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Cientos de mineros de Potosí marcharon para exigir que el presidente boliviano reciba a sus líderes
FERNANDO MOLINA La Paz 21 JUL 2015 - 06:06 CEST
El conflicto social en Potosí se trasladó a la capital boliviana, La Paz, donde el lunes cientos de mineros marcharon y bloquearon el centro para exigir que el presidente Evo Morales recibiera a los dirigentes del movimiento regional, que ya dura 15 días. Aunque no se produjeron enfrentamientos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, cree que los manifestantes buscaron un choque con la Policía al tratar de entrar a la plaza de armas, donde se encuentra el palacio de gobierno, cuyos ingresos se controlan estrictamente desde que Morales llegara a la presidencia. El Ministro afirmó que la intención de los manifestantes de acceder al centro del poder indica que su propósito es político y no regionalista. La seguridad del Estado también alertó sobre un supuesto plan para volar las torres eléctricas de Potosí, ciudad que se encuentra aislada, paralizada y desabastecida, y dijo que si cualquiera de estas acciones causara violencia la responsabilidad sería del comité regional que organiza la huelga.
Este comité alentó las movilizaciones de ayer luego de rechazar por octava vez una invitación del gobierno a dialogar con autoridades de alto rango, pues desea reunirse directamente con el presidente. La presunción detrás de esta exigencia es que los ministros “no le dicen la verdad” a Morales, y por eso este piensa que “el 95% de las demandas” de los potosinos ya fueron cumplidas y el resto es imposible, por lo que “no hay nada que negociar”. Al mismo tiempo, el gobierno señaló que un encuentro con el presidente se hallaba cerrado.
Los huelguistas plantean 26 reivindicaciones, entre las que figura la construcción de un aeropuerto internacional, una hidroeléctrica y fábricas de vidrio y cemento
Esto hace suponer a los potosinos que no lograrán nada conversando y que la suerte de su movimiento depende que le doblen la mano al presidente y lo obliguen a comparecer ante ellos. La situación tiene ribetes bizantinos, porque los manifestantes exigen la intervención de quien se muestra más beligerante con ellos. Morales los acusó de haber sido manipulados por Chile para empañar el momento en que, por los logros diplomáticos del gobierno, Bolivia “está más cerca del mar” que nunca. El presidente se refería al pedido que hizo el papa Francisco, quien estuvo hace 12 días en Bolivia, de abrir un diálogo directo entre Bolivia y el país vecino, que actualmente ventilan su diferendo marítimo ante la Corte Internacional de La Haya. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, calificó la presunción de Morales como “surrealista”.
Los huelguistas plantean 26 reivindicaciones, entre las que figura la construcción de un aeropuerto internacional, una hidroeléctrica y fábricas de vidrio y cemento. Estas obras se encuentran en el 5% que el gobierno considera inatendible. Además, quieren que las promesas de las autoridades en los demás campos, por ejemplo en el muy importante del mejoramiento de las carreteras, se cumplan efectivamente. El trasfondo del conflicto lo proporciona la reciente depresión de la actividad minera, la principal de Potosí, como consecuencia de la caída de los precios internacionales. El final del efímero boom del consumo en esta región provoca descontento social e sube al escenario a dirigentes sociales que no pertenecen al esquema gobernante, como el líder de la huelga, Jhonny Llally.
Las autoridades explicaron que hasta ahora el conflicto le costó a Potosí cinco millones de dólares y un incalculable daño a su reputación turística, ya que decenas de extranjeros quedaron atrapados sin poder salir de la ciudad por más de una semana, y algunos todavía siguen allí. Además, hace diez días que los manifestantes ocupan las instalaciones de la mina de plata Manquiri, filial de la norteamericana Coeur d'Alene Mines Corporation, que según el Ministro de Minería, estaría a punto de declararse en quiebra por esto.
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