¿Se viene nuevo desafuero?
Eugenio Tuma enfrenta a la justicia por eventual fraude al Fisco y arriesga una vez más los equilibrios en la Sala. Analistas tratan de ver el vaso medio lleno y dicen que esto significa que las instituciones funcionan. La dura realidad es que la mala praxis es profunda y arriesga a toda la Corporación.
Por Equipo Cambio21 - 08/07/2015
El Congreso se sigue complicando en torno a sus parlamentarios. Ahora es el senador Eugenio Tuma (PPD), el que enfrenta a la justicia. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por fraude al fisco, luego de haber sido acusado de usar dineros públicos para el financiamiento de campañas políticas.
Tuma fue denunciado por su exjefa de gabinete, Claudia López. El libelo del CDE se remite a tres hechos que constituirían el delito: se destinó $665.210 para propaganda de la candidata a consejera del Consejo Nacional de la Conadi, Ana Llao Llao. Además, la acción se refiere a la contratación de asesores por trabajos no hechos con dineros fiscales. Bajo estos antecedentes, el Consejo se querelló contra el legislador, su periodista Daniel Sándoval y su exjefa de gabinete.
La querella es sólo el primer paso judicial en contra del senador. Aún falta que sea formalizado y cabe recordar que como tal goza de fuero parlamentario. Aún así, el caso llega a profundizar la crisis por la que pasa el Parlamento en términos de legitimidad y transparencia.
Al borde del precipicio
El fraude al fisco es sancionado por el Artículo Nº 239 del Código Procesal Penal, con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (hasta cinco años). Eso sí, si el desfalco supera las 40 U.T.M (más de $ 1,7 millones) el juez puede aumentar el presidio.
Se debe destacar que dentro de la querella se consideran boletas de "servicios prestados que no guardan relación alguna con la actividad parlamentaria", pero de las que se pidió una devolución indebida al Departamento de Finanzas del Senado. La suma es poco menos de siete millones.
Consultado por el caso, el abogado penalista de la UDP Cristián Riego, advierte que "el Consejo de Defensa del Estado puede emitir la querella, pero la tiene que recibir el Ministerio Público. Tiene que investigar y formalizar. Vamos a ver si pasa eso".
"Mientras la Fiscalía no se pronuncie, no pasa nada. Lo más probable es que el tema se siga dilatando. El Ministerio Público tiene que investigarlo, entrevistar a una serie de personas, incluyéndolo a él. Tiene para bastante tiempo. Puede demorar un año, a lo menos", dijo Riego, adelantando que la acción judicial puede avanzar hasta el desafuero.
El club
Tuma no es el único parlamentario que pasa momentos difíciles. El senador Carlos Bianchi (ind) fue desaforado por fraude al Fisco por el arriendo de su sede distrital. Su colega, Iván Moreira (UDI) fue formalizado junto a su compañero de partido, diputado Felipe De Mussy, por financiamiento ilegal de campaña y delito tributario. Mientras, en la Cámara Baja, parte importante de los legisladores (de todas las casas políticas, exceptuando al PC) han sido cuestionados por los casos Penta y SQM.
Los casos de malas praxis parlamentarias siguen mermando la confianza sobre la institución legislativa. Sobre todo al pensar que los mismos que hoy son cuestionados y que la justicia les pisa los talones, siguen votando en sala leyes que afectan a todos los chilenos.
La directora de la Fundación Chile21, Gloria De la Fuente, prefiere ver el vaso medio lleno. Ver los procesos significa que "las instituciones están funcionando. En rigor, probablemente, muchos de los casos que estamos viendo que investiga la justicia venían ocurriendo hace mucho tiempo, pero ahora están las herramientas y la voluntad del Poder Judicial para llevar a delante las investigaciones".
"El resto de los poderes del estado también tienen que reaccionar. Ahí la respuesta del Parlamento no cumple expectativas. No se trata de condenar a priori a alguien investigado, pero estas señales genéricas, de buena voluntad, pero que no tienen consecuencias, no ha sido de lo mejor dentro del congreso. Lo que uno esperaría es que haya más claridad, o procedimientos mejores. Que si una persona esté procesada por un delito o condenada haya algo que el Congreso pueda hacer".
