LA VIOLENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
El Gobierno pacta con las autodefensas las bases para un proceso de legalización
El Ejecutivo de Peña Nieto y el de Michoacán firman un documento que contempla la incorporación de las guardias comunitarias a los cuerpos de defensa rurales
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PAULA CHOUZA México 28 ENE 2014 - 04:25 CET
Representantes de las autodefensas de Michoacán, al suroeste de México, y de los gobiernos federal y estatal han firmado en la tarde del lunes un acuerdo que permitirá la incorporación de los grupos de civiles armados a la "vida institucional". El documento, sellado tan solo dos semanas después de que el Ejecutivo de Peña Nieto y el Gobierno de Michoacán acordaran una intervención de las fuerzas de seguridad en la entidad para frenar la escalada de violencia, se presenta el mismo día en que la Secretaría de Gobernación anuncia la captura de uno de los principales líderes de cártel de Los Caballeros Templarios, Dionisio Loya Plancarte, conocido como El Tío. El documento, que contempla la integración de los civiles a los cuerpos de defensa rurales, supone un punto de inflexión en la batalla librada durante los últimos once meses en una entidad azotada por la violencia del narcotráfico.
El 24 de febrero de 2013, vecinos de varios municipios de la región económica de Tierra Caliente, una zona pobre dedicada fundamentalmente al cultivo del limón, decidieron levantarse en armas contra los abusos de los Templarios, una escisión de la Familia Michoacana que domina la zona desde 2011. Tras años de extorsiones, secuestros y asesinatos, en junio pasado, José Manuel Mireles, uno de los portavoces del movimiento de autodefensas, denunció en los medios que la situación estalló cuando el crimen organizado empezó a llevarse a sus mujeres. Después de echar a los Templarios y a los presidentes municipales de las poblaciones organizadas, en el último trimestre del año, las guardias comunitarias habían tratado de avanzar hacia territorios bajo el dominio del narco. La toma de varios municipios provocó el rechazo de las autoridades, que aseguraron ya en noviembre que no permitirían que las autodefensas siguieran tomando la justicia por su mano.
"El acuerdo es un primer paso, pero resulta decisivo para el cumplimiento de la estrategia en favor de la seguridad y el desarrollo de Michoacán; ya que permitirá devolver progresivamente la normalidad a la entidad", ha asegurado este lunes en un comunicado Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, un cargo creado hace apenas 15 días con la misión expresa de negociar la paz en el Estado.
El documento, sin embargo, no incorpora a los grupos de autodefensas de todos los municipios levantados en armas. Tepalcatepec, uno de las primeras comunidades organizadas, no firma el primer acuerdo remitido a los medios por la Secretaría de Gobernación. "Se están incorporando municipios a la firma", ha informado el departamento de comunicación. El doctor Mireles, líder de las autodefensas en esta localidad, sufrió un accidente de avioneta el 4 de enero y ha estado ausente en las últimas semanas.
El texto enviado por el Gobierno contempla ocho puntos para hacer efectiva la legalización de las guardias comunitarias:
1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.
2. Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.
3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.
4. Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.
5. Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.
6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.
7. Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.
8. En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.
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