por Nacion.cl - foto: UPI
El abogado querellante Raúl Meza, quien representa a algunas familias de las víctimas del tsunami en Constitución, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para insistir en su solicitud de prisión preventiva para los 8 imputados por la fallida alerta de maremoto.
Meza salió visiblemente molesto del 7º Juzgado de Garantía de la capital, donde este jueves el magistrado Daniel Urrutia rechazó la petición del jurista y dejó a los imputados sólo con arraigo nacional, junto con dar un plazo de investigación de siete meses.
"Vamos a estudiar la resolución judicial, con mucha profundidad, nos vamos a hacer cargo de cada uno de los argumentos que planteó en su contenido la sentencia del juez de garantía y evidentemente que no descartamos presentar una apelación, para que sea la Corte de Apelaciones como tribunal superior la que evalúe si es procedente en este caso la medida más gravosa que es la prisión preventiva", señaló el abogado.
"Aquí estaba en juego el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Por lo tanto, claramente el arraigo nacional no corresponde ni en parte ni proporcionalmente al daño causado en las familias y en ese sentido el magistrado debió hacerse cargo, cosa que no hizo en su resolución, de la extensión del mal causado", añadió.
Según Meza, aparentemente "es más importante robarse una radio y un televisor y dejar a 300 personas en prisión preventiva, que a personas cuya consecuencia de su negligencia significó la muerte de 156 compatriotas, y dejarlos en absoluta libertad con la única prohibición de salir del país, eso no me parece justo".
Con esto último, Meza se refirió a uno de los argumentos que usó para justificar su solicitud de prisión preventiva, esto es, los saqueos registrados en Concepción en los días siguientes al terremoto del 27/F
El abogado también confirmó que el próximo 15 de mayo recurrirá a la Corte Naval para trabar contienda de competencia. Su intención es que el Caso Tsunami sea investigado por la justicia militar para aumentar las penas y lograr que los imputados vayan a la cárcel.
El abogado querellante Raúl Meza, quien representa a algunas familias de las víctimas del tsunami en Constitución, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago para insistir en su solicitud de prisión preventiva para los 8 imputados por la fallida alerta de maremoto.
Meza salió visiblemente molesto del 7º Juzgado de Garantía de la capital, donde este jueves el magistrado Daniel Urrutia rechazó la petición del jurista y dejó a los imputados sólo con arraigo nacional, junto con dar un plazo de investigación de siete meses.
"Vamos a estudiar la resolución judicial, con mucha profundidad, nos vamos a hacer cargo de cada uno de los argumentos que planteó en su contenido la sentencia del juez de garantía y evidentemente que no descartamos presentar una apelación, para que sea la Corte de Apelaciones como tribunal superior la que evalúe si es procedente en este caso la medida más gravosa que es la prisión preventiva", señaló el abogado.
"Aquí estaba en juego el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Por lo tanto, claramente el arraigo nacional no corresponde ni en parte ni proporcionalmente al daño causado en las familias y en ese sentido el magistrado debió hacerse cargo, cosa que no hizo en su resolución, de la extensión del mal causado", añadió.
Según Meza, aparentemente "es más importante robarse una radio y un televisor y dejar a 300 personas en prisión preventiva, que a personas cuya consecuencia de su negligencia significó la muerte de 156 compatriotas, y dejarlos en absoluta libertad con la única prohibición de salir del país, eso no me parece justo".
Con esto último, Meza se refirió a uno de los argumentos que usó para justificar su solicitud de prisión preventiva, esto es, los saqueos registrados en Concepción en los días siguientes al terremoto del 27/F
El abogado también confirmó que el próximo 15 de mayo recurrirá a la Corte Naval para trabar contienda de competencia. Su intención es que el Caso Tsunami sea investigado por la justicia militar para aumentar las penas y lograr que los imputados vayan a la cárcel.
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