“Si te van a fijar los aranceles, los cupos, las carreras y el gobierno universitario, pasas a ser una universidad pública, y nosotros no queremos serlo. Nacimos con vocación privada. Tenemos un proyecto y no vamos a entregárselo al Estado”, dice Andrés Benítez, rector de la UAI.
Por Javier Rodríguez - Juan Pablo Sallaberry
-¿Dijo 60% o 70%?
La pregunta fue del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi. A su lado, sentado en el salón de honor del Congreso Nacional, Ignacio Sánchez, rector de la UC, también tenía dudas.
-¿Seguro que mencionó al CRUCh?
Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, a su izquierda asentía, mientras Zolezzi revisaba su celular para confirmar la información. Los tres estaban sorprendidos. No se esperaban un anuncio en educación recién comenzado el discurso del 21 de mayo. Si bien venían expectantes por lo que podía decir la presidenta, ante el contexto político revuelto, se sorprendieron con la revelación del misterio sobre cómo se implementaría una de las principales promesas de la campaña de Michelle Bachelet: la gratuidad en la educación superior.
Fuera de Santiago, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, no estaba viendo la televisión. Pero de inmediato los mensajes de Twitter y las llamadas de gente de su universidad lo alertaron de la noticia de que su plantel, junto a los otros 34 privados, quedaba fuera del beneficio de gratuidad para el 2016 el que, en una primera etapa, sólo cubriría al 60% de los alumnos más vulnerables de las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCh) y de los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.
“En nuestra primera reunión con el ministro Nicolás Eyzaguirre, en marzo de 2014, le pregunté si consideraba que algunas universidades podían quedar fuera de la gratuidad, y él me dijo que sería una locura. Y la locura ahora la anunció él”, dice Benítez, representante de una universidad con una de las mayores cantidades de matrículas en sectores de altos ingresos (el 82,3% de sus alumnos proviene de colegios privados). El sacerdote jesuita Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, con un 81,8% de alumnos provenientes de colegios públicos y particulares subvencionados también estaba indignado con la exclusión. Acusó al CRUCh de asemejarse a un “cartel con enorme poder de lobby”.
En medio de los aplausos en el Congreso, la presidenta aún no calculaba la batalla campal que sus palabras acababan de desatar. No sólo por las críticas y reparos de las autoridades de los planteles, sino también por el rechazo de los estudiantes, los mismos que en 2011 pusieron el tema de la gratuidad en la agenda pública.
De pronto, lo que prometía ser el anuncio estrella del mensaje presidencial para descomprimir las presiones y dar un impulso al nuevo gabinete, terminó convirtiéndose en un arma de doble filo. Sumado a las últimas movilizaciones y los casos de faltas a la probidad, la escena concluyó esta semana con la menor aprobación histórica de Bachelet (26% Cadem, 29% Adimark) y con la más alta desaprobación a la reforma educacional (61% Cadem, 48% Adimark).
Según el desglose de la encuesta Cadem, la opinión pública dio un vuelco. Los jóvenes, en el segmento de 18 a 34 años, que eran en abril de 2014 el principal soporte de la reforma, con un 67% de apoyo, hoy se convierten en sus principales críticos, con sólo un 24% de respaldo. También caen abruptamente los estratos socioeconómicos medios -de un 63% a 25 % de apoyo- y los bajos, de 60% a 33%. ¿La razón de la caída? Un 73% de los consultados considera que la gratuidad debe ser para todas las universidades, tradicionales y privadas. Y sólo un 24% cree que debería ser sólo para los alumnos del CRUCh.
El ministerio debió tomar una decisión difícil de explicar: ante la escasez de recursos obtenidos a través de la reforma tributaria, que aún está en fase de implementación, tuvo que optar por dejar, en esta primera etapa, fuera de la gratuidad, a 330.000 estudiantes vulnerables.
LA REBELIÓN DE LAS PRIVADAS
Como los G8 ha sido bautizado el grupo de ocho universidades privadas que el 2012 se sumaron al Sistema Único de Admisión creado por el CRUCh y que presionan por ser admitidas como miembros de ese consejo. El nombre, del que ellas reniegan, se opone al G9: las nueve universidades tradicionales privadas -seis de ellas católicas- que pertenecen al Consejo de Rectores.
Lunes por medio, los rectores del G8, se juntan en la mañana a discutir sobre la situación de sus planteles. Justo después del 21 de mayo se reunieron y el debate estuvo más encendido de lo habitual: era necesario coordinarse y pasar a la acción. No había una sola postura: mientras en la Universidad de los Andes, dirigida por Juan Antonio Guzmán, se oponen a la gratuidad y creen que esta puede provocar que los futuros universitarios dejen de considerarla entre sus prioridades, otras como la Alberto Hurtado y Andrés Bello, con un mayoritario porcentaje de alumnos becados y con crédito, se sintieron abiertamente discriminadas y creen que la medida pone en riesgo su proyecto educativo.
