La organización islamista les acusa de proporcionar información a Israel
CARMEN RENGEL Jerusalén 22 AGO 2014 - 13:09 CEST
Hamás ha matado ea 18 palestinos a los que acusaba de colaborar con Israel. Lo ha confirmado la agencia de noticias Al Ray, vinculada a la organización islamista, y la propia televisión del grupo, que añade que todos los muertos eran varones, fueron asesinados en una comisaría de Gaza capital y previamente habían sido “condenados por los tribunales”. La agencia Maan añade que varios de los cuerpos fueron localizados en la calle, cerca de la Universidad de Al Azhar, mientras que otros fueron trasladados al hospital Al Shifa.
Ya el jueves Hamás mató a tres supuestos colaboracionistas más, parte de un grupo de siete detenidos cuando estaban “localizando información para el enemigo”, indica la radio de los islamistas. Otro hombre fue tiroteado en Rafah, el 13 de julio pasado, por el mismo motivo, y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) denuncia que hay un grupo de mujeres arrestadas, de las que se desconoce su estado, sospechosas de señalar a Israel resultados de sus ataques aéreos.
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Estas ejecuciones coinciden con la nueva ofensiva israelí contra los comandantes de Hamás, que ayer descabezó a la cúpula de su brazo armado -las Brigadas Ezzedin Al Qassam- del sur de Gaza. Un día antes, Israel trató de matar al máximo comandante de esta rama, Mohamed Deif, un ataque en el que perecieron su esposa y dos de sus hijos, así como tres vecinos. Esta madrugada, el que fuera primer ministro gazatí hasta que se pactó el Gobierno palestino de unidad en junio, Ismael Haniyeh, ha insistido en que el comandante está vivo y en que la persecución de Israel los “fortalece”. “Seguimos nuestro camino sin vacilar ni dar un paso atrás”, señaló.
En los territorios palestinos aún las leyes permiten la pena de muerte en los casos de colaboracionismo. Sin embargo, hace años que no se aplica en Cisjordania. Hamás sí la mantiene viva en Gaza, pese a que se supone que una condena así debe ser ratificada por el presidente Mahmud Abbas, algo que nunca sucede. El PCHR recuerda que Naciones Unidas ha denunciado constantemente el “oscurantismo” de los procesos judiciales por los que se imponen estas penas. “Los informadores son criminales de guerra y merecen penas de prisión. Juicios justos pueden salvar vidas inocentes”, remarca esta ONG.
El viernes deja ya al menos cuatro muertos palestinos en un ataque en el centro de la Franja. Son 38 los fallecidos desde que el lunes acabó la última tregua. La noche fue relativamente tranquila. Israel, según su Ejército, atacó una veintena de objetivos y los cohetes casi cesaron. Por la mañana, los proyectiles han vuelto sobre suelo israelí, en un número aún no precisado. Dejan dos civiles heridos, uno moderado y otro leve, en Beer Sheva y Sderot.
En el plano diplomático, el presidente palestino Mahmud Abbas viajó ayer a Qatar para reunirse con el líder político de Hamás, Khaled Meshaal, y hoy se espera que llegue a El Cairo y se entreviste con el presidente Abdelfatah al Sisi; su gobierno media entre ellos e Israel. Francia, Alemania y Reino Unido, avalados por Estados Unidos, están promoviendo una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego “inmediato y sostenible”, que incluye un llamamiento para el fin del bloqueo en Gaza, informa AFP.
Ya el jueves Hamás mató a tres supuestos colaboracionistas más, parte de un grupo de siete detenidos cuando estaban “localizando información para el enemigo”, indica la radio de los islamistas. Otro hombre fue tiroteado en Rafah, el 13 de julio pasado, por el mismo motivo, y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) denuncia que hay un grupo de mujeres arrestadas, de las que se desconoce su estado, sospechosas de señalar a Israel resultados de sus ataques aéreos.
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En los territorios palestinos aún las leyes permiten la pena de muerte en los casos de colaboracionismo. Sin embargo, hace años que no se aplica en Cisjordania. Hamás sí la mantiene viva en Gaza, pese a que se supone que una condena así debe ser ratificada por el presidente Mahmud Abbas, algo que nunca sucede. El PCHR recuerda que Naciones Unidas ha denunciado constantemente el “oscurantismo” de los procesos judiciales por los que se imponen estas penas. “Los informadores son criminales de guerra y merecen penas de prisión. Juicios justos pueden salvar vidas inocentes”, remarca esta ONG.
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