el préstamo a la familia de Bachelet en Chile”, donde se afirma que “la controversia podría dañar la imagen de Bachelet desde que hizo campaña para luchar contra las desigualdades”. Justamente este es uno de los aspectos que más preocupan en el gobierno.

Un día antes, el diario español El Mundo profundizó en el daño que ha provocado el conflicto a la figura de la presidenta, refiriéndose a la noticia como “el escándalo financiero que salpicó a Bachelet”, y destacó las medidas de emergencia que debió adoptar La Moneda para “tratar de atenuar las consecuencias políticas del caso para la imagen de Bachelet”.

Otros títulos calificaron el hecho como una “amenaza” para la mandataria, como lo hizo el lunes La Nación de Argentina. El portal español El Periódico.com señala que la presidenta está siendo “acosada por un posible caso de tráfico de influencias”, y que los logros obtenidos en su mandato podrían verse opacados.

Por otra parte, la agencia EFE destacó que desde La Moneda se desligó a Bachelet de cualquier responsabilidad, y reiteró la promesa que sostuvo el ministro Peñailillo de actuar con “total transparencia”. El sitio en español de la BBC, por su parte, anunció en su título: “Polémica por acusación de tráfico de influencias contra hijo de Bachelet”. En la nota resumen el caso y la reacción de las autoridades de gobierno,aludiendo incluso al caso Penta y levantando paralelos.

El matrimonio Dávalos Compagnon junto a la presidenta Bachelet en una actividad de las fundaciones que dirige su hijo.

VACACIONES INTERRUMPIDAS

Tras un exitoso cierre del año, en el que Bachelet había logrado unir a la Nueva Mayoría en torno a la aprobación de gran parte de sus reformas emblemáticas, como la tributaria, el cambio al sistema binominal y la primera parte de la reforma educacional, entre otros logros legislativos, la polémica activada por los negocios de la familia Dávalos Compagnon cayó como un balde de agua fría en el bloque oficialista. Entre los pocos dirigentes que se encontraban en Santiago y entre los funcionarios que permanecían en febrero activos en el gobierno, la opinión era unánime: pese a no existir evidencias de ilegalidades, desvirtuar la tesis del tráfico de influencias no era una tarea fácil. Por lo mismo, creció una presión interna en el bloque por conseguir una explicación del principal aludido: el hijo de la presidenta.

“Dávalos no ha sopesado el daño político que le hace a Bachelet y hay un deber de cuidar a la presidenta, cuya probidad nunca ha estado en discusión, y que se ve enfrentada a este verano ingrato”, dijo el miércoles el senador Alejandro Guillier a radio ADN.

Paralelamente, la crisis se convertía en una oportunidad para que la Alianza pasara a la ofensiva e intentara dejar en un segundo plano, al menos por algunas semanas, el caso Penta. Tras algunas coordinaciones rápidas entre RN y la UDI, los diputados Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards activaron una arremetida que incluye la solicitud de intervención de la Contraloría, e incluso del Ministerio Público. A esta última entidad pretenden solicitar que su máxima autoridad, es decir, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, inicie una investigación para descartar eventuales ilícitos.

Con todo, tras la publicación de la declaración de intereses y patrimonio de Sebastián Dávalos (ver página 26), tanto el ministro del Interior como el vocero (s) dieron el miércoles un brusco giro en la estrategia para enfrentar la compleja situación familiar de la presidenta: cerrar el capítulo desde el gobierno y dejar en manos del propio Dávalos su futuro.

“Desde el gobierno lo que corresponde es transparencia total. Ese es el principio del gobierno y ya los detalles familiares, personales, entenderá usted que no es tarea del gobierno ni del ministro del Interior. En su momento él aclarará todos esos puntos con ustedes”, dijo el miércoles Peñailillo. “Para nosotros el tema no es grato, en absoluto, pero sin duda es una situación que tendrá que resolverse por él, en el momento que lo crea oportuno”, agregó ese mismo día Gómez, marcando una fuerte diferencia con sus declaraciones del lunes.

Cercanos al jefe de gabinete explican que no es mucho más lo que, al menos formalmente, pueden exigirle a Dávalos desde el gobierno: su cargo formal no existe (tampoco tiene remuneración) y, por lo tanto, no está subordinado a nadie más que a su propia madre, la presidenta.

El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, fue más allá y criticó la declaración de patrimonio de Dávalos: “Parece que falta el número de la cuenta corriente y algunos datos respecto al capital de algunas sociedades, y creo que es bueno que se pueda complementar y que la ciudadanía pueda juzgar”, dijo a radio Cooperativa.

Las revelaciones del negocio de la sociedad de Compagnon no hicieron más que confirmar un temor que muchos tenían en La Moneda desde que Bachelet nombrara a su hijo como director sociocultural: su complejo carácter y su afición por los negocios era un flanco abierto para la presidenta que en cualquier momento podía explotar y que, además, se convertiría en un problema inmanejable por parte de los asesores más cercanos a la mandataria. Desde antes que se conociera este caso, ya había habido algunas alertas sobre la autonomía total con que Dávalos se había desenvuelto durante el 2014, sin mantener grandes relaciones políticas, ni con ministros, ni dirigentes del bloque gobernante.

Al interior de la Nueva Mayoría se comenta que líderes históricos, como el ex presidente Ricardo Lagos, han expresado su indignación por los costos que podría traer aparejado este impasse en el tranco reformista del segundo gobierno de Bachelet.

El diagnóstico en el que varios dirigentes coinciden es que, comunicacionalmente al menos, el camino de salida de esta crisis pasa por la decisión de dos personas: Sebastián Dávalos y Michelle Bachelet.