La recaída prevista achica el margen ganado por Rajoy al fijar un déficit mayor al exigido por la UE
Habrá que hacer más recortes para lograr los mismos resultados
ALEJANDRO BOLAÑOS Madrid 4 MAR 2012 - 00:55 CET
“Es lo sensato”, argumentó el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar que el objetivo de déficit público pasaba a ser el 5,8%, muy por encima del 4,4% comprometido con la UE. Los expertos coinciden con la valoración del presidente español. Sobre todo, después de echar un vistazo a otras cifras que presentó el Ejecutivo. No es solo que el ajuste desde el 8,5% de déficit con el que se cerró 2011 siga siendo el mayor de la democracia. Es que la intensa recesión que se pronostica deja en casi nada el margen de maniobra ganado por Rajoy.
Acortar el déficit cuando la economía retrocede es como escupir contra el viento. La recesión eleva algunas partidas de gasto (las prestaciones por desempleo) y deprime los ingresos (se recaudan menos impuestos). Justo lo contrario de lo que se pretende. Más aún, el propio ajuste impulsa la recesión, en un bucle difícil de romper. Y lo que viene es algo más que una ventolera: una caída del 1,7% del PIB, 630.000 empleos menos. Solo el nefasto 2009 aguanta la comparación en el último medio siglo.
Sobre el papel, el ajuste planteado por Rajoy equivale a 29.600 millones. “Hacer eso en recesión es muy exigente”, valora Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, que aplaude la iniciativa de Rajoy. “La testarudez de Bruselas nos llevaba a algo inasumible”, añade.
En democracia, el déficit público español solo se redujo en una proporción similar (2,7% del PIB) en 1987. Pero entonces la economía crecía al 6% y el paro bajaba; la expansión se traducía en más ingresos fiscales, y el déficit bajó sin drásticas decisiones presupuestarias. Nada que ver con lo que ocurre ahora. “En condiciones normales, mantener el déficit en el 8,5% cuando se prevé una caída del 4% en la demanda o en el empleo sería más que suficiente”, apunta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
Pero, desde 2008, las condiciones son extraordinarias. Los mercados y la Unión Europea presionan para acelerar el recorte del déficit, incluso cuando vuelve la recesión. “Bajarlo al 5,8% va a ser como la odisea de Ulises”, sentencia Díez. Llevar ese ajuste al 4,4%, como pretende la Comisión, se acerca a lo quimérico.
Un estudio del Fondo Monetario Internacional, que analiza 173 planes de consolidación de países avanzados en las tres últimas décadas, apenas encuentra una docena de ajustes más ambiciosos que el que se propone el Gobierno español. Casi ninguno en plena recesión. Grecia, Irlanda y Portugal ofrecen los ejemplos más cercanos. Y las medidas adoptadas por los tres países rescatados por la UE transmiten la idea de un estado de excepción: subidas del IVA al 23%, recortes del salario de los funcionarios superiores al 20%, empleados públicos despedidos por decenas de miles...
“El ajuste es difícil, pero factible”, coincide Rafael Doménech, de BBVA Research. La dificultad va más allá de los 29.600 millones de ajuste que se derivan de las cuentas ofrecidas por el Gobierno. Ángel Laborda, de la Fundación de Cajas de Ahorros, ha calculado que las prestaciones por desempleo aumentarán este año en, al menos, 1.000 millones. A eso suma 5.000 millones adicionales en pensiones y un incremento de 6.000 millones en el pago de intereses por la deuda. Es decir, los Presupuestos de la Administración central y la Seguridad Social, que Rajoy presentará el 30 de marzo, recogerán, de partida, 12.000 millones más de gasto.
La Administración central y la Seguridad Social correrán con 13.200 millones del ajuste planificado por el Gobierno. Llegar a ese objetivo con aumentos de gasto como los estimados por Laborda, y con la recaudación de impuestos lastrada por la recesión, implica un esfuerzo de cerca de 25.000 millones en el resto del presupuesto. Con estas cifras, el primer paquete de medidas, anunciado a finales de diciembre, se queda a mitad de camino. El acuerdo de no disponibilidad aprobado entonces implica reducir en 6.406 millones el gasto de los ministerios. Y la subida del IRPF suministraría otros 5.350 millones. La partida de remuneraciones de los funcionarios, que arrastra los efectos de la bajada salarial de 2010 y de no sustituir a los empleados que se jubilan, podría sumar otros 5.000 millones al recorte de gasto, según los cálculos de Laborda. La incógnita es de dónde va a sacar el Gobierno los 8.000 millones que quedan para cumplir el objetivo de la Administración central y la Seguridad Social. Sobre todo, si se toma al pie de la letra su compromiso de no subir otra vez impuestos.
El ajuste previsto para las comunidades autónomas (15.600 millones) es, en sí mismo, una incógnita gigantesca. En los dos últimos años los Gobiernos autónomos no han sido capaces de bajar el déficit conjunto del 2,94% del PIB, y ahora Rajoy pretende que se reduzca a la mitad en un año. El derrumbe de los ingresos inmobiliarios y que cerca del 75% de los gastos sirvan para sostener la educación, la sanidad y otros servicios sociales complican la ecuación. “Lo prioritario debería ser reducir todo aquello que no sean servicios básicos”, plantea el economista de BBVA Research. “Pero será muy difícil lograr un recorte importante del gasto en las comunidades sin volver a reducir los salarios de los funcionarios, como ya ha anunciado Cataluña”, añade Doménech.
Santiago Lago defiende que esos recortes salariales no los decida el Gobierno a través de los presupuestos, una medida que sería de obligado cumplimiento para todas las Administraciones. “No todas las comunidades necesitan lo mismo”, dice el catedrático en referencia a la disparidad de resultados en el nivel autonómico (del 1,2% de déficit en Madrid al 7% en Castilla-La Mancha).
La tercera vía para las comunidades sería elevar los ingresos. Lago recuerda que sobre la mesa está la reclamación de 10 comunidades, casi todas del PP, que piden al Gobierno que adelante, como hace con el resto de la financiación autonómica, más de 5.000 millones en fondos de convergencia. Será un asunto que volverá a salir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el próximo martes. Pero si el Ejecutivo accede, le obligaría a un ajuste de la misma magnitud en sus cuentas.
Doménech cree incluso que el Gobierno puede sortear su promesa de no subir impuestos en auxilio de las cuentas autonómicas. “Las comunidades pueden plantear una petición conjunta en el Consejo para que se suba el IVA, y el Gobierno destinar el aumento de ingresos a elevar la participación autonómica en este impuesto”, plantea.
Todo apunta a que, como ocurre con los Presupuestos del Estado, el tempo político del PP no permitirá empezar a despejar la incógnita autonómica hasta después de las elecciones del 25 de marzo en Andalucía y Asturias. Apenas un mes después, será momento de resolver la incógnita europea: en mayo, se sabrá si Bruselas traga con el 5,8% u obliga a rebajar el objetivo unas décimas. Y cada décima son más de 1.000 millones. “Si otros países nos dejan solos en la idea de suavizar el déficit, lo podemos pasar mal”, avisa José Carlos Díez. Y, aun si todo va según lo planeado, todavía quedará por delante el reto de hacer otro ajuste similar en 2013 para llegar a la meta del 3%.
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