El PP, que hizo públicas sus enmiendas la semana pasada, no acepta la dación en pago
Los populares sí dan facilidades para pagar la deuda
FERNANDO GAREA Madrid 2 ABR 2013 - 14:20 CET
El Partido Popular (PP) presentará el viernes en el Congreso de los Diputados un texto refundido que incluirá la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —que contó con casi un millón y medio de firmas— y las enmiendas, tanto de los populares, como del resto de grupos. Sobre este texto se debatirá después. Ada Colau, una de las portavoces de la PAH, mostró la semana pasada su "esperanza" de que exista margen para la negociación entre los grupos políticos. Durante el debate de toma en consideración, el PP cambió de opinión y aceptó votar a favor de debatirla ILP.
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Hace una semana se conocieron las enmiendas que habían planteado hasta ese momento los grupos de la Cámara Baja. Según las propuestas del PP, que cuenta con la mayoría absoluta, el texto dará más facilidades para el pago de la deuda, pero no recogerá la dación en pago —que la deuda quede saldada completamente con la entrega del inmueble—, como reclama la PAH, y tampoco se aplicará de manera retroactiva. La no inclusión de estos puntos ha sido fuertemente criticada por los colectivos contra los desahucios.
Las enmiendas de los populares permiten saldar la deuda tras la entrega de la casa y el pago del 65% en cinco años o del 80% en 10 años. También ampliaba los umbrales de renta para poder acogerse a la paralización automática de los desahucios y otorgaba poder a los jueces para paralizar las ejecuciones hipotecarias cuando se denuncia una cláusula abusiva. Este punto responde a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 14 de marzo dio un varapalo a la normativa hipotecaria española, y cuyos fallos son directamente aplicables en los Estados miembros.
El debate jurídico y político sobre los desahucios ha venido precedido de una campaña ciudadana que arrancó hace cuatro años, y que con la crisis ha visto ampliado su eco. El respaldo de los ciudadanos a la PAH, no ha evitado la apertura de un debate sobre la legitimidad de algunos medios de presión empleados por la plataforma. Los escraches, o concentraciones ante el domicilio de los políticos a los que se considera responsables, han recibido la crítica de ser coacciones ilegítimas que vulneran la libertad de los representantes públicos.
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