El ministro de Hacienda inyecta tranquilidad a las comunidades autónomas con su compromiso de no flexibilizar su objetivo de déficit, fijado en 1,5% del PIB. Descarta subida de impuestos
Cataluña pide que el Gobierno no cargue a las autonomías el nuevo objetivo de déficit
EL PAÍS Madrid 13 MAR 2012 - 19:30 CET
El reparto del recorte adicional impuesto por Bruselas, de 5.000 millones, recaerá fundamentalmente en la Administración central, a través de "renuncias de proyectos de gastos" e "instrumentos fiscales equilibrados". Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno del Congreso en el que se vota el nuevo objetivo de déficit para 2012 -del 5,3% y no del 5,8% como pretendía el Gobierno apelando a la "soberanía nacional"- y el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado. Con su anuncio, el ministro ha inyectado tranquilidad a las comunidades autónomas, que temían un nuevo tijeretazo ya que la imposición de Bruselas supondrá aumentar el recorte, fijado en 30.000 millones de euros, entre 5.000 y 7.000 millones más. En la votación final, el techo de gasto ha sido aprobado con 179 'síes', 133 'noes' y 27 abstenciones. Es decir, que el PP ha sacado el cuadro macroeconómico con el único apoyo de UPN.
Montoro ha descartado subidas de impuestos "inequitativas e injustas" y ha explicado que habrá que "hacer uso de instrumentos fiscales, pero de manera equilibrada y justa", para que no afecten sobre todo "a los más débiles". El ministro ha asegurado que el hecho de que la Administración central vaya a asumir la mayor parte de los 5.000 millones adicionales de déficit "no significa flexibilizar" los objetivos de las autonomías, que para este año mantiene un saldo negativo del 1,5 % del PIB.
Con el objetivo del 5,8%, la Administración central tenía que rebajar el déficit del 5,10% al 4% (1,1 puntos). Buena parte del mismo corre a cargo de las medidas anunciadas el pasado 30 de diciembre —subida del IRPF y 8.900 millones de no disponibilidad de gasto—. Según Montoro, con el nuevo objetivo de déficit, la Administración central tendrá que reducir hasta el 3,5%. No obstante, Montoro ha garantizado que es "alcanzable, fiable y realista" y que situará a España en el grupo de socios "fiables y seguros".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, había creado confusión esta mañana al afirmar que el nuevo recorte se repartiría "equitativamente entre todas las Administraciones", incluidas las comunidades autónomas. Pero el portavoz parlamentario del grupo popular, Alfonso Alonso, ya había asegurado que el reparto no afectará al déficit de las comunidades. “No habrá cargas añadidas”, ha afirmado esta mañana, ya que el Ministerio de Hacienda ya negoció con los Gobiernos autónomos el objetivo para este año, que será del 1,5%.
El PSOE ha cargado contra el nuevo objetivo de déficit impuesto por Bruselas y ha criticado al Gobierno por "pasar de la decisión soberana a la imposición de 5.000 millones de ajuste adicional", según ha manifestado el diputado Joan Ragel. "Con sus decisiones nos están abocando al precipicio. Precipicio al que pueden arrastrar a la economía española con el desmantelamiento de los servicios básicos. En definitiva, a la ruptura de la cohesión social", ha criticado Rangel, que ya ha adelantado que el PSOE votará en contra del objetivo de déficit del 5,3%. En términos similares se ha manifestado el dirigente de IU, Cayo Lara. "Este techo de gasto se llama deterioro de los servicios públicos". "Es tan bajo que va a obligar a los españoles a vivir encorvados", ha añadido gráficamente.
Quien no ha ocultado su simpatía por la reducción del techo de gasto y de déficit es CIU. "Es coherente con lo que se exige desde la UE y es indispensable para dar credibilidad y para reducir la prima de riesgo", ha dicho el diputado Josep Sánchez Llibre, de CIU, que ha pedido que no se cargue el recorte en las comunidades.
El reparto del recorte adicional impuesto por Bruselas, de 5.000 millones, recaerá fundamentalmente en la Administración central, a través de "renuncias de proyectos de gastos" e "instrumentos fiscales equilibrados". Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno del Congreso en el que se vota el nuevo objetivo de déficit para 2012 -del 5,3% y no del 5,8% como pretendía el Gobierno apelando a la "soberanía nacional"- y el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado. Con su anuncio, el ministro ha inyectado tranquilidad a las comunidades autónomas, que temían un nuevo tijeretazo ya que la imposición de Bruselas supondrá aumentar el recorte, fijado en 30.000 millones de euros, entre 5.000 y 7.000 millones más. En la votación final, el techo de gasto ha sido aprobado con 179 'síes', 133 'noes' y 27 abstenciones. Es decir, que el PP ha sacado el cuadro macroeconómico con el único apoyo de UPN.
