El estado no puede parar la explotación ilícita de unas selvas incapaces de absorber el CO2
JACQUELINE FOWKS 7 JUL 2015 - 02:15 CEST
Perú es uno de los diez países megadiversos del mundo, con 84 de 104 zonas de vida; el segundo país de América Latina con mayor extensión de bosques tropicales y, además, cuenta con el 71% de los glaciares tropicales del globo –3.444 glaciares que se derriten–. Son datos del Ministerio de Ambiente peruano. Pero, según expertos e investigadores, el avance de la minería y la tala ilegal, los cultivos ilícitos de coca y la falta de planificación en los proyectos de infraestructura ponen en riesgo los recursos hoy y del futuro. A ello se suman, indica el biólogo Ernesto Ráez, los efectos del calentamiento global y la pérdida de la capacidad del mar y los bosques amazónicos de absorber gases de efecto invernadero.
Ráez sostiene que, además de los glaciares, hay otros ecosistemas igualmente afectados que empiezan a generar emisiones y contaminan: cuando por falta de lluvias se secan los bofedales, tierras que almacenan gran cantidad de agua y material orgánico, liberan carbono. “Y en la Amazonía estamos perdiendo la capacidad de absorber carbono: ello puede convertirse en un proceso de sabanización progresiva”, afirma el experto en conservación tropical y desarrollo, citando una investigación publicada en la revista Nature en marzo de este año.
Según el biólogo, “antes las sequías (que empezaron en 2005), los bosques amazónicos eran muy húmedos y, si había incendios, el efecto biocida era menor. Ahora los fuegos son más intensos, se extienden sobre materia seca, pasan al suelo y matan la vida de las raíces y la diversidad biológica silvestre”, explica.
Detener la minería ilegal
Ráez también indica que el Estado no ha logrado detener en la selva peruana el avance de la minería ilegal aluvial en áreas naturales protegidas y en reservas comunales, la extracción ilícita de madera y los nuevos cultivos de coca. “Incluso, los mineros ilegales han captado al poder político en el Congreso y en algunos gobiernos regionales”, alerta.
En 2010, el reconocido ingeniero forestal y agrónomo Marc Dourojeanni, alertó de que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios indígenas suman casi el 25% de la selva peruana, pero solo un 10% de ella está protegida legalmente. Las comunidades nativas tienen problemas para obtener el documento estatal que certifica que la tierra es de ellos. Ráez critica que uno de los requisitos es un estudio de capacidad de uso mayor de la tierra, bastante caro, y que debe emitir el Ministerio de Agricultura. “Las reglas del juego están en contra de la titulación”, añade.
La investigación de Dourojeanni indica que en 2041, cuando concluyan todos o parte de los 26 proyectos de hidroeléctricas, carreteras e hidrovías previstos en la Amazonía, el área afectada por degradación forestal será del 56% de la selva (43,6 millones de hectáreas), en un escenario optimista, o del 91% en el marco pesimista (70,3 millones de hectáreas). Por otro lado, el estudio La economía del cambio climático en Perú, elaborado por la CEPAL, observa “una ligera reducción del agua disponible en la mayor parte del país, especialmente en la costa y la sierra”, y proyecta los mayores aumentos de los valores anuales de lluvias en la sierra norte (hasta en un 98% en junio entre los años 2070 y 2099) y en el altiplano los mayores descensos (32% en el mes de agosto para el período 2070 a 2099).
¿Qué podría contener este futuro amenazante? En un artículo de opinión del psicoanalista peruano Max Hernández destaca que “las ansiedades provocadas por la globalización han llevado a las minorías étnicas a buscar sus raíces y asociarse en grupos que pretenden ser reconocidos. A la vez, en las nuevas generaciones hay una gradual toma de conciencia de la importancia del cambio climático y la biodiversidad, así como un mayor reconocimiento de la condición multicultural de la sociedad”. Ellos podrían cobrar un papel mayor contra estas amenazas al medio ambiente.
Manuel Pulgar-Vidal
El presidente de la Cumbre de Cambio Climático, COP20, y ministro del Ambiente de Perú, Manuel Pulgar-Vidal anuncia que en 2030 su país debe reducir al 50% el número de afectados por desastres naturales asociados al cambio climático y disminuir a la mitad la pérdida del PBI a causa de un fenómeno El Niño grave.
Pregunta. ¿Con qué afronta el país los daños del cambio climático en el medio ambiente?
Respuesta. Perú está mejor preparado para afrontar las consecuencias. Está cumpliendo obligaciones derivadas de compromisos climáticos globales. Tenemos una estrategia de cambio climático a punto de ser promulgada y está activa la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Hemos mejorado los estudios de vulnerabilidad en el altiplano, en glaciares, por el fenómeno El Niño en la costa norte, en tierras secas en la sierra sur y sobre la Amazonía. Esto permite identificar la vulnerabilidad por condiciones naturales y cómo afecta el cambio climático a las actividades económicas basadas en recursos como agua, glaciares y bosques.
P. ¿Y además de los estudios?
R.También se establecen prácticas de adaptación a las condiciones del cambio climático, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, biohuertos, manejo de camélidos sudamericanos, búsqueda de mercados para productos nativos. Los proyectos de adaptación en glaciares se han materializado con la creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. En cuanto a mitigación de los efectos, el compromiso ante la Convención de Cambio Climático establece para 2030 una reducción del 31% en emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos un proyecto para, de aquí a 2017, elevar al 50% la capacidad de tratar los residuos domésticos en rellenos sanitarios. En 2021 podríamos llegar al 100%.
P. ¿Qué fondos aportará Noruega para proteger los bosques?
R. Son 300 millones de dólares. Antes de la COP21 se esperan los primeros desembolsos, cuando Perú cumpla estableciendo mecanismos de transparencia para canalizar los recursos y mejorar las políticas del sector. Es un fondo para bosques y para completar lo que el Estado destina a las condiciones de titulación (documentos de propiedad y de posesión preexistente) en tierra indígena. Concluye en 2017.
P. ¿Estos compromisos obligarán los próximos Gobiernos?
R. Las consecuencias (del cambio climático) son evidentes. París (la COP21) va a dejar mandatos globales que cumplir y a quien no esté en el debate de los objetivos de desarrollo sostenible, la economía lo va a sacar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario