JUAN ARIAS Río de Janeiro 2 OCT 2012 - 01:32 CET
El Tribunal Supremo de Brasil, el máximo órgano judicial del país, condenó por corrupción este lunes por la tarde a 12 políticos de cuatro partidos aliados del Gobierno en el proceso en curso conocido comomensalão en el que están siendo juzgados 38 presos acusados de siete crímenes, entre ellos de corrupción activa y pasiva, blanqueo de dinero y formación de cuadrilla.
Hasta ahora el Supremo lleva emitidas 22 condenas y cuatro absoluciones, estas últimas a reos secundarios por falta de pruebas. Las condenas de anoche se refieren a 12 políticos de los partidos PP; PR; PTB y PMDB, los cuatro socios en la actualidad del Ejecutivo.
Según los jueces del Supremo estos políticos entre los que figuran diputados y presidentes de partidos, entre ellos Roberto Jefferson, presidente del PTB y delator en 2005 del esquema de corrupción política objeto del proceso y que puso al entonces presidente Lula da Silva al borde de la pérdida de su mandato.
Estos 12 políticos han sido condenados por haberse dejado sobornar entonces con dinero, sacado de las arcas públicas, para apoyar la base del Gobierno Lula y vender sus votos a favor de los proyectos de ley presentados por el Gobierno, entre ellos la reforma de la Seguridad Social.
El decano del Supremo, Celso de Mello, que condenó a los 12 políticos por los tres crímenes imputados por la Fiscalía General, hizo una dura reflexión sobre las graves consecuencias de la corrupción por parte de los políticos que deberían ser los garantes de la ética democrática, a los que definió como “asaltantes del poder”. Afirmó que “nadie vive con dignidad en un Estado tomado por la corrupción”.
Mello llegó a poner en duda los proyectos aprobados entonces por diputados sobornados, recordando que, por ejemplo, las sentencias emitidas por un juez corrupto son inválidas. El presidente del Supremo, Ayres Britto, citando a Ulyses Guimarães, afirmó que “la corrupción política es la polilla de la democracia”.
Los próximos días la atención se centrará en el bloque de presos del Partido de los Trabajadores (PT), que cuando explotó el escándalo eran los responsables de la formación, que era y es el del Gobierno: José Dirceu, brazo derecho de Lula y dos veces presidentes del PT; el entonces dirigente, José Genuino y el tesorero, Delubio Suares.
Los tres están acusados de corrupción activa, es decir, de haber sido los corruptores de los políticos aliados y de formación de una cuadrilla organizada como proyecto de perpetuación del poder.
La posible condena de Dirceu es la más delicada porque, según los politólogos, de alguna forma salpicaría al mismo Lula que siempre confesó no haber conocido el esquema de corrupción que está procesando el Supremo.
Una absolución de Dirceu, que hasta el último momento continúa afirmando su inocencia, supondría la absolución indirecta de Lula quien insiste en que el proceso en curso en el Supremo es una forma de “golpe” para condenar el proyecto de gobierno popular llevado a cabo por él durante ocho años y que sacó a 30 millones de brasileños de la miseria llevándolos a la tierra prometida de la clase media.
El PT ha llamado a sus militantes y a las formaciones sociales a salir a la calle para “defender la tentativa de golpe contra Lula”.
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