Montoro ha descartado subidas de impuestos "inequitativas e injustas" y ha explicado que habrá que "hacer uso de instrumentos fiscales, pero de manera equilibrada y justa", para que no afecten sobre todo "a los más débiles". El ministro ha asegurado que el hecho de que la Administración central vaya a asumir la mayor parte de los 5.000 millones adicionales de déficit "no significa flexibilizar" los objetivos de las autonomías, que para este año mantiene un saldo negativo del 1,5 % del PIB.
Con el objetivo del 5,8%, la Administración central tenía que rebajar el déficit del 5,10% al 4% (1,1 puntos). Buena parte del mismo corre a cargo de las medidas anunciadas el pasado 30 de diciembre —subida del IRPF y 8.900 millones de no disponibilidad de gasto—. Según Montoro, con el nuevo objetivo de déficit, la Administración central tendrá que reducir hasta el 3,5%. No obstante, Montoro ha garantizado que es "alcanzable, fiable y realista" y que situará a España en el grupo de socios "fiables y seguros".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, había creado confusión esta mañana al afirmar que el nuevo recorte se repartiría "equitativamente entre todas las Administraciones", incluidas las comunidades autónomas. Pero el portavoz parlamentario del grupo popular, Alfonso Alonso, ya había asegurado que el reparto no afectará al déficit de las comunidades. “No habrá cargas añadidas”, ha afirmado esta mañana, ya que el Ministerio de Hacienda ya negoció con los Gobiernos autónomos el objetivo para este año, que será del 1,5%.
El PSOE ha cargado contra el nuevo objetivo de déficit impuesto por Bruselas y ha criticado al Gobierno por "pasar de la decisión soberana a la imposición de 5.000 millones de ajuste adicional", según ha manifestado el diputado Joan Ragel. "Con sus decisiones nos están abocando al precipicio. Precipicio al que pueden arrastrar a la economía española con el desmantelamiento de los servicios básicos. En definitiva, a la ruptura de la cohesión social", ha criticado Rangel, que ya ha adelantado que el PSOE votará en contra del objetivo de déficit del 5,3%. En términos similares se ha manifestado el dirigente de IU, Cayo Lara. "Este techo de gasto se llama deterioro de los servicios públicos". "Es tan bajo que va a obligar a los españoles a vivir encorvados", ha añadido gráficamente.
Quien no ha ocultado su simpatía por la reducción del techo de gasto y de déficit es CIU. "Es coherente con lo que se exige desde la UE y es indispensable para dar credibilidad y para reducir la prima de riesgo", ha dicho el diputado Josep Sánchez Llibre, de CIU, que ha pedido que no se cargue el recorte en las comunidades.
"Ningún impacto" sobre el paro y el crecimiento
Pero el recorte, según Guindos, sobre lo que no tendrá "ningún impacto" es sobre el paro y el crecimiento económico. "El cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno era extremadamente cauto. Hay margen" para que ese mayor recorte al que obliga Bruselas no pase factura ni en las cifras de paro ni a través de una mayor caída del PIB.
Guindos tiró de manual: ha atribuido a la "herencia del Gobierno socialista" la delicada situación de las cuentas públicas españolas. Y básicamente argumentó que nada cambia: el Gobierno tiene que pasar de un déficit del 8,5% al 3% en dos años "y lo único que se modifica ligeramente es la trayectoria de reducción del déficit", ha dicho en rueda de prensa. "España está comprometida con el 3% en 2013", ese es el nuevo mantra que repite Guindos y prácticamente cualquier ministro de la eurozona que tenga un micrófono a su alcance. "La situación de partida", dijo en una de las numerosas alusiones a la herencia de Zapatero, "es mucho peor de lo previsto y eso hace mucho más difícil el ajuste futuro, como reconoce el propio Eurogrupo".
La otra línea argumental que ha abierto hoy el Ejecutivo es la de vender la imposición del Eurogrupo como un éxito. "Bruselas ha aceptado de forma importante nuestros argumentos", según Guindos. "No hay ningún tipo de confrontación ni enfrentamiento con la Comisión", ha asegurado, a pesar de que Bruselas ha expresado de forma meridianamente clara su malestar por la forma de plantear la negociación, y pese a que esa imposición de medio punto menos de déficit de lo que quería el Gobierno es una recomendación de la Comisión y del Banco Central Europeo. "El paso del 4,4% al 5,3%" --afirmó Guindos, que prefirió esa formulación al cambio del 5,8% al 5,3%, que es lo que decreta el Eurogrupo-- "no es un éxito ni un fracaso. Supone que se aceptan en gran parte los argumentos del Gobierno español. Y por eso los socios aceptan un cambio en el compromiso de déficit ´público de este año".
Cataluña pide que el Gobierno no cargue a las autonomías el nuevo objetivo de déficit
MIQUEL NOGUER
La Generalitat de Cataluña ha alertado hoy de que el recorte de déficit adicional del 0,5% que exige Bruselas y que el Gobierno central ha aceptado no puede recaer “sobre las espaldas” de las autonomías. El anuncio por parte del ministro Luis De Guindos de que el nuevo ajuste deberá absorberse de forma equitativa entre la administración central, las autonomías y los ayuntamientos no ha sentado bien en el Gobierno de Artur Mas.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha dicho que el ajuste suplementario de 5.000 millones no puede recaer sobre las autonomías “como sí sucedió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Homs ha recordado que la Generalitat está comprometida con la austeridad, ha aclarado que “hay recortes y los habrá” y ha dejado la puerta abierta a nuevos ajustes según los Presupuestos Generales del Estado que se presenten a final de mes.