Finalmente, De La Fuente dijo que a pesar de lo anterior, "lo que sería irresponsable es una elección adelantada, como proponen algunos. Lo que hay que hacer es seguir, que la justicia haga su trabajo".
El Congreso se sigue complicando en torno a sus parlamentarios. Ahora es el senador Eugenio Tuma (PPD), el que enfrenta a la justicia. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por fraude al fisco, luego de haber sido acusado de usar dineros públicos para el financiamiento de campañas políticas.
Tuma fue denunciado por su exjefa de gabinete, Claudia López. El libelo del CDE se remite a tres hechos que constituirían el delito: se destinó $665.210 para propaganda de la candidata a consejera del Consejo Nacional de la Conadi, Ana Llao Llao. Además, la acción se refiere a la contratación de asesores por trabajos no hechos con dineros fiscales. Bajo estos antecedentes, el Consejo se querelló contra el legislador, su periodista Daniel Sándoval y su exjefa de gabinete.
La querella es sólo el primer paso judicial en contra del senador. Aún falta que sea formalizado y cabe recordar que como tal goza de fuero parlamentario. Aún así, el caso llega a profundizar la crisis por la que pasa el Parlamento en términos de legitimidad y transparencia.
Al borde del precipicio
El fraude al fisco es sancionado por el Artículo Nº 239 del Código Procesal Penal, con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (hasta cinco años). Eso sí, si el desfalco supera las 40 U.T.M (más de $ 1,7 millones) el juez puede aumentar el presidio.
Se debe destacar que dentro de la querella se consideran boletas de "servicios prestados que no guardan relación alguna con la actividad parlamentaria", pero de las que se pidió una devolución indebida al Departamento de Finanzas del Senado. La suma es poco menos de siete millones.
Consultado por el caso, el abogado penalista de la UDP Cristián Riego, advierte que "el Consejo de Defensa del Estado puede emitir la querella, pero la tiene que recibir el Ministerio Público. Tiene que investigar y formalizar. Vamos a ver si pasa eso".
"Mientras la Fiscalía no se pronuncie, no pasa nada. Lo más probable es que el tema se siga dilatando. El Ministerio Público tiene que investigarlo, entrevistar a una serie de personas, incluyéndolo a él. Tiene para bastante tiempo. Puede demorar un año, a lo menos", dijo Riego, adelantando que la acción judicial puede avanzar hasta el desafuero.
El club
Tuma no es el único parlamentario que pasa momentos difíciles. El senador Carlos Bianchi (ind) fue desaforado por fraude al Fisco por el arriendo de su sede distrital. Su colega, Iván Moreira (UDI) fue formalizado junto a su compañero de partido, diputado Felipe De Mussy, por financiamiento ilegal de campaña y delito tributario. Mientras, en la Cámara Baja, parte importante de los legisladores (de todas las casas políticas, exceptuando al PC) han sido cuestionados por los casos Penta y SQM.
Los casos de malas praxis parlamentarias siguen mermando la confianza sobre la institución legislativa. Sobre todo al pensar que los mismos que hoy son cuestionados y que la justicia les pisa los talones, siguen votando en sala leyes que afectan a todos los chilenos.
La directora de la Fundación Chile21, Gloria De la Fuente, prefiere ver el vaso medio lleno. Ver los procesos significa que "las instituciones están funcionando. En rigor, probablemente, muchos de los casos que estamos viendo que investiga la justicia venían ocurriendo hace mucho tiempo, pero ahora están las herramientas y la voluntad del Poder Judicial para llevar a delante las investigaciones".
"El resto de los poderes del estado también tienen que reaccionar. Ahí la respuesta del Parlamento no cumple expectativas. No se trata de condenar a priori a alguien investigado, pero estas señales genéricas, de buena voluntad, pero que no tienen consecuencias, no ha sido de lo mejor dentro del congreso. Lo que uno esperaría es que haya más claridad, o procedimientos mejores. Que si una persona esté procesada por un delito o condenada haya algo que el Congreso pueda hacer".
Finalmente, De La Fuente dijo que a pesar de lo anterior, "lo que sería irresponsable es una elección adelantada, como proponen algunos. Lo que hay que hacer es seguir, que la justicia haga su trabajo".
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