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El ministro de Justicia insiste en que "cualquiera que incumple las leyes tiene una responsabilidad administrativa, civil o penal"
JAN MARTÍNEZ AHRENS 23 SEP 2015 - 11:05 CEST
El Gobierno estará abierto al diálogo, pero se mantendrá firme tras el27-S y pondrá en marcha toda la maquinaria legal, incluida la penal, si se vulnera la Constitución. Así resumió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de visita oficial en México, la línea política que sostendrá el Ejecutivo al día siguiente de las elecciones en Cataluña. “El Parlamento catalán siempre va a encontrar voluntad de diálogo en el Gobierno. Hay quienes se han empleado en transmitir la idea de que desde Madrid no se habla. Es absolutamente incierto. Lo que ha pasado es que la Generalitat ha planteado cuestiones de imposible aceptación. Pero si el nuevo Ejecutivo catalán abre un cauce equilibrado y leal, se podrá trabajar. ¿Por qué no? Ya lo hacemos cotidianamente”, dijo el ministro.
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Tras esta mano tendida, Catalá sacó la habitual cartuchera argumentativa y recordó que el diálogo tiene un marco que no se puede romper. “Cualquier debate o discrepancia debe llevarse a cabo dentro de la Constitución. Y si se pone en marcha algún tipo de actuación legislativa o de hecho contraria, el deber del Gobierno es promover con toda la fuerza del derecho y de nuestra democracia las acciones impugnación que correspondan. Es lo que se hace habitualmente cuando una autonomía dicta normas que van más allá de su competencia, sin necesidad de plan b ni medidas extraordinarias”. Bajo este principio de firmeza, el ministro trajo a colación la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por las acciones desarrolladas en la consulta del pasado 9 de noviembre. “Ahora hay un proceso penal abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esas son las reglas del juego. Nadie puede estar por encima de la ley. Cualquier ciudadano que incumple las leyes tiene una responsabilidad administrativa, civil o penal”, remachó.
Catalá, con todo, intentó quitar hierro a las elecciones del domingo. Aunque reconoció la “polarización" entre fuerzas independentistas y constitucionalistas, situó los comicios en el habitual proceso de renovación autonómico e insistió en que en el “corto plazo” no espera ninguna acción impugnable. En este contexto, aprovechó para lanzar un dardo a los cálculos de Artur Mas. “Es una paradoja que para reformar el Estatut se necesite mayoría de tres quintos en el Parlamento catalán, una Ley Orgánica en el Parlamento nacional y un referéndum favorable, y que para promover la independencia baste con un escaño más o un porcentaje mínimo de votos. Es contradictorio y carece de legitimidad democrática”, concluyó.
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