El tribunal considera que el Gobierno ruso expropió los activos de los demandantes en la petrolera
PERFIL | El hombre que desafió a Putin
ISABEL FERRER La Haya 28 JUL 2014 - 12:50 CEST
La expropiación de Yukos, la petrolera rusa propiedad de Mijail Khodorkovsky declarada en quiebra por la justicia de su país en 2006, fue ilegal. Por ello, sus antiguos accionistas deben ser indemnizados con 50.000 millones de dólares (37,2 millones de euros). La suma es una de las indemnizaciones más abultadas hasta la fecha en contra de un Estado soberano, y ha sido fijada este lunes por la Corte Permanente de Arbitraje. Con sede en La Haya, se trata de un organismo internacional creado en 1899 para resolver diferencias comerciales, o bien de inversión extranjera, entre Estados y particulares. El fallo beneficiará a un grupo reducido de accionistas minoritarios, pero facilita la presentación de nuevos casos de arbitraje contra Rusia por parte de otros 55.000 afectados. Yukos fue la mayor compañía privada surgida tras la caída de la desaparición de la Unión Soviética.
En esencia, la Corte señala que el hundimiento de Yukos fue provocado y otorga la compensación a los cinco antiguos accionistas que han interpuesto la demanda a través de las subsidiarias del grupo Menatep. Domiciliado en Gibraltar, esta es la firma a través de la cual Khodorkovsky controlaba Yukos. Él pasó de ser el hombre más rico de Rusia y a despachar con el presidente Putin, a ser arrestado en 2003 y condenado en 2005 por evasión de impuestos. En una cadena de decisiones atribuidas a órdenes directas del Kremlin, Yukos fue desmantelada y nacionalizada. Valorada en 40.000 millones de dólares, la mayoría de las acciones acabaron en manos de otra firma rusa, Rosneft. La dirige Igor Sechin, considerado un amigo personal del presidente Putin. Antes de caer en desgracia, Khodorkovsky dividió Yukos en dos partes, una con sede en Rusia y la otra en Ámsterdam. La holandesa valorada en mil millones de euros.
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El fallo de la Corte de Arbitraje ha tardado una década en ser adoptado y no solo supone un varapalo legal para Moscú. Rusia es señalada en estos momentos por la comunidad internacional por su presunta participación en el derrribo del vuelo MH17 de las líneas aéreas malasias. El aparato cayó sobre Ucrania el pasado 17 de julio causando 298 muertos, pero las luchas entre separatistas pro rusos y fuerzas ucranias entorpecen la recuperación de los cadáveres todavía esparcidos en el campo. La investigación sobre lo ocurrido tampoco progresa porque los forenses y peritos internacionales no pueden acceder libremente al lugar del siniestro.
Nada más conocer la decision de los árbitros internacionales, Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores, anunció su intención de apelar. “Defenderemos nuestra posición por todos los medios legales a nuestro alcance”, ha asegurado. Al fallo de La Haya seguirá otro en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Previsto para el próximo jueves, esta demanda sí fue presentada por todos los accionistas de Yukos. Alegan “haber sido despojados ilegalmente” de sus propiedades, y “la imposición de tasas abusivas que derivaron en el fraude de la venta de la compañía”. Ambas demandas son independientes, aunque hayan coincidido los tiempos de su resolución.
“Un ladrón tiene que ir a la cárcel”, dijo el presidente Putin, cuando Mijail Khodorkovsky fue encerrado. Después de pasar una década en prisión, el propio mandatario ruso le indultó el pasado diciembre. Ahora reside en Suiza. El antiguo magnate se hizo con Yukos en 1995 aprovechando la ola de privatizaciones producida tras la caída del comunismo. La transformó en la mayor petrolera del país y la dirigió como una firma capitalista. Cuando vio que su suerte estaba echada, Khodorkovsky cedió el control del grupo Menatep a su socio, Leonid Nevlin. Con un 70% de las acciones en su poder, éste huyó a Israel para evitar su detención. Él, y otros cuatro asociados recibirán los 50.000 millones de dólares a pagar por Moscú a partir del próximo año. De otro modo, se acumularán los intereses.
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