Por M. E. Alvarez y M. J. Soto
Un informe con una lista de países que no han cumplido con la implementación de un protocolo facultativo contra la tortura está por estos días en manos del gobierno.
Ese protocolo implica la creación, al interior de cada país, de una entidad que tiene como objetivo prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de su libertad que pudieran sufrir torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El escrito fue elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU. Y fue finalizado a mediados de julio. En él se da cuenta de 11 naciones que se encuentran en deuda en esta materia. Chile es parte de ese listado. Y junto a Argentina son los dos únicos países de la región. Además, figuran en esta lista Camboya, Congo, Gabón, Libia, Liberia, Nigeria, Panamá, Benín y Burkina Faso.
De acuerdo a la publicación de la entidad ONU, estos países se encuentran “sustancialmente atrasados” en la implementación del protocolo para la creación de una unidad preventiva sobre tortura.
La conclusión realizada por este organismo se realizó luego de que un grupo de sus funcionarios visitaran nuestro país en abril pasado, oportunidad en la que realizaron una serie de encuentros y entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad. Además, se entrevistaron con personal de Gendarmería y Carabineros, además de integrantes de los equipos médicos de algunas cárceles en distintas ciudades.
Junto con hacer pública la lista de países que se encuentran atrasados en esta materia, el Subcomité para la Prevención de la Tortura informó a Chile respecto de una serie de recomendaciones y observaciones para subsanar esta situación. Los detalles de dichos cuestionamientos, sin embargo, tienen carácter de reservado. Esto, por opción del gobierno chileno.
La ONU, en todo caso, le fijó un plazo de seis meses a La Moneda para que elabore las respuestas oficiales a los cuestionamientos realizados. Ese plazo vence el 26 de diciembre.
Alerta en La Moneda
Los resultados del informe generaron preocupación en La Moneda, ya que esto se suma a reclamos que agrupaciones de derechos humanos han planteado en varias oportunidades respecto de los pocos avances que ha tenido el gobierno en la materia.
De hecho, tras el documento elaborado por la ONU, en el Ejecutivo han intentado acelerar algunas iniciativas relacionadas con la materia, entre ellas, el proyecto de tipificación de la tortura (ver recuadro).
Respecto de las conclusiones del informe, la Cancillería creó, a través de su Departamento de Derechos Humanos, un equipo de trabajo interministerial para elaborar las respuestas oficiales a la ONU.
Dicho equipo ya se ha reunido dos veces, con el objetivo de establecer cuanto antes el mecanismo de prevención de la tortura.
Desde el gobierno explicaron, además, que es el Ministerio de Justicia el encargado de realizar la elaboración del anteproyecto que permitirá crear este mecanismo.
Sin embargo, en La Moneda reconocen que la agitada agenda legislativa programada para lo que queda de este año ha hecho que sea complejo comprometer la tramitación de dicha iniciativa, la que contempla modificaciones jurídicas, políticas y también de carácter financiero.
Una de las opciones que se barajan es entregar estas facultades de prevención y fiscalización al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, aclararon que hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva.
Un informe con una lista de países que no han cumplido con la implementación de un protocolo facultativo contra la tortura está por estos días en manos del gobierno.
Ese protocolo implica la creación, al interior de cada país, de una entidad que tiene como objetivo prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de su libertad que pudieran sufrir torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El escrito fue elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU. Y fue finalizado a mediados de julio. En él se da cuenta de 11 naciones que se encuentran en deuda en esta materia. Chile es parte de ese listado. Y junto a Argentina son los dos únicos países de la región. Además, figuran en esta lista Camboya, Congo, Gabón, Libia, Liberia, Nigeria, Panamá, Benín y Burkina Faso.
De acuerdo a la publicación de la entidad ONU, estos países se encuentran “sustancialmente atrasados” en la implementación del protocolo para la creación de una unidad preventiva sobre tortura.
La conclusión realizada por este organismo se realizó luego de que un grupo de sus funcionarios visitaran nuestro país en abril pasado, oportunidad en la que realizaron una serie de encuentros y entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad. Además, se entrevistaron con personal de Gendarmería y Carabineros, además de integrantes de los equipos médicos de algunas cárceles en distintas ciudades.
Junto con hacer pública la lista de países que se encuentran atrasados en esta materia, el Subcomité para la Prevención de la Tortura informó a Chile respecto de una serie de recomendaciones y observaciones para subsanar esta situación. Los detalles de dichos cuestionamientos, sin embargo, tienen carácter de reservado. Esto, por opción del gobierno chileno.
La ONU, en todo caso, le fijó un plazo de seis meses a La Moneda para que elabore las respuestas oficiales a los cuestionamientos realizados. Ese plazo vence el 26 de diciembre.
Alerta en La Moneda
Los resultados del informe generaron preocupación en La Moneda, ya que esto se suma a reclamos que agrupaciones de derechos humanos han planteado en varias oportunidades respecto de los pocos avances que ha tenido el gobierno en la materia.
De hecho, tras el documento elaborado por la ONU, en el Ejecutivo han intentado acelerar algunas iniciativas relacionadas con la materia, entre ellas, el proyecto de tipificación de la tortura (ver recuadro).
Respecto de las conclusiones del informe, la Cancillería creó, a través de su Departamento de Derechos Humanos, un equipo de trabajo interministerial para elaborar las respuestas oficiales a la ONU.
Dicho equipo ya se ha reunido dos veces, con el objetivo de establecer cuanto antes el mecanismo de prevención de la tortura.
Desde el gobierno explicaron, además, que es el Ministerio de Justicia el encargado de realizar la elaboración del anteproyecto que permitirá crear este mecanismo.
Sin embargo, en La Moneda reconocen que la agitada agenda legislativa programada para lo que queda de este año ha hecho que sea complejo comprometer la tramitación de dicha iniciativa, la que contempla modificaciones jurídicas, políticas y también de carácter financiero.
Una de las opciones que se barajan es entregar estas facultades de prevención y fiscalización al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, aclararon que hasta el momento no se ha adoptado una decisión definitiva.
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