por ALEJANDRA CARMONA
—¿Cómo está la Claudita? —pregunta cada vez que alguien la va a visitar.
Su voz se sostiene de un hilo en el patio laboral de la Cárcel de Acha, un complejo penitenciario ubicado a la salida de la ciudad de Arica, donde habitan 2.380 reos.
Gabriela Blas, 29 años, ojos y pelo negro, chasquilla ordenada, 1.55 metros, siempre habla igual. Bajito. En un susurro.
Alguna vez esto le jugó una mala pasada; sobre todo en un penal con mujeres fuertes. Ella se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino del complejo, donde convive con 315 compañeras más.
Hace dos años la acogió una “carreta”, un grupo de 5 mujeres que la integraron y juntas emprendieron una de las tareas que hasta hace poco Gabriela hacía con ellas: cocinar. Sí, porque en los momentos en que el encierro se convertía en un castigo agobiante, Gabriela cocinaba zapallos italianos, lechugas y papas chuño, una papa deshidratada que los aymaras comen con arroz o quínoa. Aunque nunca le ha gustado mucho cocinar, así también mataba el tiempo.
Cuando Gabriela llegó a la cárcel tenía talla 40 y usaba poleras talla S. Los 5 años de encierro sumaron algo más que tristeza: ahora usa pantalones 44.
Hace un par de meses se afirmó en Dios y asiste a los encuentros de fieles evangélicos.
Siempre dentro del penal. Porque desde que perdió la libertad en julio del año 2007, lo único que ha visto y respirado es el encierro en Acha. Del tiempo que lleva encerrada, pasó 3 años en prisión preventiva; la más larga desde la reforma al proceso penal en Chile.
—¿Ha sabido algo de la Claudita? —pregunta Gabriela cada vez que alguien la va a visitar, mientras teje—. El año pasado pasó al patio laboral y participa de un taller de artesanía donde hace chalecos y cuellos para el frío. Ya no le queda tiempo para cocinar.
Y la respuesta siempre es la misma: “No”.
Cuando ella cayó presa por la muerte de su hijo, no sólo lo perdió a él y se le acusó de “parricida”. También perdió a Claudia, su hija mayor, que fue dada en adopción internacional.
En abril de 2010, Gabriela Blas Blas fue condenada a 10 años y 1 día; un juicio que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Arica. Se realizó otro en octubre de 2010. Esta vez la sentencia fue de 12 años.
Se le acusó de abandonar a su hijo Domingo, de 3 años y 11 meses, a su suerte en medio del altiplano, porque mientras pastoreaba lo perdió de vista y el pequeño murió.
Sin embargo, quienes la defienden ahora piden el indulto y continúan reclamando su inocencia, porque según dicen, ella, Gabriela, una mujer aymara, con una historia de vulnerabilidad más negra que la que se tejió después de la muerte de Domingo, con tres hijos a cuestas —uno de ellos producto de una violación—, tiene razones suficientes para dejar el encierro en Acha.
UN NIÑO MUERTO EN EL ALTIPLANO
El 18 de julio de 2007, Gabriela Blas había conseguido un empleo en la pampa: cuidar animales en pastoreo; es decir, acompañarlos a comer. Un trabajo habitual para los habitantes de la zona. Ganaría 3 mil pesos por día, más comida y alojamiento por cuidar unas 120 llamas y ovejas. Ya había hecho esta tarea en 2006 y en marzo de 2007. Esta era la tercera vez que también pasaría 12 días seguidos pastoreando.
Hortencia Hidalgo, quien pertenece al Consejo Autónomo Aymara de Arica y también a la red chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual de Arica-Parinacota, señala que “todas las mujeres que hemos pastoreado animales tenemos dentro de nuestra cosmovisión la idea de llevar a los niños. Hay una intención de que se integren a temprana edad a las actividades para tener el contacto con la madre tierra y porque la parte altiplánica es muy diferente a la parte occidental, donde dejas a los niños en los jardines infantiles”, dice Hortencia, quien además cuenta que esta es una forma de que los pequeños aprendan el oficio a temprana edad. “Yo también he pastoreado y he dejado a mi hermano chico o mi sobrino esperándome. Fue un caso fortuito que cuando llegara el niño ya no estuviera”.
Se trasladó desde donde vivía, una casa de adobe en el caserío de Alcérreca, en la Comuna de General Lagos (Región de Arica y Parinacota), con su hijo Domingo Blas Blas de la mano. El trabajo la esperaba en la Estancia Caicone, aproximadamente a 17 kilómetros del lugar donde vivía.
Sin embargo, de un momento a otro todo cambió.
El día de su sentencia, el 2 de octubre de 2010, la justicia señaló que entre los días 18 al 23 de julio de 2007, aún sabiendo las características geográficas y climáticas de la zona, Gabriela abandonó al pequeño Domingo en los alrededores de la Estancia Caicone.
En el proceso se usaron diversos testimonios que dieron cuenta de las distintas versiones que entregó la mujer luego de dar aviso a la policía por el extravío del niño, 28 horas después de su desaparición. Fermín Enrique Vergara Vejar, sargento segundo de carabineros de la SIP de Putre, testificó que mientras se encontraba en servicio recibió una primera llamada que lo alertó. Provenía del retén de Alcérreca. La intención era que lo ayudara a ubicar a Eloy García, un hombre que supuestamente había trasladado al pequeño desde Caicone hasta Alcérreca; una tesis que desechó el propio García porque a esa hora estaba trabajando.
