lunes, 21 de marzo de 2016

Bastardos sin gloria

Las muertes de hombres como Sergio Arellano Stark o Manuel Contreras dan cuenta de que el tiempo para hacer justicia, con respecto a los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, se está agotando.


por MARTÍN DE GREGORIO CORTÉS

Impunes. Así mueren en este país los hombres ominosos que se llevaron consigo a quienes fueron víctimas del aparato estatal. Hombres que a punta de fusil silenciaron para siempre las voces disidentes; hombres que, cual soberano, bendecidos por la junta militar y la CIA, ordenaban quién vivía y quién moría.

“Tantos desaparecidos que dejaste sin cantar”, se podía leer en un pequeño y sencillo cartel colgado en las rejas a las afueras del Hospital Militar cuando murió Manuel Contreras, un mensaje que da cuenta del sufrimiento que causó este hombre, pero también un hecho que logró congregar a un numeroso grupo de personas con contradictorios sentimientos de júbilo y tristeza. Ahora fue el turno de Sergio Arellano Stark, y me pregunto: ¿es la muerte natural de estos hombres el único alivio al que familiares y compatriotas de estos hombres y mujeres asesinados o torturados podemos aspirar? Espero que no.

El siglo XX saturó de evidencia de que toda nación que experimenta un episodio de autoritarismo o totalitarismo, acumula odio, y que este sentimiento colectivo permanece retenido, condenándola a vivir convulsionada, dividida, desconfiada de sí misma. Es una obligación para la sociedad enfrentar los acontecimientos de la historia, pues de lo contrario, como señalaba el filósofo Walter Benjamin, estará condenada a repetirlos. Para remediar está condición, las sociedades se ven emplazadas a distender el odio a través de un pacto social total, que pretende ser la piedra fundante de un nuevo periodo en la historia y por el cual se establecen las nuevas reglas que regirán a la sociedad, y donde también se determinan las reparaciones para las víctimas y sus familiares, y las sanciones para los victimarios, que en el caso europeo incluyeron ejecuciones y cadenas perpetuas a los altos mandos del aparato estatal represor.

Fue a partir de estos pactos que se erigieron los Estados de Bienestar de la Europa Occidental culminada la Segunda Guerra Mundial, y que en sus bases buscaban ofrecer una vida digna a todos los miembros de la nación, garantizando a sus ciudadanos, por ejemplo, acceso universal y gratuito a la educación y la salud, y manteniendo a raya las condiciones sociales y políticas que hicieron posible el exterminio de la época.

En Chile, tal pacto social no ha existido tras la dictadura. Las venas abiertas producto de la dictadura siguen tal como ayer, pero invisibilizadas, ninguneadas. El neoliberalismo importado de la Escuela de Economía de Chicago, y resguardado por la violencia militar, permanece intacto.

Stark y Contreras serán por siempre dos fantasmas que penarán impunes en la historia de Chile, pero evitar que más culpables se les unan es trabajo de todos, ahora, pues el reloj de la historia no se detiene.

Las muertes de hombres como Sergio Arellano Stark o Manuel Contreras dan cuenta de que el tiempo para hacer justicia, con respecto a los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, se está agotando. Para enmendar la historia de Chile debemos dejar de ocultarla y establecer un paréntesis como sociedad para determinar una reformulación del sistema, dignas medidas de reparación para familiares de las víctimas, la búsqueda incesante de detenidos desaparecidos y la condenación de los culpables. La elaboración del Informe Rettig y la Comisión Valech son solo una parte necesaria pero no absoluta del proceso de sanación social que reclama que los involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados y condenados, realmente condenados: sin privilegios, sin estadías en recintos especiales, sin sentencias simbólicas. Solo así se consuma la justicia.

Y bien sabemos que justicia que llega tarde, no es justicia. Esta es una premisa que no podemos olvidar pero que cada día se vuelve más palpable. Distender un pacto de reparación histórica, cuyo evento debió haber comenzado el 11 de marzo de 1990 y que hasta hoy no constituye una prioridad política, solo acrecentará las consecuencias que de su ausencia derivan. La omisión gubernamental junto con el silencio mediático –recordemos una de la más recientes censuras de TVN con el documental Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán– han sido una constante que debe terminar, y tanto el gobierno como los medios deben involucrarse activamente en este proceso si queremos reponernos como sociedad.

Stark y Contreras serán por siempre dos fantasmas que penarán impunes en la historia de Chile, pero evitar que más culpables se les unan es trabajo de todos, ahora, pues el reloj de la historia no se detiene.

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