En el borrador que preparan los populares con el resto de las fuerzas políticas se plantea una modificación de las funciones de la Cámara Alta
Borrador de reforma del Senado
FERNANDO GAREA Madrid
El PP acepta por primera vez una reforma constitucional, aunque de forma limitada solo para modificar el funcionamiento del Senado y, obviamente, para la próxima legislatura. Así consta en el borrador de acuerdo que negocian los populares con otras fuerzas políticas en la Cámara Alta y que se pretende someter a votación el próximo mes de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Ese texto ha sido negociado en una ponencia dedicada al estudio de la reforma del Senado y sobre el que aún resta por cerrar muchos detalles. El PP ha logrado, no obstante, que el acuerdo sobre el futuro de la Cámara no se pueda aplicar ni poner en marcha hasta la próxima legislatura, después de tres años de reuniones.
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El PP negocia con el resto de grupos en el Senado un texto en el que ya se ha aceptado la posibilidad de una futura reforma limitada de la Constitución. "Se mantiene el modelo del Senado como Cámara Parlamentaria dentro del sistema bicameral establecido en la Constitución de 1978, es decir, en el marco de un bicameralismo imperfecto o no paritario. Si bien, al mismo tiempo, se pretende mejorar la posición de la Cámara aumentando su participación en el ejercicio de las funciones parlamentarias teniendo en cuenta la dimensión territorial que se deriva de la definición contenida en el artículo 69 de la Constitución. Para ello, y de acuerdo con las presentes conclusiones, será necesario realizar una reforma de diversos preceptos constitucionales así como llevar a cabo modificaciones sustantivas en las normas que regulan el procedimiento legislativo y, en su caso, de control, tanto en el Reglamento del Senado como en el Reglamento del Congreso de los Diputados", asegura el texto.
Ese borrador fue estudiado por última vez este lunes día 27 de julio y ese párrafo forma parte de los apartados sobre los que ya se ha avanzado con acuerdo entre los principales partidos. Oficialmente, el PP siempre ha rechazado las propuestas de reforma de la Constitución, especialmente en esta legislatura, y así lo ha explicado siempre Mariano Rajoy, reacio a los cambios en la norma. No es previsible que se incluya en el programa electoral del PP, pero salvo rectificación de los populares quedará un acuerdo del Senado con la propuesta de futura reforma constitucional.
Una reforma sencilla y sin referéndum
F. G.
La reforma de los artículos de la Constitución referidos al Senado (69 y siguientes) es de las llamadas sencillas, es decir, de las que no precisan referéndum.
Se tramitaría por el artículo 167 de la Constitución que requiere mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y solo habría referéndum si lo pide una décima parte de alguna de las dos cámaras.
Esta vía es la que se siguió para los dos únicos cambios mínimo que ha tenido la Constitución: para establecer el derecho de sufragio de comunitarios y en 2011 para el artículo 135 sobre la deuda y el déficit.
La otra vía, la que exige disolución de las Cortes y referéndum, debe seguirse para artículos referidos a derechos fundamentales y a otros como, por ejemplo, el que establece la prevalencia machista en la sucesión a la Corona.
La mayoría requerida hace que PP y PSOE hayan tenido siempre hasta ahora posibilidad de vetar cualquier iniciativa de reforma. Es decir, esa mayoría de tres quintos sólo ha sido posible hasta ahora con el voto de los dos partidos, sin posibilidad de mayorías alternativas.
El PSOE ha defendido en los últimos años esta reforma, con distintos matices y posiciones, pero nunca llegó a hacerlo cuando gobernaba. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a pedir un informe al Consejo de Estado y en el último progama electoral de los socialistas se defendía la reforma del Senado, dentro de un modelo de Estado federal.
Durante toda la legislatura, el PP ha frenado cualquier posibilidad de reforma del funcionamiento del Congreso y del Senado, aunque en abril de 2012 constituyó en la Cámara alta una ponencia de estudio para su reforma. Se ha reunido 23 veces con 13 comparecencias de expertos, pero esos trabajos no han avanzado, según la oposición por la falta de voluntad del Gobierno. A lo más que ha llegado el PP, representado por el presidente del Senado, Pío García Escudero, es a aceptar pactar un escrito de conclusiones que se votará en septiembre con propuestas de reforma para la siguiente legislatura.
Esa reforma es la asignatura pendiente de todas las legislaturas, por el bloqueo alternativo de los dos principales partidos. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a llevar al Consejo de Estado una propuesta, pero la paró. El PP en esta legislatura ha preferido partir de cero y ha perdido la legislatura para la reforma del Senado que todos juzgan necesaria. Renuncia a hacerla en esta, pese a que es probable que pierda su mayoría hegemónica tras las generales y podría estar entre las condiciones de futuros pactos de Gobierno.
Ahora, el PSOE renuncia a la opción que defendía la anterior dirección socialista para convertir al Senado en una cámara territorial como la alemana en la que no hubiera parlamentarios de elección por los ciudadanos, sino sólo de designación de las asambleas autonómicas.
El texto asegura que el Senado debe ser Cámara de primera lectura en asuntos que afectan a las comunidades. No está cerrado todavía el acuerdo sobre la forma en la que se produciría ese funcionamiento del Senado y los procedimientos legislativos concretos.
Retiro dorado de altos cargos
F. G.
- A falta de que acabe el nombramiento de senadores en los Parlamentos regionales, hay ya siete expresidentes autonómicos: Francesc Antich (PSOE), José Ramón Bauzá (PP), Marcelino Iglesias (PSOE), Juan José Imbroda (PP), Joan Lerma (PSOE), Juan José Lucas (PP) y José Montilla (PSOE). Podrían unirse otros como Luisa Fernanda Rudi (PP) y José Antonio Monago (PP).
- Hay dos exministros: Carmen Alborch (PSOE) y Javier Arenas (PP). Y ex altos cargos como Santiago López Valdivielso y Rita Barberá, ambos del PP, entre otros.
Se prevé la participación de las comunidades en los debates de esas leyes en el Senado.
Durante la legislatura, el PP con mayoría absoluta clara ha orillado esa reforma que ahora deja para después de las elecciones y ha omitido alguna de las funciones que ya tiene. Por ejemplo, el reglamento del Senado establece que todos los años debe celebrarse un debate sobre el estado de las comunidades, con participación de los presidentes autonómicos, y, sin embargo, en esta legislatura no se ha celebrado ninguno.
También se prevé la celebración de sesiones de la llamada Comisión General de Autonomías para asuntos concretos con participación de consejeros de comunidades, sin embargo, frente a las 29 de la anterior legislatura, en esta solo se ha reunido tres veces y por obligación legal: para la ley de educación o ley Wert; para la reforma local y para la del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Para lo que queda de legislatura, la oposición considera que los cálculos legislativos del Gobierno pasan por un calendario en el que, necesariamente, en el Senado no se introducirán enmiendas a los Presupuestos para que dé tiempo a aprobarlos y en el resto de normas es preciso que se dé a las comisiones capacidad legislativa plena, sin pasar por el Pleno.
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