Empieza el goteo de información después de la visita de Obama
Por RAMIRO BARREIRO - Buenos Aires
La visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Argentina trajo aparejada la promesa de apertura de archivos relacionados con las detenciones ilegales por parte del gobierno argentino durante la dictadura militar 1976-1983. Se trata de información clave para conocer el destino de muchas personas que continúan siendo buscadas por los familiares y por el Estado. El miércoles, la Cancillería convocó a la prensa para dar a conocer la recepción de un completo documento que puede significar el punto de partida para el esclarecimiento de más de 60 casos.
El Vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, anunciaron las comunicaciones, que datan del período entre 1978 y 1982, sobre violaciones de derechos humanos en la Argentina, ante un requerimiento que hiciera Argentina tanto en administraciones anteriores como actualmente.
“Son denuncias que estaban registradas en el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo (CRE). Se trata de actas que se fueron conformando, incluso con respuesta del gobierno militar de entonces, vinculadas a reclamos sobre personas desaparecidas. Hay casos de ciudadanos uruguayos y chilenos. Y cabe señalar una particularidad: la UNESCO por aquellos años era una de las pocas ventanillas, como organismo internacional, donde se podían canalizar este tipo de denuncias”, explicó Foradori.
“Ese comité de la UNESCO examinaba violaciones a los derechos humanos vinculadas fundamentalmente con víctimas del ámbito de la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. Hemos obtenido esos documentos hace dos o tres días y, siguiendo desde un comienzo las instrucciones precisas de la Canciller Malcorra, lo vamos a entregar de forma inmediata a la Secretaria de Derechos Humanos para que haga el procesamiento y el entrecruzamiento correspondiente”, añadió el Vicecanciller.
Foradori también subrayó que “se trata de información importante para nuestro país sobre una página negra de nuestra historia y sus trágicas consecuencias”, a la vez que recordó que en ocasión de la visita del Presidente Obama a la Argentina, el Gobierno del Presidente Macri solicitó a los EEUU la desclasificación de archivos, lo que calificó como “un proceso que está avanzando”.
Los documentos son análisis de admisibilidad y poco dicen acerca del destino de las personas involucradas. Sin embargo, tanto los responsables de Cancillería como de Derechos Humanos de Argentina y los familiares creen que puede significar un punto de partida para solicitar a la Unesco la ampliación de datos y avanzar en las investigaciones.
Entre las 75 denuncias que la UNESCO hizo públicas a pedido de Argentina se encuentran los casos de Alfredo Bravo; la familia Tarnopolsky; el músico Miguel Ángel Estrella; los niños uruguayos Anatole y Eva Julien Grisonas; secuestrados en nuestro país y encontrados en Chile; Fernando de Hallgarten; Alejandro Gutiérrez, hijo de la fallecida Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Claudia Falcone, víctima de la noche de los lápices; y el poeta Claudio Grandi, entre otros. Cabe destacar el caso del pianista argentino Miguel Ángel Estrella que constituyó un antecedente emblemático ya que la correspondiente denuncia ante el CRE le dio visibilidad internacional y protección. Estrella fue embajador argentino ante la Unesco hasta febrero de este año, cuando fue reemplazado por Rodolfo Terragno.
La familia de Daniel Tarnopolsky fue secuestrada en 1976. Policías vestidos de civil pero encapuchados se llevaron a su padre, Hugo, y a su madre, Blanca Edith Edelberg. Horas después, su hermana Betina fue capturada en el domicilio de su abuela. La dictadura también se llevó a su hermano Sergio y su cuñada Laura del Duca.
El documento dedicado a esos casos en los archivos dice que la admisibilidad del caso quedó suspendida. “No debían haber tenido problemas dado que mi padre era químico, mi madre psicopedagoga, mi hermano estudiante de psicología, mi cuñada estudiante de letras y mi hermana de 15 años en la escuela secundaria”, sugirió Daniel. El hombre ahora espera que la Unesco entregue más información para dar con el destino de su familia.
“Es muy escueta la información, falta que la Unesco vuelva a mandar más datos sobre el ida y vuelta de los casos, que se abran realmente los archivos en forma completa”, afirmó, “Algo es, pero si el gobierno argentino de esa época repitió con la Unesco lo que hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA) será una tontería. En mi caso, el gobierno argentino contestó formalmente que puesto que yo vivía en Francia quería decir que todos mis familiares estaban clandestinos en Francia”.
