miércoles, 21 de octubre de 2015

UPOV 91 y otras leyes de semillas: guía básica de cómo las grandes empresas semilleras intentan controlar y monopolizar las semillas

GRAIN es una pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.

Por GRAIN (
news@grain.org)

En todo el mundo, las semillas y los sistemas campesinos de semillas están siendo atacados. Las corporaciones están presionando para imponer nuevas leyes y regulaciones, aun más agresivas que las actualmente en vigor, que criminalizan a los agricultores por sembrar, guardar, intercambiar y cuidar de sus semillas. Si las empresas logran su objetivo, los agricultores de todo el mundo enfrentarán la posibilidad de ser encarcelados o multados duramente por hacer lo que han hecho por siglos. Es alarmante que los gobiernos de los países no industrializados muestren tan escasa o ninguna intención de resistirse, y en algo más que unos pocos casos hayan cooperado activamente con estas agresiones. La aprobación reciente de un nuevo Protocolo sobre propiedad intelectual sobre variedades vegetales por parte de los Estados miembros de la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO, por sus siglas en inglés) es sólo el ejemplo más reciente.

"SALVA NUESTRAS SEMILLAS DE LA CODICIA CORPORATIVA" 

Los sistemas campesinos de semillas existen desde los inicios de la agricultura y son una condición fundamental para que las familias y comunidades campesinas en todo el mundo puedan seguir cultivando libremente, y así logren la seguridad y la soberanía alimentaria. Los derechos de los agricultores sobre las semillas han sido reconocidos por los gobiernos en varios tratados internacionales, pero los mismos gobiernos están firmando nuevas leyes y regulaciones que destruyen tales derechos y permiten que las multinacionales aumenten su control y poderes monopólicos sobre las semillas. Los cambios que estamos presenciando son graves y de máxima importancia.

Recientemente, Vía Campesina y GRAIN publicaron un folleto que describe los modos en que las comunidades campesinas y agricultoras están siendo afectadas por estas nuevas legislaciones y cómo están luchando en contra de ellas. 1 GRAIN publicó también una base de datos y un mapa2 que muestra lo que se puede o no se puede hacer con las semillas en una gran cantidad de países según la legislación vigente. Este folleto complementa estos materiales y tiene la intención de explicar en profundidad cómo están afectando las leyes de semillas al campesinado. Utilizando extractos provenientes de la legislación de varios países, mostramos cómo está ocurriendo esto.

La presión internacional por privatizar las semillas

La ofensiva de las corporaciones para controlar y monopolizar las semillas se basa en múltiples estrategias. Una fundamental es poner presión sobre los países para privatizar las semillas a través de una legislación que otorgue lo que se conoce como derechos de obtentor o protección de variedades vegetales. Pero existen otras regulaciones que funcionan en la misma dirección: las leyes de patentes sobre plantas, que son cada vez más comunes, las leyes de certificación de semillas, las leyes de comercialización de semillas, y las normas de seguridad alimentaria, entre otras. Muchos movimientos sociales las llaman “Leyes Monsanto” para indicar quiénes han participado en su redacción y quiénes se benefician más a partir de ellas.

Las nuevas reglas pueden ser impuestas como leyes, decretos, órdenes ejecutivas, órdenes administrativas, regulaciones ministeriales, etcétera, pero su propósito es el mismo en todos los ámbitos: entregar derechos exclusivos a las corporaciones para controlar el suministro de semillas. En algunos casos, esto se hace muy explícito. Por ejemplo, una ley de semillas modelo para los países del Sur de África, promocionado por la agencia USAID, estipula que la agencia nacional de semillas “deberá tomar las medidas necesarias para promover el crecimiento y desarrollo de la industria de semillas”3 Aunque se podría argumentar que los pequeños productores de semillas también pueden ser parte de la industria semillera, el hecho es que los gobiernos están cediendo a las presiones de las grandes empresas y que las reglas que se imponen están claramente sesgadas a favor de los grandes y no de los pequeños productores. Un ejemplo son los requisitos acerca de las instalaciones y el personal necesarios para comercializar semillas.

También se está obligando a los gobiernos a no involucrarse en actividades de mejoramiento genético o distribución de semillas. El gobierno instaurado en Afganistán después de la invasión de Estados Unidos incluyó el siguiente requisito en la nueva ley de semillas: “el Ministerio adoptará las medidas necesarias para asegurar que la producción y comercio en todos los tipos de semillas sean realizados por el sector privado y ...deberá desligarse de toda la producción de semillas y de empresas y actividades de comercialización de semillas”.

UPOV

UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

La modificación de 1991 fue particularmente polémica, porque eliminó el derecho de los agricultores a guardar semillas privatizadas y limitó lo que otros mejoradores genéticos podían hacer con esa semilla. Creada en 1961, durante la mayor parte de su historia la UPOV ha sido un pequeño y más bien oscuro club, sobre todo de países ricos que quisieron promover los intereses de sus empresas semilleras. A la fecha de la última revisión, 1991, sólo 20 países eran miembros. Pero después que la OMC aceptara en 1994 que todos los países miembros de la OMC debían tener derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales, la membresía de la UPOV aumentó muy rápido, a más de 70 países que hoy son miembros. Mucho de esto se debió a la presión de los países ricos para que los países no industrializados se adhirieran a UPOV, presión ejercida fuertemente con los tratados de libre comercio.

Una importante y poderosa arma táctica de los países industrializados para presionar en pos de la privatización de las semillas en todo el mundo ha sido incluirla en los acuerdos de libre comercio bilaterales o regionales. Uno podría preguntarse qué tiene que ver el derecho de los campesinos a conservar su semilla con el libre comercio, pero para los negociadores esa relación está muy clara: los agricultores que guardan e intercambian semillas compiten con el comercio global de las mismas. El objetivo es asegurar que compañías como Monsanto o Syngenta puedan controlar el comercio de semillas en general y maximizar la ganancia de sus negocios semilleros al impedir que los campesinos multipliquen y guarden sus semillas —un poco del modo en que Hollywood o Microsoft intentan impedir que las personas copien y compartan películas o software. Por tanto, Estados Unidos ha incluido en todos los acuerdos de libre comercio que ha firmado un párrafo que obliga a los otros países a afiliarse —como mínimo— a la Convención de la UPOV en su versión de 1991, que entrega la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales a los mejoradores genéticos de las corporaciones. La Unión Europea está aplicando exactamente la misma política y Japón se mueve en la misma dirección. Si se firma el Acuerdo de Cooperación Trans-Pacífico (TPP), es probable que la situación empeore, ya que los documentos que se han filtrado demuestran que Estados Unidos están presionando no sólo por legislaciones del tipo UPOV 91, sino también por el patentamiento de plantas y animales.

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