miércoles, 21 de octubre de 2015

El ministro de Justicia de Perú dimite por el caso Nadine Heredia

El presidente peruano Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia. / RODRIGO ABD (AP)

El Congreso buscaba censurar a Gustavo Adrianzén por obstruir a la procuradora de lavado de activos que pidió investigar a Nadine Heredia

JACQUELINE FOWKS Lima 21 OCT 2015 - 06:09 CEST


El ministro de Justicia de Perú, Gustavo Adrianzén, renunció este martes al cargo 48 horas antes de que el Congreso votara su censura por hostigar a la procuradora que pidió al Ministerio Público una prueba grafotécnica a la primera dama Nadine Heredia. Tres meses de ataques verbales de parte de Adrianzén a la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe concluyeron, cuando el Gobierno de Ollanta Humala destituyó a la funcionaria más identificada contra la lucha anticorrupción. Príncipe declaró en julio que dos parientes de Heredia debían ser investigados por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del año 2006.

La mañana del martes, políticos y líderes de opinión de todas las tendencias criticaron al Gobierno, argumentando que el despido de la procuradora de lavado de activos desde el 2009, era un golpe a la lucha anticorrupción, debido a que su despacho investigó grandes casos, como el de la mafia de Rodolfo Orellana, a quien denunció en 2010 por armar una red de lavado de dinero y apropiación ilegal de propiedades, confabulado con notarios, fiscales y por lo menos un congresista. Orellana fue detenido en noviembre del año pasado en Colombia.

“Es un golpe a la lucha contra la corrupción”, comentó el presidente del Congreso Luis Iberico, de la organización política Alianza para el Progreso, que no siempre vota en oposición al oficialismo.

En un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo lamentó “que el Poder Ejecutivo haya dispuesto el cese de la procuradora pública de lavado de activos” y pidió al ministerio de Interior le brinde protección policial “teniendo en cuenta que los casos que ha tenido a su cargo la colocan a ella y a su familia en una especial situación de inseguridad”.

Pero además, la destitución de Príncipe ha sido leída por todos los sectores políticos como un episodio más del uso del aparato del Estado para defender a la primera dama de las investigaciones sobre lavado de activos que se reiniciaron este año, luego de que en 2009 el Ministerio Público archivara una primera indagación. “Somos abogados del Estado, no somos abogados del Gobierno y eso se respeta”, declaró la exprocuradora Príncipe en su defensa este martes.

Cuatro agendas pertenecientes, supuestamente, a la primera dama muestran las anotaciones sobre miles de dólares transferidos entre sus cuentas y las de amigos y familiares

Si bien la esposa del presidente logró en junio, mediante un habeas corpus, impedir que el Ministerio Público investigue sus cuentas bancarias y los de su amiga Rocío Calderón, entre 2005 y 2009, en julio la procuradora se pronunció en sentido contrario.

“Consideramos que hay elementos suficientes, hechos y evidencias que requieren ser investigados, por eso es que se ha solicitado la ampliación para comprender al hermano de Nadine Heredia, a Martín Belaunde y a un pariente (de la primera dama) y que se amplíe la investigación del financiamiento de la campaña del 2006”, dijo entonces. El ministro Adrianzén replicó que los abogados del Estado (procuradores) son como los contratados por un particular y que si no estaba de acuerdo, era mejor que “diera un paso al costado”.

Pero a mediados de agosto un programa de televisión mostró el contenido de cuatro agendas pertenecientes supuestamente a la primera dama, en las que abundan las anotaciones sobre miles de dólares transferidos entre las cuentas de Heredia, amigos y familiares. El revuelo en torno a la primera dama se reavivó y su abogado dijo que denunciarían a quienes habían robado los cuadernos.

Sin embargo, la estrategia posterior de defensa fue negar que los documentos eran de la esposa del presidente. Fue entonces, en septiembre, que la procuradora Príncipe solicitó al Ministerio Público un peritaje grafotécnico para determinar si las anotaciones en aquellas páginas eran de Heredia, y el ministro de Justicia volvió a cuestionarla, asegurando que no había pedido permiso para declarar a los medios sobre ese tema.

La primera dama invadió la política peruana incluso hasta la tarde y noche del martes, pues el Tribunal Constitucional falló acerca del recurso interpuesto por el Ministerio Público para continuar la investigación a Heredia sobre el financiamiento de la campaña de 2006 y presunto lavado de activos. La sentencia del Constitucional anula el habeas corpus que favoreció antes a Heredia, e indica que el entorno de la primera dama podrá ser investigado de 2006 a 2015. Su defensor, Eduardo Roy Gates, declaró a Radioprogramas que el fallo pasa por alto la Constitución y ha sido producto de presiones políticas. “No procede el recurso de agravio constitucional cuando el demandado perdió en segunda instancia. Existen errores en esta sentencia”, afirmó.

Nadine Heredia afronta el índice más bajo de aprobación de su gestión, con 13% según la encuesta nacional de Datum de octubre. En tanto que el peso político de Humala cayó nuevamente el viernes con la renuncia irrevocable de la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza, al gobernante Partido Nacionalista. El Gobierno inició el período en 2011 con 49 congresistas oficialistas y actualmente mantiene solo 28.

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