El Gobierno mexicano instala un mando militar en una de las regiones más afectadas por el crimen organizado
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El hombre de confianza en Michoacán del presidente Enrique Peña Nieto se va de la región. El mandatario ha puesto fin a las tareas del comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, a un año de designarlo como responsable de apaciguar la violencia y el crimen en este Estado del suroeste del país. El anuncio lo ha hecho el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, argumentando que el presidente tomó la decisión para contrarrestar las críticas sobre la influencia de Castillo en las elecciones que se celebrarán este año en la región. "Ha habido voces de distintos partidos políticos, candidatos, aspirantes que de cara al proceso electoral han buscado politizar su permanencia y opacar los resultados", ha asegurado.
El Gobierno mexicano ahora encargará la seguridad de la región a un militar, el general Felipe Gurrola Ramírez, que actuará como mando especial de seguridad para Michoacán. Osorio Chong ha explicado que Gurrola coordinará a 6.000 policías federales que en 2014 fueron desplegados en el territorio. Durante el último año, la Administración de Peña Nieto se encargó de tomar el control —rebasando a las autoridades estatales y locales — y designó un presupuesto de 3.400 millones de dólares para pacificar la región.
Castillo llegó a Michoacán en enero de 2014 cuando los miembros del cartel de los Caballeros Templarios y las autodefensas mexicanas (grupos de civiles armados) protagonizaban violentos enfrentamientos. Entonces emprendió un plan para evitar que más ciudadanos se unieran a las autodefensas, a través del desarme, y logró en unos meses la captura de 32 miembros del crimen organizado. Sin embargo, quedó como superviviente Servando Gómez, conocido como La Tuta, el cabecilla de los Templarios que continúa fugado. “Existe pero ya no da la cara, existe pero ya no incide en la vida pública”, ha reconocido Castillo este jueves tras el anuncio de su retiro.
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La antesala del cierre de la labor del comisionado para la seguridad en Michoacán ha sido la comparecencia de Castillo en el Congreso mexicano, el pasado 15 de enero. Entonces el funcionario aseguró: “El peor momento de la crisis ya pasó”. Castillo ha hecho un balance sobre la intervención del Estado cuyo “control territorial era practicamente nulo para las autoridades”. En el último año, la comisión se encargó de capturar a 225 funcionarios que estaban coludidos con los Templarios, entre ellos el exgobernador interino, Jesús Reyna, y Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fasuto Vallejo, quien gobernaba el Estado cuando Castillo fue designado comisionado.
A pesar de la intervención del Gobierno federal en Michoacán, la violencia no se ha apagado del todo en la región. La cifra de homicidios en 2014 ha superado las de los tres años anteriores: en 2013 hubo 916 asesinatos y en los primeros nueves meses de 2014 murieron 981. Los principales líderes de las autodefensas, José Manuel Mireles e Hipólito Mora, permanecen en prisión acusados, respectivamente, de posesión ilegal de armas y homicidio. Castillo ha insistido tanto en el Congreso como en el anuncio de su retirada que aunque los Caballeros Templarios están debilitados, aún no se ha conseguido la recuperación total de la seguridad en un Estado que ha sufrido 12 años de abandono.
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