Por Equipo Cambio21
El contexto social está candente con el reciente paro de los choferes de los camiones de carga como telón de fondo, sumado a las amenazas de “desabastecimiento” como yapa y los enfrentamientos entre dirigentes del mundo mapuche y los adherentes a la marcha de los transportistas en el mismo frontis de La Moneda.
Como cada año, septiembre se transforma en el mes de los recordatorios del golpe militar de 1973. Y el tema, como suele suceder también, enfrenta a los partidarios y detractores de la dictadura de Augusto Pinochet.
Por si fuera poco, el contexto social está candente con el reciente paro de los choferes de los camiones de carga como telón de fondo, sumado a las amenazas de "desabastecimiento" como yapa y los enfrentamientos entre dirigentes del mundo mapuche y los adherentes a la marcha de los transportistas en el mismo frontis de La Moneda.
Sin embargo, en lo político, existen tres temas que debieran marcar la pauta, siendo dos de ellos primordiales para la agenda legislativa del gobierno de la Presidente Michelle Bachelet: el inicio del proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución y el debate en la Cámara de Diputados sobre la despenalización del aborto en sus tres causales extremas.
El tercero apareció como extra en materia de derechos humanos tras el fin del pacto de silencio que rondó el "caso quemados" y la muerte del general ® y ex director de la DINA, Manuel Contreras, mientras cumplía los más de 500 años de condena por violaciones a los DD.HH.: el cierre del penal Punta Peuco.
Se vienen los cabildos
El "proceso constituyente" para elaborar una nueva Constitución fue anunciado por Bachelet en medio de la crisis de credibilidad que pesa sobre la institucionalidad política, a raíz del caso Caval y los escándalos Penta y SQM.
En tal sentido, el objetivo de este procedimiento es sentar las bases del texto que en el futuro sería aprobado por el Congreso Nacional y posteriormente sometido a plebiscito por la ciudadanía.
Entre medio, se realizarán conversaciones o cabildos con representantes de la sociedad civil, el mundo político y académicos y expertos de diversos sectores.
El punto que más tensión genera este debate es hasta qué nivel de inclusión tendrán las jornadas temáticas y cuál será el rol que tendrá la oposición y los movimientos alternativos con y sin representación parlamentaria.
Por cierto, el clima político posterior al conflicto mapuche y el reciente paro camionero condicionaría el ambiente previo al proceso.
Valores a la cancha
Al parecer, la interrupción del embarazo en caso de violación es el gran "pero" del proyecto de ley de La Moneda sobre despenalización del aborto, dado que el feto inviable y el riesgo de vida de la madre, las otras dos causales, superarían con éxito la tramitación parlamentaria, según los cálculos iniciales que se sacan en la Nueva Mayoría.
Como se conoce, las principales críticas internas provienen de la Democracia Cristiana, que en la declaración oficial del Consejo Nacional manifestó su defensa del derecho a la vida y propuso una instancia de acompañamiento para las mujeres, entre otras cortapisas.
Es más, el elemento técnico que marcaría un antes y un después en la discusión tiene que ver con el "riesgo futuro" de la madre una vez aplicada la interrupción del embarazo o aborto.
Además, la derecha alega que esta iniciativa busca legalizar el aborto libre. En respuesta, desde el Ejecutivo aseguran que se trata de un derecho que solo le compete a la mujer.
Más reos
El fin del pacto de silencio que rondó el "caso quemados", crimen que afectó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas durante la dictadura, y la posterior muerte del general ® y ex director de la DINA, Manuel Contreras, aceleró la discusión alusiva al cierre de la cárcel de Punta Peuco.
El tema viene analizándose tras la clausura del penal Cordillera que se efectuó en el gobierno de Sebastián Piñera y podría tener novedades durante septiembre.
El aspecto principal es qué hacer con los actuales reos que pagan sus condenas en el recinto, donde las posibilidades se reducen a dos: la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) o los distintos penales que hay en el país, como Colina 1.
Sin embargo, hay un asunto no menor, como lo es la cantidad de causas de DD.HH. que se están cerrando y los nuevos culpables que siguen llegando a Punta Peuco, como asimismo dos denuncias: una que habla de vulneración de los derechos de los presos, que proviene de los familiares, y la presunta donación de las Fuerzas Armadas a los módulos en los que están los reos.
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