viernes, 21 de agosto de 2015

Israel teme otras huelgas de hambre de presos sin cargos

Un palestino besa la frente del Naser Al-Din, padre del preso, hoy / JAAFAR ASHTIYEH (AFP)

El recluso palestino recobra el conocimiento tras el coma que le fue inducido

JUAN CARLOS SANZ Jerusalén


a huelga de hambre de más de dos meses de duración del preso Mohamed Alan ha reabierto profundas divisiones en Israel, que teme una oleada de protestas entre los 340 palestinos que mantiene encarcelados sin juicio. Algunos de los ministros ultraconservadores del Gabinete de Benjamín Netanyahu han criticado al Tribunal Supremo por “haber cedido al chantaje terrorista”.

El Alto Tribunal ordenó la noche del miércoles suspender la orden de detención administrativa que pesaba sobre Alan desde noviembre, ya que en su estado actual, tras negarse a ingerir alimentos desde el pasado 16 de junio, no supone una amenaza para la seguridad del Estado. Pero también pidió que permanezca como paciente en el mismo hospital de Ashkelon (sur del país) donde se hallaba ingresado como preso para observar su evolución: si se demuestra que el daño neurológico que ha sufrido es irreversible, quedará definitivamente en libertad. Si se recupera, volverá a activarse su detención administrativa, una forma de privación de libertad sin necesidad de presentar cargos ni de intervención judicial y que puede prorrogarse indefinidamente cada seis meses.

El abogado Alan, de 31 años y militante de la Yihad Islámica en Nablús (Cisjordania), ha vuelto a recuperar este jueves el conocimiento tras el coma que le fue inducido la víspera por los médicos ante el grave estado que presentaba. Los responsables del centro sanitario precisaron que el paciente sigue estando muy debilitado.

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En previsión de que el progresivo deterioro de la salud de Alan tras 66 días de huelga de hambre pueda costarle la vida, y de que la Yihad Islámica cumpla su amenaza de atacar a Israel, el Ejército ha desplegado este jueves una batería antimisiles del sistema Cúpula de Hierro en la ciudad de Ashdod, situada también en la costa mediterránea del sur de Israel y al alcance de los cohetes de las milicias palestinas lanzados desde Gaza. Los servicios de seguridad israelíes temen que se desate la violencia en el territorio palestino ocupado de Cisjordania y se desencadenen ataques desde la Franja.

Desde los sectores más conservadores de Israel la decisión judicial de suspender la detención del preso ha sido vista como una cesión ante las presiones palestinas. “El Supremo se ha rendido ante el chantaje del terrorista Mohamed Alan, en lugar de aplicar la ley que permite la alimentación forzada”, afirmó la ministra de Cultura, Miri Regev, ensu cuenta de Twitter, en referencia a la ley aprobada el pasado mes de julio que autoriza a los médicos a alimentar a los presos en huelga de hambre cuando su vida corra peligro. Regev pertenece al Likud, el partido de Netanyahu, y fue miembro de las Fuerzas Armadas de Israel, donde alcanzó el grado de general. “La decisión del Supremo abre la vía a la excarcelación de cientos de presos que pueden seguir el ejemplo de Alan”, precisó. Regev, cuya política de recorte de subvenciones en función del sesgo ideológico de artistas y creadores le ha granjeado el rechazo del mundo de la cultura israelí. El ministro del Interior, Gilad Erdan, también criticó la “capitulación” que a su juicio ha supuesto la resolución del Alto Tribunal, ya que supone “un arma para extorsionar a Israel”. Erdan arremetió además contra el Colegio de Médicos israelí por pedir a los facultativos que se negaran a acatar la ley de alimentación forzada.

En una opinión compartida por la sociedad palestina, Sahar Francis, directora de Addameer, una ONG de defensa de los presos, denuncia que la controversia actual se deriva de la grave violación de derechos que suponen las detenciones administrativas: “A Mohamed Alan se le acusa de terrorismo, pero no se conocen las acusaciones concretas que pesan sobre él… y no puede defenderse”. Francis, cuya organización tiene su sede en Jerusalén Este, también ve contradicciones entre la oferta que hizo la fiscalía de ponerle en libertad en noviembre, cuando vence su actual plazo de detención, y la resolución del Supremo, que solo levanta temporalmente su arresto y no ha tenido en cuenta los graves daños que ha sufrido durante la larga huelga de hambre. Las organizaciones palestinas también creen que el Supremo ha tardado demasiado tiempo en abordar el caso de Alan, lo que puede haber deteriorado irremediablemente su salud.

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