La Fiscalía de Ciudad de México cita a Javier Duarte para obtener más información sobre las amenanzas que denunció el fotoreportero
El polvorín de Veracruz
DAVID MARCIAL PÉREZ México 11 AGO 2015 - 03:39 CEST
La Fiscalía del DF ha llamado a declarar a Javier Duarte, el gobernador del Estado de Veracruz, por el asesinato de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa el 31 de julio en un apartamento de la capital. Espinosa y su amiga Nadia Vera habían huido hacía pocos meses de Veracruz, letal para el ejercicio de la prensa, denunciado amenazas por su actividad profesional y política en el Estado. El caso ha despertado el clamor de la sociedad civil y organismos internacionales, que desde el inicio demandan una investigación a fondo para esclarecer el posible móvil político del crimen.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció este lunes que un equipo de la Fiscalía estatal, encabezado por el subprocurador de Investigaciones Previas Centrales, Óscar Montes de Oca, se trasladará mañana a Veracruz para reunirse con sus homólogos veracruzanos y con el Gobernador. “Hay disposición para ofrecer datos por parte del Gobierno de Veracruz y en ese contexto he comentado con él [Duarte] que requeriremos una declaración suya directa”, señaló.
Desde el inicio de la investigación la fiscalía mantiene en sus comunicados oficiales tres líneas abiertas para el caso: el feminicidio, el robo y el asesinato político. Los datos que va dando a conocer el ministerio público, las informaciones extraoficiales y las filtraciones que gotean a los medios mexicanos van sin embargo volcando la balanza hacia el móvil del robo con homicidios.
ONG y organismos internacionales demandan una investigación a fondo para esclarecer el posible móvil político del crimen
La policía ya ha detenido a un primer sospechoso, con antecedentes por violación, y que ha reconocido el robo pero no los asesinatos. En su primera comparecencia, el fiscal Rodolfo Ríos, indicó que el apartamento fue "saqueado". La policía sigue la pista de otros dos sospechosos que, según unas imágenes del servicio de videovigilancia, salieron del edificio a las tres de la tarde portando una maleta, de la que el Fiscal dijo que “podría portar objetos".
De acuerdo a la información del teléfono móvil de Espinosa, el último mensaje que envío a un amigo fue a las 14,13. Los crímenes —el robo, las cinco ejecuciones y al menos una violación— tuvieron que suceder en menos de una hora.
ONGs como la internacional Artículo 19, defensora de la prensa, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más un espectro amplio de voces de la sociedad civil, llevan exigiendo desde el inicio del caso agotar todas las pesquisas antes de descartar el asesinato político. Veracruz es el Estado más peligroso del país para la libertad de prensa. En los últimos cuatro años, bajo el mandato del controvertido Duarte, han matado a 15 periodistas y se han registrado vulneraciones de los derechos humanos contra activistas políticos. Tanto Espinosa como Vera habían apuntado al Gobernador en sus denuncias una vez que salieron que Veracruz. Llegaron a decir en un programa de televisión que si algo les ocurría, el responsable era Duarte.
El anuncio de la declaración ante la Fiscalía defeña ha coincidido con las primeras palabras del gobernador sobre el multihomicidio. En una entrevista radiofónica dijo que al no haber sucedido en Veracruzno corresponde a las autoridades de su estado investigarlo: “Quiero dejar claro que no tengo ninguna participación en el homicidio de Rubén Espinosa y que quiero aportar todo lo que pueda para ayudar a la procuraduría del DF, pongo a disposición todo lo que sé”.
El equipo de la fiscalía capitalina llegará mañana martes para entrevistarlo, según confirmó Mancera en un acto en el que, precisamente, se presentaba una ley para la protección de periodistas y activistas por los derechos humanos. Ante las acusaciones de oportunismo político lanzadas por miembros de la oposición, el Jefe de Gobierno explicó que el acto era un formalismo obligatorio ya que la medida había sido aprobada hace un mes por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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