Por CLAUDIO FUENTES S. - 17 agosto 2015 (elmostrador.cl)
¿Deben las instituciones militares honrar a quienes violaron los derechos humanos? El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, piensa que sí. El pasado 11 de agosto, sostuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que la historia no se puede borrar y, por lo tanto, el ex oficial Contreras debe mantenerse como parte de un registro histórico, ya sea en el regimiento Arauco donde fue comandante, o bien en la Academia de Guerra, donde fue su Director. No se trata de una apología, indicó.
En el frontis de la institución formadora del alto mando figura su lista de directores incluyendo a César Benavides (1971-1972), Herman Brady (1972-73), Enrique Morel (1973), Sergio Arredondo (1973), Manuel Contreras (1974), Alejandro Medina Lois (1974-1977) y Roberto Guillard (1977-1980), entre varios otros. En su interior se encuentra además una galería histórica conmemorativa de directores que, de acuerdo a la propia Academia, es un “simbólico homenaje a los 64 directores que, desde el año 1886, han dirigido los destinos de esta más de centenaria Academia, y gracias a su esfuerzo, capacidad y visión, entregaron lo mejor de sí, para situarla en el lugar de honor y privilegio que la comunidad nacional e internacional hoy le reconoce” (www.acague.cl).
El general Oviedo tiene razón. No podemos borrar la historia. Sin embargo, tal como el propio Ejército lo ha hecho, constituye un imperativo moral revisar aquella historia para reparar daños cometidos y honrar a quienes efectivamente han cumplido con los valores que la propia institución se ha comprometido a defender. Y cuando cuatro de los recién mencionados directores ya fueron condenados por la justicia, sin duda no se honran dichos principios.
La Academia de Guerra del Ejército en el año 1973 estaba ubicada en la calle San Ignacio 242. Allí se realizaron numerosas reuniones para organizar el golpe entre oficiales que constituían la élite de la institución castrense. Allí se organizó secretamente la DINA, y allí también se mantuvo en prisión a opositores.
Revisemos algunas biografías. Benavides participó del golpe y posteriormente fue jefe del Comando Conjunto Austral. Estuvo involucrado con la brigada Lautaro de la DINA y fue condenado por violación de derechos humanos. Brady participó directamente del golpe al estar a cargo de la guarnición de Santiago en septiembre de 1973 y tuvo a su cargo trasladar prisioneros desde La Moneda.
Morel fue director de la Academia el año del golpe, fue ayudante de Pinochet y, posteriormente, estuvo a cargo de la guarnición que recibió la orden de trasladar cuerpos desde el regimiento Peldehue y lanzarlos al mar.
Arredondo junto a Contreras organizó el primer cuartel secreto de la DINA precisamente en esa Academia. Formó parte de la Caravana de la Muerte y participó de la red internacional de la DINA en Brasil como agregado militar en dicho país. También fue condenado.
Medina Lois dirigía la escuela de Paracaidistas y posteriormente pasó a la Academia. Fue condenado por crímenes contra conscriptos y soldados contrarios al régimen.
Guillard estuvo a cargo de la “operación silencio” de las radios el día del golpe.
Ya es conocido el historial de Contreras, quien en forma paralela a asumir como director de la Academia, organizó la DINA. De acuerdo al Informe Valech, este organismo estaba controlado por personal del Ejército, dependía directamente del general Pinochet, y buscó eliminar sistemáticamente a opositores al régimen rastreando, capturando, torturando y asesinando a quienes juzgada como sus enemigos dentro y fuera de Chile. Contreras enfrentaba a la fecha de su muerte 59 sentencias definitivas del Poder Judicial, sumando un total de 529 años de cárcel.
Para el Gobierno debiese resultar inaceptable que las instituciones armadas honren la memoria de personajes asociados a violaciones de los derechos humanos. Si Contreras es “uno de los personajes más oscuros de nuestra historia”, no resulta coherente guardar silencio frente a los símbolos de la historia. Y no solo nos referimos aquí a Contreras, sino que a un grupo de militares ya condenados y que siguen formando parte de la lista de honor de la principal Academia que tiene por misión formar a quienes encabezarán la institución.
Para el Gobierno debiese resultar inaceptable que las instituciones armadas honren la memoria de personajes asociados a violaciones de los derechos humanos. Si Contreras es “uno de los personajes más oscuros de nuestra historia”, no resulta coherente guardar silencio frente a los símbolos de la historia. Y no solo nos referimos aquí a Contreras, sino que a un grupo de militares ya condenados y que siguen formando parte de la lista de honor de la principal Academia que tiene por misión formar a quienes encabezarán la institución.
La Ordenanza General del Ejército indica, entre los valores centrales que deben regir la conducta militar, la lealtad, disciplina, valor y el honor. Este último se define como “la virtud sintetizadora de todos los valores cívicos militares que mueven a una persona a actuar siempre con la verdad, dignidad, sinceridad, rectitud, honestidad y en coherencia con los principios que dan sustento a sus actos. En definitiva, el honor se sintetiza en ser una persona digna de confianza” (OGE, Art 67).
Sacar del lugar de honor que ocupan estos personajes constituye un gesto de reparación con el propio Ejército, con las víctimas, sus familiares y la sociedad como un todo. Aquellos ex directores no solo violaron los derechos humanos sino que además traicionaron los valores militares que el Ejército defiende y promueve entre sus oficiales. Ellos simbolizan precisamente lo contrario de lo que debiese inspirar al alto mando.
Pero ¿no es mejor dejar las cosas tal como están en aquel silencioso muro? Las instituciones —particularmente las estatales— tienen la obligación de revisar sus actos y enmendar su rumbo. Por eso el Ejército rindió honor al general Carlos Prats en el año 2009 inaugurando un campo militar en su nombre; por eso se cambió el nombre a la biblioteca “General Pinochet” y por eso se rindió un homenaje al general René Schneider en aquella misma Academia.
Así, el gobierno debiese organizar un acto público del más alto rango presidencial para retirar del cuadro de honor de directores a quienes han sido condenados por violación a los derechos humanos. En su lugar, un espacio vacío debiese quedar en la lista de directores y en la galería de honor como un testimonio de las tragedias pasadas. Se trata de un acto reparador con las víctimas, la sociedad y las propias instituciones armadas.
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