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Fracasadas las negociaciones con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), para un acuerdo sobre el reajuste público, el Ejecutivo ingresará al Parlamento una propuesta de 5% de alza en los salarios del sector, incluyendo igual porcentaje para asignaciones y beneficios como aguinaldos y bonificaciones extraordinarias para algunos gremios. Ayer, el Ejecutivo decidió rectificar el guarismo ofrecido de 4,5% en la víspera, luego de que la Anef llamara a paralizar actividades por 48 horas a partir de hoy en protesta por considerarlo insuficiente. El gobierno comprometió, además, un bono de fin de negociación de $230 mil, pese a todo lo cual, la organización gremial siguió rechazando la propuesta.
El Congreso tiene seis días para despachar la iniciativa a ley, considerando que ingresó con discusión inmediata, en razón de que debe estar vigente a partir del 1° de diciembre. Desde ya la oposición dijo que no la aprobarán sino hasta conseguir un 6% de aumento en las remuneraciones.
El mensaje del proyecto enfatiza el complejo contexto internacional y la necesidad de acotar el gasto, señalando que el objetivo del reajuste es velar porque las remuneraciones no pierdan su poder adquisitivo, y que permitan seguir atrayendo a los mejores para trabajar en la administración pública.
Pero, sin apartarse de la realidad salarial del país, porque de lo contrario se puede atentar gravemente contra la fortaleza de la creación de empleo observada durante más de un año.
Justamente éste es el punto que debe preocupar no sólo al gobierno sino también al Parlamento que, en breve, zanjará la materia. Ciertamente, la oposición ha reiterado su ánimo de dilatar las decisiones, provocando más ruido en el clima legislativo. Sus argumentos para expandir el gasto y abogar por incrementos tributarios tienen enorme olfato a populismos, todo lo cual es muy perjudicial para la marcha del país.
Es de esperar que los parlamentarios respondan con mayor altura que como lo han hecho frente al Presupuesto, y actúen con prudencia y responsabilidad cuando se trata de recursos públicos.
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