“Me sorprende que sea la Unesco porque no estábamos al tanto de que se hayan ocupado de esto. Tampoco recuerdo haber mandado comunicación a la Unesco aunque tengo que revisar mis archivos, tal vez mi abuela sí lo hizo a través de la organización de familiares. Nosotros trabajábamos con la ONU, la OEA, Amnesty Internacional y la Cruz Roja y capaz alguno de estos organismos terminó derivando a la Unesco. Pudo haber un manejo de información entre estos organismos”, finalizó.
El Vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, anunciaron las comunicaciones, que datan del período entre 1978 y 1982, sobre violaciones de derechos humanos en la Argentina, ante un requerimiento que hiciera Argentina tanto en administraciones anteriores como actualmente.
“Son denuncias que estaban registradas en el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo (CRE). Se trata de actas que se fueron conformando, incluso con respuesta del gobierno militar de entonces, vinculadas a reclamos sobre personas desaparecidas. Hay casos de ciudadanos uruguayos y chilenos. Y cabe señalar una particularidad: la UNESCO por aquellos años era una de las pocas ventanillas, como organismo internacional, donde se podían canalizar este tipo de denuncias”, explicó Foradori.
“Ese comité de la UNESCO examinaba violaciones a los derechos humanos vinculadas fundamentalmente con víctimas del ámbito de la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. Hemos obtenido esos documentos hace dos o tres días y, siguiendo desde un comienzo las instrucciones precisas de la Canciller Malcorra, lo vamos a entregar de forma inmediata a la Secretaria de Derechos Humanos para que haga el procesamiento y el entrecruzamiento correspondiente”, añadió el Vicecanciller.
Foradori también subrayó que “se trata de información importante para nuestro país sobre una página negra de nuestra historia y sus trágicas consecuencias”, a la vez que recordó que en ocasión de la visita del Presidente Obama a la Argentina, el Gobierno del Presidente Macri solicitó a los EEUU la desclasificación de archivos, lo que calificó como “un proceso que está avanzando”.
Los documentos son análisis de admisibilidad y poco dicen acerca del destino de las personas involucradas. Sin embargo, tanto los responsables de Cancillería como de Derechos Humanos de Argentina y los familiares creen que puede significar un punto de partida para solicitar a la Unesco la ampliación de datos y avanzar en las investigaciones.
Entre las 75 denuncias que la UNESCO hizo públicas a pedido de Argentina se encuentran los casos de Alfredo Bravo; la familia Tarnopolsky; el músico Miguel Ángel Estrella; los niños uruguayos Anatole y Eva Julien Grisonas; secuestrados en nuestro país y encontrados en Chile; Fernando de Hallgarten; Alejandro Gutiérrez, hijo de la fallecida Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Claudia Falcone, víctima de la noche de los lápices; y el poeta Claudio Grandi, entre otros. Cabe destacar el caso del pianista argentino Miguel Ángel Estrella que constituyó un antecedente emblemático ya que la correspondiente denuncia ante el CRE le dio visibilidad internacional y protección. Estrella fue embajador argentino ante la Unesco hasta febrero de este año, cuando fue reemplazado por Rodolfo Terragno.
La familia de Daniel Tarnopolsky fue secuestrada en 1976. Policías vestidos de civil pero encapuchados se llevaron a su padre, Hugo, y a su madre, Blanca Edith Edelberg. Horas después, su hermana Betina fue capturada en el domicilio de su abuela. La dictadura también se llevó a su hermano Sergio y su cuñada Laura del Duca.
El documento dedicado a esos casos en los archivos dice que la admisibilidad del caso quedó suspendida. “No debían haber tenido problemas dado que mi padre era químico, mi madre psicopedagoga, mi hermano estudiante de psicología, mi cuñada estudiante de letras y mi hermana de 15 años en la escuela secundaria”, sugirió Daniel. El hombre ahora espera que la Unesco entregue más información para dar con el destino de su familia.
“Es muy escueta la información, falta que la Unesco vuelva a mandar más datos sobre el ida y vuelta de los casos, que se abran realmente los archivos en forma completa”, afirmó, “Algo es, pero si el gobierno argentino de esa época repitió con la Unesco lo que hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA) será una tontería. En mi caso, el gobierno argentino contestó formalmente que puesto que yo vivía en Francia quería decir que todos mis familiares estaban clandestinos en Francia”.
“Me sorprende que sea la Unesco porque no estábamos al tanto de que se hayan ocupado de esto. Tampoco recuerdo haber mandado comunicación a la Unesco aunque tengo que revisar mis archivos, tal vez mi abuela sí lo hizo a través de la organización de familiares. Nosotros trabajábamos con la ONU, la OEA, Amnesty Internacional y la Cruz Roja y capaz alguno de estos organismos terminó derivando a la Unesco. Pudo haber un manejo de información entre estos organismos”, finalizó.
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