El portavoz asegura que Mas no convocará el referéndum si está impugnado por el Tribunal Constitucional
Margallo avisa de que una Cataluña independiente sería un 25 o 30% más pobre
MAIOL ROGER Barcelona 23 ENE 2014 - 10:13 CET
La Generalitat insiste en su voluntad de dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy y, en paralelo, se prepara para convocar la consulta soberanista sin el permiso del Estado. El portavoz del Gobierno catalán y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha pedido esta mañana a Rajoy que plantee una pregunta para la consulta para empezar a negociar su convocatoria. La Generalitat estaría dispuesta a modificar la formulación pactada por los cuatro partidos que defienden la votación (una doble pregunta: ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?) para lograr un acuerdo con el Estado. “Que se formule una alternativa a esa pregunta, y se va a negociar. Los escoceses inicialmente formularon una pregunta distinta a la que finalmente se ha formulado”, ha dicho Homs en una entrevista en la cadena SER. La Generalitat toma el referéndum de Escocia, previsto para el 18 de septiembre y pactado como el Reino Unido, como ejemplo.
Margallo avisa de que una Cataluña independiente sería un 25 o 30% más pobre
EP
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido este jueves de que una Cataluña independiente sufriría un "empobrecimiento inmediato de entre el 25 y el 30 por ciento en el nivel de vida de los catalanes", en parte por la necesidad de tener que pagar aranceles para su comercio exterior.
En una entrevista en Onda Cero, el ministro ha advertido además de que tendría un "problema de financiación de la deuda", porque se encontraría con 50.000 millones de euros de deuda sin acceso al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Así, ha defendido que Cataluña quedaría no sólo fuera de la UE sino también del orden internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial, en un "limbo jurídico".
"Dudo que hubiese muchos países fuera de la UE que reconociesen un Estado que nace de una declaración de independencia", ha dicho el ministro, tras asegurar que sus palabras no eran una amenaza sino que pretendía explicar qué sucedería en caso de independencia de Cataluña. "Los estudios económicos son muy claros", ha argumentado el ministro de Asuntos Exteriores.
El Congreso ya está tramitando la vía que el Gobierno catalán quiere usar para convocar la consulta de forma legal: pedir la cesión de la competencia para convocar el referéndum a través del artículo 150.2 de la Constitución. La petición, formulada en el Parlamento catalán la semana pasada, nace con el anunciado rechazo de PP y PSOE. Pero la negativa mayoritaria del Congreso no inquieta a la Generalitat. Homs ha asegurado que el Gobierno catalán puede convocar la consulta con las competencias que le confiere el Estatuto autonómico.” Tenemos la posibilidad que prevé una ley española como el Estatuto de Autonomía catalán, de que la Generalitat convoque una consulta por ella misma. Lo haríamos en el seno del Parlament”. La cámara catalana ya está preparando la ley de consultas, que los partidos nacionalistas quieren usar como amparo legal.
Pese a que la fecha (el 9 de noviembre) y las preguntas de la votación ya se han fijado, el Gobierno catalán espera a firmar el decreto de convocatoria de la consulta a septiembre: el objetivo es retrasar al máximo una posible impugnación de la votación en el Constitucional, acción que el Gobierno ya ha explicado que usará cuando se formalice el referéndum. Homs ha aseverado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no firmará el decreto de convocatoria de la consulta si hay impugnación previa del Tribunal Constitucional . “Si está recurrido y está suspendido, sería ilegal firmar ese decreto de convocatoria”, ha apuntado el consejero, quien ha insistido en varias ocasiones que la Generalitat desistirá de convocar el referéndum si es ilegal.
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El argumento que baraja la Generalitat para que la consulta pueda producirse es plantearla solo como una mera recogida de opinión, sin efectos jurídicos. Según Homs, la Generalitat no proclamaría la independencia en caso de una hipotética victoria de la secesión, sino que buscaría el diálogo con el Gobierno: “No generaría de por sí una nueva situación jurídica, sino la apertura de la negociación con las instituciones del Estado”. Esta fórmula acercaría la consulta a la legalidad, según el consejero catalán. “Si no se genera una situación jurídica nueva, simplemente es para conocer la voluntad. ¿Nos van a prohibir hacer encuestas?, se ha preguntado Homs.
La entrevista al consejero catalán entra dentro del plan de la Generalitat para explicar los motivos de la consulta en el resto de España, en la lucha con el Gobierno central para ganar la opinión pública catalana y española. Homs ha aludido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto para justificar la consulta. Pese a que en varias ocasiones los dirigentes de CiU han confesado que si la votación no se realiza se convocarán unas elecciones plebiscitarias, el consejero ha evitado citar esta opción: “Ya lo veremos, depende de cómo se planteen las cosas”, ha dudado Homs, que ni siquiera ha citado la palabra ‘independencia’, incluida en la consulta: “Estado propio es Estado propio”.
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