Vergara resumió lo que dirían otros testigos de la búsqueda: “Desde el 24 al 30 de julio estuvieron haciendo diligencias todos los días, dando ella versiones diferentes de lo ocurrido, tales como que el niño se había aburrido; que el niño se quedó atrás; que se cayó del aguayo; que se lo había llevado un boliviano; que se lo había llevado su patrón a Arica; que lo había encontrado muerto y otras”.
Sin embargo, hacia el final, los labios de Gabriela asomaron otra verdad: en algún momento de descuido, dos animales se escaparon de la manada. Ella envolvió a su hijo en un aguayo —una manta de lana que se usa como mochila, abrigo o para portar guaguas—, le dijo que se quedara tranquilo, que volvería, pero eso nunca ocurrió. El niño salió a buscarla y murió perdido en el altiplano.
Sobre las diferentes versiones entregadas por Gabriela, durante el proceso, Inés Flores, profesora intercultural bilingüe aymara, tuvo una hipótesis: el que un hombre interrogue a una menor, es intimidatorio. El que una mujer sea interrogada por un hombre puede desprestigiarla. Cuando quien interroga es una autoridad, hay más temor.
El 3 de diciembre de 2008 un pastor encontró el cuerpo de Domingo en la pampa de Upamalca. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal y la causa de muerte fue “indeterminada”.
Ese 3 de diciembre, el pastor vio lo mismo que diversos testigos recuerdan de Domingo antes de que se extraviara. El niño vestía un buzo; arriba llevaba un sweater azul marino. Usaba un gorrito y chalas.
LOS ARGUMENTOS PARA EL INDULTO
De los 3 mil extravíos de personas que se denuncian anualmente, el 20% jamás son encontradas (cerca de 600 personas). Entre el 2001 y el 2010 hubo 64 denuncias por el delito de abandono de menores.
Esta es una de las cifras que sirven de argumento a organizaciones sociales que han apoyado a Gabriela durante todo este tiempo para pedir un indulto presidencial; un beneficio que actualmente revisa Contraloría y ya se estudia en La Moneda.
“Jamás se debió condenar a Gabriela, ya que el delito de abandono, para configurarse, requiere de un dolo específico, del dolo de abandonar al menor. Es decir, para que haya delito, debe haber una intención clara de abandonar al niño. Gabriela jamás quiso abandonar a su hijo. Su extravío fue un terrible accidente”, argumenta la abogada Catalina Lagos, de la Corporación Humanas.
Catalina cree que Gabriela fue discriminada, ya que no se consideró su pertenencia a un pueblo indígena y que los sentenciadores no tomaron en cuenta las costumbres aymaras al momento de tomar una resolución. “Si a una madre occidental se le cae su hijo a la piscina y muere, se entiende que fue un accidente, esa mujer no sería juzgada por homicidio. El trato que recibió Gabriela fue desproporcionado y en extremo severo”, asegura Catalina.
Lo mismo piensa Hortencia Hidalgo, quien pertenece al Consejo Autónomo Aymara de Arica y también a la red chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual de Arica-Parinacota. “Todas las mujeres que hemos pastoreado animales tenemos dentro de nuestra cosmovisión la idea de llevar a los niños. Hay una intención de que se integren a temprana edad a las actividades para tener el contacto con la madre tierra y porque la parte altiplánica es muy diferente a la parte occidental, donde dejas a los niños en los jardines infantiles”, dice Hortencia, quien además cuenta que esta es una forma de que los pequeños aprendan el oficio a temprana edad. “Yo también he pastoreado y he dejado a mi hermano chico o mi sobrino esperándome. Fue un caso fortuito que cuando llegara el niño ya no estuviera”.
Hortencia viaja cada fin de semana a visitar a Gabriela, quien deberá enfrentarse a otra realidad cuando salga. “Siempre pregunta por su hija Claudia, pero nadie sabe dónde la dieron en adopción”. Este es uno más de los episodios que marcan la vida de Gabriela Blas, quien tuvo tres hijos. El primero, Ricardo, nació producto de la violación de un tío cuando ella tenía 16 años. La segunda, Claudia, fue llevada poco después de su nacimiento a la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin), donde no quisieron referirse al caso, lo mismo que el Sename de la región.
“Gabriela se encuentra muy mal anímicamente, y su estado de salud está bastante deteriorado. De acuerdo al último informe médico, que es del mes de abril, ella presenta una depresión severa y numerosos malestares físicos”, cuenta Catalina.
El estado de Gabriela es el resultado también de los 150 días que estuvo en la celda de aislamiento.
El indulto fue solicitado personalmente por Gabriela Blas, ya que es eso lo que exige la ley. Sin embargo, este beneficio ha sido apoyado con fuerza por las comunidades aymaras.
También ha contado con el apoyo del diputado por la zona Orlando Vargas.
Ahora está esperanzada, aunque hay momentos que se cansa de aguantar tanto tiempo, según dice Hortencia. “A veces tiene buen semblante, pero estos estados cambian. Siempre cambian”.
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