La Asamblea de Nicaragua aprueba una reforma a la Constitución que garantiza la permanencia en el poder del mandatario
CARLOS SALINAS MALDONADO Managua 29 ENE 2014 - 01:33 CET
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó este martes en su totalidad una reforma a la Constitución que garantiza al presidente Daniel Ortega la reelección indefinida, lo que ha despertado preocupación por la democracia en este país centroamericano. En una carta pública firmada por cinco excancilleres nicaragüenses, estos afirmaron que la reforma viola acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua, relacionados al respeto a la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la alternabilidad en el poder. La reforma "debilita aún más la institucionalidad democrática de Nicaragua", alertaron.
El cambio a la Constitución fue aprobado con 64 votos a favor y rechazado por 25 diputados que representan a la oposición en el Parlamento. La del martes fue la segunda discusión legislativa de la reforma, dado que la ley nicaragüense establece dos legislaturas para reformar la Constitución; la primera discusión se realizó el pasado diciembre. Sectores críticos al Gobierno de Ortega señalan que la reforma entrega más poderes al mandatario, que ya controla el Parlamento, el Poder Judicial y el Poder Electoral, cuyo presidente, Roberto Rivas, ha sido señalado de fraguar cuatro fraudes electorales para favorecer al FSLN. Ahora Ortega podrá, además, emitir decretos con fuerza de ley, usurpando una de las funciones del legislativo.
Ortega logró la reelección en noviembre de 2011, después de participar en la elección de ese año violando la Constitución, que establecía que no podía ser presidente quien ocupara el cargo o lo haya sido en dos ocasiones, dos candados que chocaban con las ambiciones del mandatario sandinista, que aprovechó su influencia en la Corte Suprema para exigir a los magistrados que emitieran un fallo para levantar esa prohibición. El fallo establecía que los candados constitucionales eran inconstitucionales para Ortega. Los comicios los ganó, según el Tribunal Electoral, con el 66% de los votos, en una elección que los observadores de la Unión Europea calificaron como “opaca”. Con los cambios en la Constitución, además se elimina el mínimo de votos necesarios para ser nombrado Presidente, lo que favorece al mandatario sandinista, que según las encuestas cuenta con un 65% de apoyo a su gestión.
Cinco excancilleres de Nicaragua han declarado su preocupación por "el estado de la democracia" en el país
Horas antes de la votación en la Asamblea Nacional, cinco excancilleres nicaragüenses publicaron una carta en la que pedían a los diputados que no aprobaran los cambios constitucionales, dados que estos violan acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Los exministros de Exteriores Harry Bodán Shields, Enrique Dreyfus Morales, Emilio Alvarez Montalván, Eduardo Montealegre Rivas y Norman Caldera Cardenal afirmaron en su misiva que “el ejercicio del poder sin garantías de alternabilidad y sin cláusulas que certifiquen elecciones libres, transparentes y verificables que impidan la perpetuación sin límites de una persona en el ejercicio de la Presidencia de la República, tal como lo establecen los cambios constitucionales en proceso de aprobación, violenta prima facie compromisos democráticos asumidos por Nicaragua”.
Además, recordaron que este país es miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en cuyo estatutos se recogen los compromisos democráticos suscritos a finales de los ochenta del siglo pasado por los mandatarios de la región en los Acuerdos de Esquipulas II —entre cuyos firmantes estaba el entonces presidente Ortega—, “particularmente el compromiso de realizar procesos electorales en condiciones de libertad, transparencia y respeto a la voluntad popular, con mecanismos de control y supervisión independientes, que permitan constatar esa libre expresión de la voluntad soberana del pueblo”.
Los diputados sandinistas justificaron los cambios constitucionales, que para la oposición son un golpe de Estado a la Constitución. “Yo siempre he dicho que estas reformas vienen a avanzar en la profundización democrática de Nicaragua, en la lógica que el Frente Sandinista ha hecho, ha luchado y ha derramado sangre”, dijo Edwin Castro, diputado por el FSLN. Castro hacía referencia a la larga lucha encabezada por el Frente para derrocar la dictadura somocista que se había perpetuado en el poder en Nicaragua por más de cuarenta años, en una dinastía familiar que muchos en este país comparan ahora con la del presidente Ortega, de 68 años, cuya esposa, Rosario Murillo, es jefa de hecho del Gabinete de Gobierno, y sus hijos, directores de medios de comunicación y empresas privadas formadas con fondos de la ingente cooperación de Venezuela, según ha denunciado la prensa nicaragüense. Esa cooperación asciende a más de 500 millones de dólares anuales. “No necesitamos un Ortega forever”, dijo el diputado opositor Alberto Lacayo durante la votación de los cambios constitucionales.
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