Esta corte fue fundada en 1905 para juzgar a miembros del Gobierno, pero no se había usado
La quiebra bancaria de 2008 llevó a la intervención de los tres principales bancos
ÓSCAR GUTIÉRREZ GARRIDO Madrid 5 MAR 2012 - 14:11 CET
"¡Pero si no hay nadie en la cárcel!". Todavía. Los temores de Joaquín Linares, español residente en Reikiavik (Islandia) y testigo de la recuperación económica del país tres años después de la quiebra, pueden hoy añadir un matiz nada despreciable. El tribunal especial de Landsdomur, corte levantada hace más de un siglo para juzgar a miembros del Gobierno islandés y hasta ahora virgen, sienta hoy en el banquillo de los acusados al ex primer ministro conservador Geir H. Haarde. Su delito: negligencia en el manejo del varapalo financiero que sumergió al país en 2008 en el agujero negro de la crisis. Su mérito (contra voluntad): será el primer dirigente que se siente ante un juez por el desastre financiero desatado en 2008. Si es declarado culpable podría cumplir hasta dos años de cárcel. "Rechazo toda las acusaciones y afirmo que no tienen fundamento", ha declarado Haarde en la apertura del juicio, según recoge AFP.
Los miedos de Joaquín Linares eran y son los de gran parte de la sociedad civil y política de Islandia. El proceso abierto hace más de tres años en la comisión parlamentaria de investigación, que acusó a los líderes políticos de "negligencia flagrante", no ha culminado aún con la entrada en prisión de algunos de los acusados. Solo hay un condenado: Baldur Gudlaufsson, el que fuera secretario permanente del ministro de Finanzas. Vendió dos semanas antes del batacazo 1,6 millones de dólares del Landsbanki, una de los bancos tóxicos. Se enfrenta a dos años de cárcel.
Los tres grandes bancos (Glitnir, Landsbanki y Kauthing) cayeron en octubre de 2008 y, tres meses después, lo hizo Haarde. La acusación en el proceso contra el ex primer ministro defiende que este hizo oídos sordos ante las advertencias de que las tres entidades estaban a punto de caer y, por tanto, incumplió su responsabilidad como jefe del Ejecutivo. No supo activar las garantías financieras contra el batacazo.La defensa trabajará para demostrar que el exjefe de Gobierno, de 61 años, no podía intervenir sobre los tres colosos de las finanzas islandeses.
La quiebra de las tres entidades, cuya deuda llegó a ser 10 veces superior a la economía del país, obligó al Gobierno a su intervención, la suspensión de pagos con el exterior, la caída de la moneda, un plan de recortes sociales y un repunte sin precedentes del paro hasta rozar el 10%. El Parlamento islandés dio luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuera juzgado por el tribunal especial. Otros tres ministros acusados, un conservador y dos socialdemócratas, no corrieron la misma suerte. Por este motivo, Haarde ha clamado contra la "farsa" de su imputación.
"Entiendo que la gente sea impaciente y que quiera resultados", manifestó recientemente a este periódico el ministro de Economía, Steingrímur J. Sigfússon, preguntado por las investigaciones. "El proceso judicial es complejo. Vamos a ver en el próximo año como más y más casos llegan a los tribunales", explicó. "Es parte de la recuperación social y económica".
Sigfússon es miembro del Movimiento de Izquierda Verde, partido que apoya a los socialdemócratas ahora en el Gobierno y junto a los que votó el pasado jueves en el último intento de freno al juicio contra Haarde. El líder conservador Bjarni Benediktsson, miembro del partido otrora liderado por Haarde, había presentado ante el Parlamento una propuesta para obligar a los diputados a volver a votar si la justicia tenía que sentar en el banquillo o no a Haarde. 33 votos frente a 27 allanaron el camino del ex primer ministro hacia el tribunal especial.
En paralelo a las pesquisas de las responsabilidades políticas, el fiscal especial islandés trata de señalar a los causantes del descalabro bancario. Cuatro excargos de Kaupthing fueron imputados el pasado 23 de febrero por fraude y manipulación del mercado.
Más rápida que la justicia, la economía islandesa ha remontado el vuelo tres años después de la quiebra con una previsión de crecimiento del 2,5% en 2012 y el examen positivo de las agencias crediticias que han otorgado el grado de inversión al país. El paro ha caído en torno al 7%.
"¡Pero si no hay nadie en la cárcel!". Todavía. Los temores de Joaquín Linares, español residente en Reikiavik (Islandia) y testigo de la recuperación económica del país tres años después de la quiebra, pueden hoy añadir un matiz nada despreciable. El tribunal especial de Landsdomur, corte levantada hace más de un siglo para juzgar a miembros del Gobierno islandés y hasta ahora virgen, sienta hoy en el banquillo de los acusados al ex primer ministro conservador Geir H. Haarde. Su delito: negligencia en el manejo del varapalo financiero que sumergió al país en 2008 en el agujero negro de la crisis. Su mérito (contra voluntad): será el primer dirigente que se siente ante un juez por el desastre financiero desatado en 2008. Si es declarado culpable podría cumplir hasta dos años de cárcel. "Rechazo toda las acusaciones y afirmo que no tienen fundamento", ha declarado Haarde en la apertura del juicio, según recoge AFP.
Los miedos de Joaquín Linares eran y son los de gran parte de la sociedad civil y política de Islandia. El proceso abierto hace más de tres años en la comisión parlamentaria de investigación, que acusó a los líderes políticos de "negligencia flagrante", no ha culminado aún con la entrada en prisión de algunos de los acusados. Solo hay un condenado: Baldur Gudlaufsson, el que fuera secretario permanente del ministro de Finanzas. Vendió dos semanas antes del batacazo 1,6 millones de dólares del Landsbanki, una de los bancos tóxicos. Se enfrenta a dos años de cárcel.
Los tres grandes bancos (Glitnir, Landsbanki y Kauthing) cayeron en octubre de 2008 y, tres meses después, lo hizo Haarde. La acusación en el proceso contra el ex primer ministro defiende que este hizo oídos sordos ante las advertencias de que las tres entidades estaban a punto de caer y, por tanto, incumplió su responsabilidad como jefe del Ejecutivo. No supo activar las garantías financieras contra el batacazo.La defensa trabajará para demostrar que el exjefe de Gobierno, de 61 años, no podía intervenir sobre los tres colosos de las finanzas islandeses.
La quiebra de las tres entidades, cuya deuda llegó a ser 10 veces superior a la economía del país, obligó al Gobierno a su intervención, la suspensión de pagos con el exterior, la caída de la moneda, un plan de recortes sociales y un repunte sin precedentes del paro hasta rozar el 10%. El Parlamento islandés dio luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuera juzgado por el tribunal especial. Otros tres ministros acusados, un conservador y dos socialdemócratas, no corrieron la misma suerte. Por este motivo, Haarde ha clamado contra la "farsa" de su imputación.
"Entiendo que la gente sea impaciente y que quiera resultados", manifestó recientemente a este periódico el ministro de Economía, Steingrímur J. Sigfússon, preguntado por las investigaciones. "El proceso judicial es complejo. Vamos a ver en el próximo año como más y más casos llegan a los tribunales", explicó. "Es parte de la recuperación social y económica".
Sigfússon es miembro del Movimiento de Izquierda Verde, partido que apoya a los socialdemócratas ahora en el Gobierno y junto a los que votó el pasado jueves en el último intento de freno al juicio contra Haarde. El líder conservador Bjarni Benediktsson, miembro del partido otrora liderado por Haarde, había presentado ante el Parlamento una propuesta para obligar a los diputados a volver a votar si la justicia tenía que sentar en el banquillo o no a Haarde. 33 votos frente a 27 allanaron el camino del ex primer ministro hacia el tribunal especial.
En paralelo a las pesquisas de las responsabilidades políticas, el fiscal especial islandés trata de señalar a los causantes del descalabro bancario. Cuatro excargos de Kaupthing fueron imputados el pasado 23 de febrero por fraude y manipulación del mercado.
Más rápida que la justicia, la economía islandesa ha remontado el vuelo tres años después de la quiebra con una previsión de crecimiento del 2,5% en 2012 y el examen positivo de las agencias crediticias que han otorgado el grado de inversión al país. El paro ha caído en torno al 7%.
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