“Esta es una decisión triste y desafortunada. Entendemos que la plata no alcance, pero no se puede introducir una política discriminatoria a los jóvenes porque van a una u otra institución”, dice José Rodríguez, rector de la UNAB, donde el 65% de los alumnos pertenecen a los dos primeros quintiles. El ex rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, agrega: “Durante nueve años, como miembro del CRUCh, tuve que recibir el chaparrón de críticas de que éramos un cartel. Ahora, mirado desde afuera, me resulta chocante que en el Consejo de Rectores no participe la mayoría de las universidades chilenas. Universidades jóvenes que están haciendo una contribución. Eso es una distorsión terrible”.
Todos se plegaron en un mismo reclamo. La semana pasada el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, escribió un borrador que comenzó a circular y que fue afinado por cada uno de los rectores, acusando al Mineduc de realizar una selección arbitraria. La carta fue publicada y firmada por los rectores de las universidades Mayor, de los Andes, Alberto Hurtado, Finis Terrae, Andrés Bello y del Desarrollo. Algunos han discutido, incluso, llegar más lejos: apelar a que la medida sería inconstitucional al privilegiar a unos alumnos de las mismas características sobre otros. También se tomó un acuerdo políticamente estratégico: nombrar como principal vocero a Fernando Montes. No sólo porque su universidad tiene un sello social que la diferencia de otras universidades privadas, sino también porque el sacerdote es un reconocido bacheletista y amigo personal de Eyzaguirre, con quien solía juntarse a tocar guitarra.
Tanto Carlos Peña, rector de la UDP, como Andrés Benítez (UAI) si bien pertenecen al G8, no han participado de los últimos encuentros pero, en sus propios estilos, han propuesto vías de solución alternativas. El primero, en su columna en El Mercurio, dijo que más que quedarse en los alegatos por la injusticia, era necesario comenzar a debatir con el ministerio los requerimientos de acreditación, transparencia, democracia interna y estructura de propiedad de las universidades para acceder a la gratuidad en su segunda etapa en 2017. Además, en una entrevista en La Tercera, dijo que si bien es una mala política pública, no está de acuerdo con otros rectores en judicializar el conflicto.
Por su parte, Benítez ha advertido que en las condiciones actuales, prefiere quedarse fuera de la gratuidad para no ceder en calidad. “Lo que yo planteo es más radical. Porque si te van a fijar los aranceles, los cupos, las carreras y el gobierno universitario, pasas a ser una universidad pública, y nosotros no queremos serlo. Nacimos con vocación privada. Tenemos un proyecto y no estamos dispuestos a entregárselo al Estado por esto”, explica.
Los rectores reclaman, también, por el trato que han recibido de parte del Mineduc. Un mes antes del anuncio, los representantes del G8 se juntaron con el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, quien les mostró unas diapositivas con sello de agua “confidencial”, donde les presentaron a grandes rasgos las bases del proyecto de gratuidad, pero sin darles luces de lo más importante: que quedarían excluidos de la primera etapa. Tras el anuncio del 21 de mayo, las autoridades académicas han intentado tener una segunda reunión para pedir explicaciones, pero Martínez sólo ha recibido al CRUCh. Los privados saben que antes que se dé a conocer el proyecto de ley definitivo, el segundo semestre, tienen la última ventana para tratar de influir en su redacción.
Federico Valdés, rector de la U. del Desarrollo, que tiene un 50% de alumnos con crédito con aval del Estado, dice: “Hacemos un llamado al ministerio a reflexionar y a revaluar la propuesta, que está mal diseñada. No parece razonable introducir un sistema de financiamiento que dejará sin opción de ingresar a las mejores instituciones privadas de Chile, porque irán directo a la quiebra. Es vital que para los alumnos de aquellas que no puedan entrar al sistema, siga existiendo el CAE”.
La interrogante sobre qué pasará con el actual financiamiento a las instituciones -el CAE, las becas, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)- es uno de los temores que despertó el anuncio, ya que el ministerio no ha entregado los detalles. Fuentes del Mineduc aclaran que los beneficios se mantendrán mientras no exista la gratuidad universal. Se comenzarán a eliminar gradualmente las becas de arancel y se evalúa reinventar el AFI para que, en vez de fomentar la captura de los mejores talentos, ayude a los estudiantes de sectores más vulnerables.
LOS PRIMEROS BENEFICIADOS
La oficina del Consejo de Rectores está en el cuarto piso del Mineduc, y no es raro que el ministro baje a participar en sus reuniones. Si bien es autónomo, por ley, trabaja como ente asesor del ministerio en políticas de educación universitaria. Aunque niegan las acusaciones de ser un cartel, lo cierto es que son la agrupación con mayor influencia en el debate y un grupo cerrado que no admite nuevos miembros. La mayoría de los 25 planteles que lo conforman son los creados antes de la reforma de 1981. La única excepción serán las dos nuevas universidades estatales de las regiones de O’Higgins y Aysén, próximas a abrirse, y que serán incorporadas de forma inmediata.
