Víctor Rosas Vergara, Abogado
Estimados compañeros:
Les adjunto el texto de la sentencia de segunda instancia en la causa "Miranda y Otros con Fisco de Chile", dictada por la 11a. Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El nuevo monto fijado, de sólo $3.000.000 de indemnización por cada ex prisionero político, es realmente insensato, por decir lo menos. Estimo que así se infringe el derecho internacional humanitario, especialmente el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y deberé fundar en ello el recurso de casación en el fondo.
Por supuesto es decepcionante como se reduce el monto de la indemnización a una suma ínfima que de modo alguno podría estimarse sea "justa y adecuada", para casos de víctimas que sufrieron prisión política y tortura.
Se confirma en lo demás la sentencia de primera instancia. Es decir, mantiene la exclusión de los familiares directos que demandaron daño moral por sus deudos, ex prisioneros políticos que se encontraban fallecidos al interponer la demanda civil. Será éste el otro motivo para fundar la nulidad del fallo y solicitar que se dicte sentencia de remplazo en que se otorgue una indemnización razonable o prudente que sea justa y adecuada, que beneficie también a todos los familiares que han demandado.
Tenemos plazo sólo hasta el lunes 29 de diciembre para presentar el recurso de casación en el fondo. Nos preocupa que la composición actual de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema ha estado constituida estos últimos años por cinco ministros que mayoritariamente están por aplicar la prescripción extintiva y rechazan las demandas civiles. En enero ya se conocerá la nueva constitución de esa Sala de la Suprema. Si continuare siendo desfavorable a las víctimas solicitaremos que la causa sea vista ante el PLENO de la Corte Suprema.
Esto nos confirma una vez más que estamos en lo cierto al insistir en que la solución definitiva, eficaz y eficiente debe darse por la vía legislativa. Hemos sostenido desde un comienzo que los tribunales y los jueces no son los más indicados para fijar los montos de indemnización si vemos como sus particulares o personales estimaciones y valores los hacen discrepar en la apreciación del daño moral y la dispar cuantificación monetaria del dolor o sufrimiento.
Comprendo que la noticia de esta sentencia ha de producir real indignación, decepción y molestia entre las víctimas ante la ínfima valoración del derecho a la libertad e integridad personal y las graves secuelas permanentes dejadas por la tortura.
Si para el Estado de Chile le resultare tan barato, casi gratis, pagar los crímenes de la dictadura... en forma alguna se estaría garantizando que hechos tan terribles no vuelvan a repetirse en la historia del país. Eso es grave!!!
Como comprenderéis, mi estado de ánimo no es de lo mejor ante este traspié de la Justicia que resuelve, calculadora en mano, cuidar más el erario nacional que de dar una satisfacción a quienes tanto han esperado y ahora sufren un nuevo trauma provocado por esta desatinada decisión de los ministros de la Corte de Santiago.
Para mayor desazón, la miserable suma de indemnización se acordó con el voto en contra del abogado integrante, Mery, quien optó por el total rechazo de la demanda, dando por prescrita la deuda del Estado.
La actuación del Consejo de Defensa del Estado es cada vez más indigna e inmoral, Por más autónomo que sea ese órgano, está desprestigiando al mismo Gobierno y poniendo en duda el real cumplimiento de su programa en Derechos Humanos. Se hace imprescindible que la Primera Mandataria interceda, puesto que no está en juego sólo su prestigio de gobernante sino que también se daña la imagen del país respecto al trato que se está dando a las víctimas. La autonomía del CDE debe tener límites y, de ser necesario, tendrá que modificarse en lo pertinente la Ley orgánica que regula el funcionamiento y composición del Consejo (para eso se tiene mayoría suficiente en el Congreso).
Fraternales saludos a todos.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP
Se confirma en lo demás la sentencia de primera instancia. Es decir, mantiene la exclusión de los familiares directos que demandaron daño moral por sus deudos, ex prisioneros políticos que se encontraban fallecidos al interponer la demanda civil. Será éste el otro motivo para fundar la nulidad del fallo y solicitar que se dicte sentencia de remplazo en que se otorgue una indemnización razonable o prudente que sea justa y adecuada, que beneficie también a todos los familiares que han demandado.
Tenemos plazo sólo hasta el lunes 29 de diciembre para presentar el recurso de casación en el fondo. Nos preocupa que la composición actual de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema ha estado constituida estos últimos años por cinco ministros que mayoritariamente están por aplicar la prescripción extintiva y rechazan las demandas civiles. En enero ya se conocerá la nueva constitución de esa Sala de la Suprema. Si continuare siendo desfavorable a las víctimas solicitaremos que la causa sea vista ante el PLENO de la Corte Suprema.
Esto nos confirma una vez más que estamos en lo cierto al insistir en que la solución definitiva, eficaz y eficiente debe darse por la vía legislativa. Hemos sostenido desde un comienzo que los tribunales y los jueces no son los más indicados para fijar los montos de indemnización si vemos como sus particulares o personales estimaciones y valores los hacen discrepar en la apreciación del daño moral y la dispar cuantificación monetaria del dolor o sufrimiento.
Comprendo que la noticia de esta sentencia ha de producir real indignación, decepción y molestia entre las víctimas ante la ínfima valoración del derecho a la libertad e integridad personal y las graves secuelas permanentes dejadas por la tortura.
Si para el Estado de Chile le resultare tan barato, casi gratis, pagar los crímenes de la dictadura... en forma alguna se estaría garantizando que hechos tan terribles no vuelvan a repetirse en la historia del país. Eso es grave!!!
Como comprenderéis, mi estado de ánimo no es de lo mejor ante este traspié de la Justicia que resuelve, calculadora en mano, cuidar más el erario nacional que de dar una satisfacción a quienes tanto han esperado y ahora sufren un nuevo trauma provocado por esta desatinada decisión de los ministros de la Corte de Santiago.
Para mayor desazón, la miserable suma de indemnización se acordó con el voto en contra del abogado integrante, Mery, quien optó por el total rechazo de la demanda, dando por prescrita la deuda del Estado.
La actuación del Consejo de Defensa del Estado es cada vez más indigna e inmoral, Por más autónomo que sea ese órgano, está desprestigiando al mismo Gobierno y poniendo en duda el real cumplimiento de su programa en Derechos Humanos. Se hace imprescindible que la Primera Mandataria interceda, puesto que no está en juego sólo su prestigio de gobernante sino que también se daña la imagen del país respecto al trato que se está dando a las víctimas. La autonomía del CDE debe tener límites y, de ser necesario, tendrá que modificarse en lo pertinente la Ley orgánica que regula el funcionamiento y composición del Consejo (para eso se tiene mayoría suficiente en el Congreso).
Fraternales saludos a todos.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP
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