El cambio legislativo llega tras el embarazo de una menor por su padrastro
'Madre a los 11 años', por MARÍA O'DONNELL
DESCARGABLE Fallo de la Corte Suprema
FRANCISCO PEREGIL Buenos Aires 13 MAR 2012 - 14:07 CET
El aborto de A.G. ha hecho historia en Argentina. A. G. tenía 15 años en 2010. Su padrastro, un oficial de policía en la provincia de Chubut que abusaba de ella desde los once años, la había dejado embarazada. La joven quería abortar, pero en el hospital público de Comodoro Rivadavia se negaron a operarla si no presentaba un permiso judicial. En Argentina el aborto es un delito castigado con varios años de cárcel para el médico salvo en casos donde haya peligro para la vida o la salud de la madre. También está exento de castigo (atención a la frase) “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Sobre esas 35 palabras recogidas en el Código Penal argentino, redactado en 1921, se han escrito cientos de páginas. Hay juristas que interpretan que solo las mujeres “idiotas o dementes” pueden acogerse a él. Y otros que alegan que cuando el Código habla de “una violación” engloba a cualquier mujer.
La ley de 1921 solo amparaba a las agredidas “idiotas o dementes”
Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se inclinaron por la versión generalista y aprobaron el aborto de A.G. La operación se practicó de forma satisfactoria. Pero un funcionario judicial de la provincia de Chubut, en representación del feto o +nasciturus+, recurrió la sentencia para que no sentara precedentes en el país. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. La Corte Suprema dictaminó ayer por unanimidad la ratificación de la misma. “En el recurso se invoca, unilateralmente, la afectación del derecho a la vida de las personas por nacer, pero se omite toda consideración con respecto al otro extremo del conflicto, esto es, la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación”, señala el fallo.
“El problema es que los médicos siempre piden una orden judicial para practicar la operación”, señala la periodista de Página 12 Mariana Carbajal, una de las mayores activistas proaborto del país. “Pero ninguna ley dice que se necesita autorización para los abortos no punibles. Y no hay ningún médico que haya sido condenado por un aborto no punible. Unos temen ser denunciados y otros los hacen por cuestiones de conciencia. El resultado es que obligan a las mujeres violadas a seguir este circuito perverso que puede prolongarse dos meses en busca de un aval. Todo esto ocurre por ir a un hospital público. Porque es el lugar donde se pueden preservar las pruebas de ADN que incriminen al violador. Y mientras tanto, siempre hay representantes de organizaciones ultraconservadoras que se hacen llamar pro vida, prometiéndole a la familia de la violada que la van a ayudar con el bebé. Y después del embarazo, desaparecen”.
En Argentina se aborta
el doble que en
el resto de América
A pesar de las restricciones legales, en Argentina se aborta el doble que en el resto de América, según un informe de Human Rights Watch publicado en 2010. La ONG afirma que cada año hay entre 400.000 y 600.000 interrupciones de embarazo. Las condiciones sanitarias en las que se practica la operación suelen ser deplorables. El pasado noviembre, Mariana Romero, coordinadora del Observatorio de Salud Sexual de Argentina, se preguntaba en un artículo: “¿Cuántas niñas estamos dispuestos a perder?”. Recordaba que en 2009 fallecieron en Argentina ocho niñas de entre 10 y 14 años por causas relacionadas con el embarazo. Y en 2011, hasta noviembre, ya habían muerto 25 niñas y adolescente por causas maternas.
El fallo de la Corte Suprema no aborda el debate sobre la despenalización del aborto, cuestión que compete a los diputados. Aunque la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se ha pronunciado en contra de la despenalización, podría permitir en un futuro la libertad de voto en su grupo, que ocupa el 54% del parlamento. “Debatir los permisos para abortar que ya se preveían en 1921 ha paralizado el debate sobre la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, ha sido un derroche de energía”, señala Carbajal. “Ahora, las agrupaciones de mujeres kirchneristas están promoviendo la incorporación del debate en el Congreso. En un periodo histórico de ampliación de derechos como el que estamos atravesando es esperable que Argentina tenga una ley que despenalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Y creo que la presidenta va a conceder libertad de voto en su grupo”.
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