El general Humberto Oviedo reconoció que la institución mantiene contrato como "asesor" a 36 personas que pertenecieron a la Central Nacional de Inteligencia, CNI, la base represora de la dictadura. Otro "autogol" de los uniformados en días que la agenda de DD.HH se agita con nuevas revelaciones.
Por Equipo Cambio21 - 13/08/2015
Conmoción. El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, reconoció ante los diputados de la comisión de Defensa, que 36 personas que fueron parte de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) figura contratada en el Ejército, en calidad de asesores. Pero destacó: en 1990, más de mil funcionarios fueron contratados, de los que quedan, ninguno tiene procesos judiciales pendientes.
A la sesión asistió con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Ambos expusieron ante los parlamentarios, luego de los emplazamientos públicos desde el mundo político y civil sobre las declaraciones del Caso Quemados y la revelación que uno de los autores del crimen de Rodrigo Rojas de Negri, el oficial (r) Julio Castañer, estaba contratado por el Ejército.
Las declaraciones ponen en duda la real voluntad de las Fuerzas Armadas por colaborar en la investigación de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. El pacto de silencio también es un concepto que hace eco durante estos meses. Sobre esto, el uniformado fue claro para decir que la institución "no tiene ni ampara ningún pacto de silencio (...) No podría, ni por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos pactos o amparamos pactos de silencio".
Además, aseguró que la CNI no perteneció a la institución uniformada: "Quiero ser claro, podrán existir interpretaciones, pero la CNI nunca tuvo dependencia del Ejército, era un organismo del Estado. No fue un organismo del Ejército y (sólo) existieron personas que fueron comisionadas".
Sin embargo, lo anterior fue rechazado por el diputado Ricardo Rincón (DC) quien documento en mano le demostró que mediante un oficio de 1975 se consignaba que la CNI era una rama del Ejército para funciones "especializadas".
Oficio a las FF.AA y a Defensa
A las declaraciones anteriores, se sumaron las que el general tenía preparadas sobre el fallecido Manuel Contreras. Ante los diputados aseguró que "se dice que murió como general, eso no es efectivo. El murió como una persona que tiene responsabilidad la familia para poder darle la digna sepultura que todo humano merece, pero no tuvo los honores militares que están dispuestos en el reglamento de Servicio de Guarnición porque hay un Decreto Supremo que ello lo prohíbe".
El diputado Jaime Pilowsky (DC), presidente de la comisión, destacó que, a pesar de lo dicho por Oviedo, "no cabe duda que personal que perteneció al Ejército, y que cometió violaciones a los derechos humanos, o que los presenciaron, mantienen pactos de silencio que no corresponden, que son absolutamente condenables. Mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de lo que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para Chile".
"Respecto de los 36 ex funcionarios de la CNI que aún pertenecen al Ejército, el general Oviedo nos ha señalado que no están vinculados a ningún proceso judicial. Cualquier persona, civil o militar, que se encuentre trabajando en la institución y que se vincule a alguna causa o sea condenado por algún delito debe ser desvinculado inmediatamente del Ejército", agregó.
Pilowsky adelantó que la comisión que preside ya acordó oficiar a las FF.AA y al ministerio de Defensa para que entregue un listado de los funcionarios civiles y militares que estén contratados como asesores externos. "De encontrarse alguna vinculación entre actuales funcionarios y causas de derechos humanos deben ser desvinculados inmediatamente".
Conmoción. El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, reconoció ante los diputados de la comisión de Defensa, que 36 personas que fueron parte de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) figura contratada en el Ejército, en calidad de asesores. Pero destacó: en 1990, más de mil funcionarios fueron contratados, de los que quedan, ninguno tiene procesos judiciales pendientes.
A la sesión asistió con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Ambos expusieron ante los parlamentarios, luego de los emplazamientos públicos desde el mundo político y civil sobre las declaraciones del Caso Quemados y la revelación que uno de los autores del crimen de Rodrigo Rojas de Negri, el oficial (r) Julio Castañer, estaba contratado por el Ejército.
Las declaraciones ponen en duda la real voluntad de las Fuerzas Armadas por colaborar en la investigación de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. El pacto de silencio también es un concepto que hace eco durante estos meses. Sobre esto, el uniformado fue claro para decir que la institución "no tiene ni ampara ningún pacto de silencio (...) No podría, ni por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos pactos o amparamos pactos de silencio".
Además, aseguró que la CNI no perteneció a la institución uniformada: "Quiero ser claro, podrán existir interpretaciones, pero la CNI nunca tuvo dependencia del Ejército, era un organismo del Estado. No fue un organismo del Ejército y (sólo) existieron personas que fueron comisionadas".
Sin embargo, lo anterior fue rechazado por el diputado Ricardo Rincón (DC) quien documento en mano le demostró que mediante un oficio de 1975 se consignaba que la CNI era una rama del Ejército para funciones "especializadas".
Oficio a las FF.AA y a Defensa
A las declaraciones anteriores, se sumaron las que el general tenía preparadas sobre el fallecido Manuel Contreras. Ante los diputados aseguró que "se dice que murió como general, eso no es efectivo. El murió como una persona que tiene responsabilidad la familia para poder darle la digna sepultura que todo humano merece, pero no tuvo los honores militares que están dispuestos en el reglamento de Servicio de Guarnición porque hay un Decreto Supremo que ello lo prohíbe".
El diputado Jaime Pilowsky (DC), presidente de la comisión, destacó que, a pesar de lo dicho por Oviedo, "no cabe duda que personal que perteneció al Ejército, y que cometió violaciones a los derechos humanos, o que los presenciaron, mantienen pactos de silencio que no corresponden, que son absolutamente condenables. Mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de lo que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para Chile".