Para el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, hubiese sido mucho más claro partir solamente con las universidades estatales, dejando afuera a las privadas tanto de dentro como fuera del CRUCh. “La gratuidad debió haber empezado por las estatales. Eso era mucho más fácil de defender. Porque si las privadas del CRUCh dicen que realizan servicio público, yo puedo contestar que algunas de las que quedaron fuera también lo hacen. Si hubieran partido por las estatales, la respuesta hubiera sido ‘por último son del Estado’”, dice.
La discusión de con quiénes partir la primera etapa de la gratuidad se tomó todo el primer año del gobierno. Mientras Ennio Vivaldi argumentaba que las únicas universidades públicas son las estatales, Ignacio Sánchez rebatía que ellos también tienen vocación pública. Finalmente, la decisión del Mineduc fue agregar al G9 a la gratuidad, por dos razones. La primera, práctica, radica en que las universidades privadas de este grupo tienen una relación histórica con el Estado, tienen ya financiamiento basal, cumplen con las exigencias de acreditación, tienen altos porcentajes de alumnos vulnerables, son dueñas de su infraestructura -garantizando, así, que no hay lucro-, ninguna de ellas está bajo investigación y, sobre todo, sus aranceles se acercan más a los de referencia que los de los otros planteles privados, por lo que sería más factible cubrir la brecha.
La otra razón es política: el gobierno necesitaba neutralizar de una vez las críticas de Sánchez y de la Iglesia Católica que, durante el año pasado, amenazaban con convertirse en los principales adversarios de la reforma.
El rector de la UC ha debido moverse en un equilibrio precario. Por un parte, valora haber sido incluido en la primera etapa, ganando el debate sobre cuáles son las universidades públicas pero, por otro lado, debe velar porque las condiciones que imponga el gobierno para acceder al financiamiento no afecten la reconocida calidad del plantel y que haya diálogo entre los estamentos para fijar los aranceles de referencia. “El ministro ha dicho que la brecha la va a cubrir, parcialmente, el ministerio. Y quiero entender que eso significa que se harán cargo de la diferencia que hoy pagan los estudiantes con créditos. En el CRUCh hay 25 instituciones, cada una tiene su cálculo de realidad diferente. Lo que tenemos que hacer es presentar, de manera transparente, cuál es la realidad de cada una de las instituciones y trabajar directamente con el ministerio”, explica Sánchez.
Las conversaciones ya comenzaron. La primera etapa de la gratuidad no se llevará a cabo a través de un proyecto de ley especial, sino que por medio de una glosa en la discusión de la Ley de Presupuesto para 2016. Paralelamente, se elaborará un convenio con las universidades del CRUCh donde se les pedirá que cumplan con ciertos requisitos: un arancel regulado y no aumentar el número de matrículas fuera de sus planes actuales de crecimiento para no provocar una competencia desleal con las universidades no adscritas a la gratuidad. Para que el nuevo arancel no perjudique la calidad de los planteles, se estudia crear un fondo basal especial para investigación, ya que hoy los altos aranceles se explican en que son los alumnos quienes subsidian este ítem.
El congelamiento de la matrícula no es del agrado de todos. Vivaldi, al igual que el nuevo presidente del CRUCh, Aldo Valle (rector de la Universidad de Valparaíso), considera que se debe cambiar el modelo de educación en Chile, dando cada vez mayor espacio a las universidades estatales y permitirles ir ampliando su cupo para estudiantes. La idea es forzar que los alumnos vulnerables que hoy estudian en universidades de baja calidad puedan migrar a la educación pública. En sus manos tienen la encuesta Barómetro Mori, de mayo de 2015, según la cual un 44% preferiría estudiar en una universidad estatal si la educación en Chile fuera gratuita.
Fuentes del Mineduc señalan que la idea del proyecto, a largo plazo, es impedir la existencia de universidades que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad. De hecho, se analiza prohibir los establecimientos que no estén debidamente acreditados.
El ministro ya ha agendado sus primeras reuniones. Aceptó conversar con los representantes de las universidades Miguel de Cervantes, Academia de Humanismo Cristiano y Católica Silva Henríquez y ordenó una ronda de conversación con los demás planteles. “Nadie está excluido. Este es el primer paso. Nosotros enviaremos, el segundo semestre, el marco regulatorio que dejará claro que cualquier universidad, sea del CRUCh o no, pueda ingresar a la gratuidad”, dijo Eyzaguirre para tranquilizar los ánimos. Sin embargo aún en el Ministerio de Hacienda están haciendo los cálculos para ver cuánto recaudará realmente la reforma tributaria, considerando los bajos índices de crecimiento, y hasta dónde se podrá cumplir con la promesa del gobierno.
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