Eso sí, Homs ha pedido que el Gobierno central asuma el nuevo recorte y que no lo haga recaer por ninguna vía sobre las autonomías, especialmente por la vía de no pagar deudas pendientes. En este sentido Cataluña reclama 759 millones de euros en materia de infraestructuras no ejecutadas y la Generalitat teme que este año tampoco se haga efectivo el pago con el pretexto del nuevo ajuste de déficit. “Sería una contradicción que no se pagaran las deudas”.
Por otra parte, el Gobierno catalán ha aprobado hoy un plan de impulso a los emprendedores que, mediante una inversión de 200 millones en cuatro años que tiene como objetivo estimular la creación de un mínimo de 60.000 nuevas empresas. El consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, ha aclarado que el plan comprende medidas ya previstas como la ley de emprendeduría y el fomento del autoempleo.
Pero el recorte, según Guindos, sobre lo que no tendrá "ningún impacto" es sobre el paro y el crecimiento económico. "El cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno era extremadamente cauto. Hay margen" para que ese mayor recorte al que obliga Bruselas no pase factura ni en las cifras de paro ni a través de una mayor caída del PIB.
Guindos tiró de manual: ha atribuido a la "herencia del Gobierno socialista" la delicada situación de las cuentas públicas españolas. Y básicamente argumentó que nada cambia: el Gobierno tiene que pasar de un déficit del 8,5% al 3% en dos años "y lo único que se modifica ligeramente es la trayectoria de reducción del déficit", ha dicho en rueda de prensa. "España está comprometida con el 3% en 2013", ese es el nuevo mantra que repite Guindos y prácticamente cualquier ministro de la eurozona que tenga un micrófono a su alcance. "La situación de partida", dijo en una de las numerosas alusiones a la herencia de Zapatero, "es mucho peor de lo previsto y eso hace mucho más difícil el ajuste futuro, como reconoce el propio Eurogrupo".
La otra línea argumental que ha abierto hoy el Ejecutivo es la de vender la imposición del Eurogrupo como un éxito. "Bruselas ha aceptado de forma importante nuestros argumentos", según Guindos. "No hay ningún tipo de confrontación ni enfrentamiento con la Comisión", ha asegurado, a pesar de que Bruselas ha expresado de forma meridianamente clara su malestar por la forma de plantear la negociación, y pese a que esa imposición de medio punto menos de déficit de lo que quería el Gobierno es una recomendación de la Comisión y del Banco Central Europeo. "El paso del 4,4% al 5,3%" --afirmó Guindos, que prefirió esa formulación al cambio del 5,8% al 5,3%, que es lo que decreta el Eurogrupo-- "no es un éxito ni un fracaso. Supone que se aceptan en gran parte los argumentos del Gobierno español. Y por eso los socios aceptan un cambio en el compromiso de déficit ´público de este año".
Cataluña pide que el Gobierno no cargue a las autonomías el nuevo objetivo de déficit
MIQUEL NOGUER
La Generalitat de Cataluña ha alertado hoy de que el recorte de déficit adicional del 0,5% que exige Bruselas y que el Gobierno central ha aceptado no puede recaer “sobre las espaldas” de las autonomías. El anuncio por parte del ministro Luis De Guindos de que el nuevo ajuste deberá absorberse de forma equitativa entre la administración central, las autonomías y los ayuntamientos no ha sentado bien en el Gobierno de Artur Mas.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha dicho que el ajuste suplementario de 5.000 millones no puede recaer sobre las autonomías “como sí sucedió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Homs ha recordado que la Generalitat está comprometida con la austeridad, ha aclarado que “hay recortes y los habrá” y ha dejado la puerta abierta a nuevos ajustes según los Presupuestos Generales del Estado que se presenten a final de mes.
Eso sí, Homs ha pedido que el Gobierno central asuma el nuevo recorte y que no lo haga recaer por ninguna vía sobre las autonomías, especialmente por la vía de no pagar deudas pendientes. En este sentido Cataluña reclama 759 millones de euros en materia de infraestructuras no ejecutadas y la Generalitat teme que este año tampoco se haga efectivo el pago con el pretexto del nuevo ajuste de déficit. “Sería una contradicción que no se pagaran las deudas”.
Por otra parte, el Gobierno catalán ha aprobado hoy un plan de impulso a los emprendedores que, mediante una inversión de 200 millones en cuatro años que tiene como objetivo estimular la creación de un mínimo de 60.000 nuevas empresas. El consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, ha aclarado que el plan comprende medidas ya previstas como la ley de emprendeduría y el fomento del autoempleo.
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