"Respecto de los 36 ex funcionarios de la CNI que aún pertenecen al Ejército, el general Oviedo nos ha señalado que no están vinculados a ningún proceso judicial. Cualquier persona, civil o militar, que se encuentre trabajando en la institución y que se vincule a alguna causa o sea condenado por algún delito debe ser desvinculado inmediatamente del Ejército", agregó.
Pilowsky adelantó que la comisión que preside ya acordó oficiar a las FF.AA y al ministerio de Defensa para que entregue un listado de los funcionarios civiles y militares que estén contratados como asesores externos. "De encontrarse alguna vinculación entre actuales funcionarios y causas de derechos humanos deben ser desvinculados inmediatamente".
Oviedo fue nombrado comandante en jefe del Ejército por Sebastián Piñera en noviembre de 2013
Ejército en duda
Por su parte, el diputado y jefe de bancada del PPD, Jorge Tarud, manifestó que no quedó conforme con las explicaciones sobre la contratación de Castañer -uno de los principales inculpados en el caso Quemados-, y por eso solicitó al general Oviedo la entrega del listado completo de todas las contrataciones que hace al exterior el Ejército de Chile.
Tarud agregó que "el reconocimiento del propio Comandante en Jefe de que hasta el día de hoy tienen contratados a 36 ex agentes de la CNI me parece absolutamente inaceptable, y en consecuencia llamo al ministro de Defensa a que esta gente que formó parte de una organización criminal, sea desvinculada del Ejército de forma inmediata".
Tecnicismo uniformado
El diputado Pedro Browne, secretario general de Amplitud, también manifestó sus dudas al respecto. En entrevista con Cambio21, destacó que aún quedan muchas preguntas sin responder, misma razón por la que Oviedo volverá a la instancia el 25 de agosto. El parlamentario consideró que las explicaciones solo dañan a la institución y la dejan bajo la duda.
Según Browne "Oviedo defiende que una persona que no esté juzgada o condenada tenga el derecho a trabajar, pero una institución como el Ejército, no puede correr riesgos. Estamos viendo que de esas personas comienza a parecer más información, la que termina generando un problema al Ejército. Es un riesgo que no tiene sentido. Habiendo tantas personas que pueden colaborar, eligen a los vinculados a la CNI, la DINA y a casos de DD.HH"
Sobre la supuesta independencia de la CNI de los uniformados, el diputado dijo que "es un eufemismo. No lo comparto. Quizá durante la dictadura, dependía del Ministerio del Interior, pero estaba vinculada al Ejército y controlada por las Fuerzas Armadas. Termina siendo un eufemismo sin sentido. Es un tema semántico, pero sabemos que tiene dependencia. El que estaba a cargo era un general y no un civil".
El parlamentario consideró que las señales que entrega el Ejército, mientras dice que colabora con la justicia, "no se conllevan con algunas que quizás no son tan grandes, pero significan mucho y terminan empañando todo lo que hagan (...) Las contradicciones existen y una más de estas es que existan dentro del Ejército cuadros colgados de Manuel Contreras. Lo único que hacen es desprestigiar a la intuición y claramente es alguien con el que no deberían tener vinculación.
Ejército en duda
Por su parte, el diputado y jefe de bancada del PPD, Jorge Tarud, manifestó que no quedó conforme con las explicaciones sobre la contratación de Castañer -uno de los principales inculpados en el caso Quemados-, y por eso solicitó al general Oviedo la entrega del listado completo de todas las contrataciones que hace al exterior el Ejército de Chile.
Tarud agregó que "el reconocimiento del propio Comandante en Jefe de que hasta el día de hoy tienen contratados a 36 ex agentes de la CNI me parece absolutamente inaceptable, y en consecuencia llamo al ministro de Defensa a que esta gente que formó parte de una organización criminal, sea desvinculada del Ejército de forma inmediata".
Tecnicismo uniformado
El diputado Pedro Browne, secretario general de Amplitud, también manifestó sus dudas al respecto. En entrevista con Cambio21, destacó que aún quedan muchas preguntas sin responder, misma razón por la que Oviedo volverá a la instancia el 25 de agosto. El parlamentario consideró que las explicaciones solo dañan a la institución y la dejan bajo la duda.
Según Browne "Oviedo defiende que una persona que no esté juzgada o condenada tenga el derecho a trabajar, pero una institución como el Ejército, no puede correr riesgos. Estamos viendo que de esas personas comienza a parecer más información, la que termina generando un problema al Ejército. Es un riesgo que no tiene sentido. Habiendo tantas personas que pueden colaborar, eligen a los vinculados a la CNI, la DINA y a casos de DD.HH"
Sobre la supuesta independencia de la CNI de los uniformados, el diputado dijo que "es un eufemismo. No lo comparto. Quizá durante la dictadura, dependía del Ministerio del Interior, pero estaba vinculada al Ejército y controlada por las Fuerzas Armadas. Termina siendo un eufemismo sin sentido. Es un tema semántico, pero sabemos que tiene dependencia. El que estaba a cargo era un general y no un civil".
El parlamentario consideró que las señales que entrega el Ejército, mientras dice que colabora con la justicia, "no se conllevan con algunas que quizás no son tan grandes, pero significan mucho y terminan empañando todo lo que hagan (...) Las contradicciones existen y una más de estas es que existan dentro del Ejército cuadros colgados de Manuel Contreras. Lo único que hacen es desprestigiar a la intuición y claramente es alguien con el que no deberían tener vinculación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario