PAÚL MENA ERAZO Quito 8 MAR 2012 - 08:35 CET
El presidente Rafael Correa enfrenta una movilización convocada por la principal organización indígena de este país andino, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Los aborígenes rechazan la política de minería a gran escala emprendida por el Gobierno ecuatoriano, y demandan la aprobación de leyes para regular el manejo del agua y redistribuir las tierras. De ahí que efectuarán una marcha que se iniciará en una región amazónica al sureste del país y buscará llegar a Quito el 22 de marzo próximo.
Pero los indígenas no estarán solos, su acción contará con el respaldo de organizaciones de maestros y estudiantes, así como de sectores políticos de oposición. Estos grupos efectuarán este 8 de marzo acciones de rechazo a diversas políticas gubernamentales en Quito y en varias provincias ecuatorianas.
Frente a tal panorama, la respuesta del Gobierno ha sido la convocatoria a una concentración masiva en su respaldo para este mismo jueves en Quito. El presidente Correa ha dicho que las acciones de protesta buscan desestabilizar a su Gobierno, y ha arengado a sus partidarios a “continuar movilizados hasta el 22 de marzo”. "¡A resistir pacíficamente. El 8 de marzo vamos a repletar la Plaza de la Independencia (frente al Palacio de Gobierno, en Quito) para decirles: aquí estamos y esta revolución no la detiene nada ni nadie!", ha manifestado el mandatario.
Partidarios del gobierno además han anunciado la realización de contramarchas en diversas provincias del país, por lo que se teme que se puedan producir enfrentamientos. Esto, más allá de que la dirigencia de la CONAIE ha insistido en que su acción será pacífica, y de que este miércoles la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, llamó a quienes salgan a las calles a expresarse sin generar actos de violencia.
Los indígenas tuvieron un papel importante en las caídas de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), pero su estructura organizativa se debilitó tras su participación en el Gobierno del también defenestrado Lucio Gutiérrez. La CONAIE respaldó al gobierno de Rafael Correa en sus inicios, sin embargo luego se produjo un distanciamiento que permanece hasta ahora, cuando el movimiento indígena en general busca subsanar sus fraccionamientos internos. De hecho hay ciertos dirigentes de otras organizaciones aborígenes que son más cercanos al gobierno.
En el centro del actual descontento de la CONAIE están los planes del presidente Correa de llevar adelante proyectos de minería a gran escala con empresas internacionales. Esta semana el gobierno ecuatoriano firmó el primer contrato en tal sentido con la china Ecuacorriente para explotar cobre en Zamora Chinchipe. Esa es justamente la provincia de la cual este jueves saldrá la marcha indígena rumbo a Quito.
Según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, se calculan en unos 5.400 millones de dólares las regalías para el Estado que generaría el proyecto minero a cargo de la empresa china, de los cuales 900 millones serían usados en programas de beneficio para las comunidades cercanas a la mina.
No obstante, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, dijo a EL PAÍS que los indígenas demandan que el gobierno, tal como señala la Constitución ecuatoriana, consulte sobre los proyectos mineros a las comunidades ubicadas en las zonas donde se ejecutarán dichos planes. El ministro Pástor ha señalado que el gobierno sí ha llevado adelante diálogos con las comunidades, pero ha anotado que dichas consultas no son vinculantes según la normativa ecuatoriana. Para los indígenas, sin embargo, el Ejecutivo debe ir más allá de solo informar sobre sus planes mineros, sino discutir las divergencias existentes y llegar a acuerdos.
A la CONAIE le preocupa que las actividades mineras contaminen ríos y desplacen comunidades. De allí que el dirigente Cholango dijo que su organización pedirá a la Asamblea Nacional una ley que regule la disposición constitucional de consulta previa a las comunidades.
Más allá de ello, Cholango insistió en que la movilización indígena no pretende desestabilizar al gobierno de Correa, y señaló que los aborígenes buscarán no caer en la “provocación” que significan a su juicio las contramarchas impulsadas por simpatizantes del gobierno.
Y las marchas y contramarchas de este jueves se producen justamente cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. De allí que tanto indígenas como partidarios del Gobierno han incluido en sus acciones de este 8 de marzo homenajes a la mujer ecuatoriana, una celebración que estará contagiada con consignas de respaldo y rechazo al gobierno de Rafael Correa.
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