Por Narayan Vila
Ayer martes continuó la audiencia de sobreseimiento solicitada por cuatro de las siete personas formalizadas por la frustrada alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, escuchó los argumentos de las defensas de Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi, y de Andrés Enríquez, ex jefe de Oceanografía del SHOA.
Sobre este último, la fiscal Solange Huerta señaló que era la persona con más experiencia y conocimiento aquel día y que él le dijo al director del SHOA, Mariano Rojas, que “no había riesgo de maremoto”.
Paula Vial, abogada defensora de Enríquez, refutó este argumento e indicó que era llamativo el criterio del Ministerio Público, aludiendo a la ausencia entre los formalizados de Cecilia Celaya, oceanógrafa del SHOA durante la madrugada del 27 de febrero de 2010.
En este sentido, la jurista defensora dijo que “pese a que era posible y probable que fuera a ocurrir un tsunami esto no había ocurrido, entonces conforme a ello se adoptaron decisiones, sin embargo, hay personas que con posterioridad han señalado que sí les constaba que había un tsunami, sin embargo, guardaron silencio, y eso resulta francamente incomprensible, en términos de cuál es el criterio que está adoptando el Ministerio Público para perseguir a determinados imputados o personas”.
En relación a Johaziel Jamett, la fiscal Solange Huerta afirmó que el ex jefe del CAT de la Onemi cometió seis omisiones en las horas posteriores al terremoto, entre ellas “no difundir información relativa al maremoto en Constitución y el archipiélago de Juan Fernández”.
Por esto, la fiscal Solange Huerta señaló que “a las 4:30 horas cuando toma conocimiento de la alerta de tsunami que había transmitido el SHOA a la Onemi, lo diligente era que transmitiera dicha alerta a la población civil y que la transmitiera al sistema de protección civil por todos los medios disponibles, lo que no hace, él no transmite la alerta de tsunami, hay que recalcar en este punto que no existía ningún tipo de impedimento que le imposibilitara al imputado, Johaziel Jamett, transmitir dicha alerta a las 4:30 horas cuando llega a la Onemi”.
La fiscal también imputó a Jamett el desestimar un fax enviado por el SHOA, a las 4:07 de la madrugada, en donde se indica en la referencia “alerta de maremoto”.
Esto fue negado por el abogado defensor, Carlos Pérez, quien señaló que “Johaziel no recibió ese Fax, tal como lo he señalado, ese Fax, lo recibió quien estaba haciendo de cabeza en la Onemi, quien era el jefe de gabinete, a él le correspondía por disposición legal asumir la jefatura. Él tomó ese Fax, lo discutió con quien estaba en ese momento de jefe de turno y guardaron esa información, haciéndosela llegar con posterioridad al resto de las autoridades”.
Desde la parte querellante, el jurista Alfredo Morgado, se mostró optimista de que el juez Ponciano Sallé rechace el sobreseimiento de Jamett, Enríquez, Patricio Rosende y Carmen Fernández, acusados por el cuasi delito de homicidio de 133 personas.
En esa línea, el abogado querellante indicó que “ellos afirman que no ha habido negligencia, que no ha habido imprudencia, que no tenían obligación de alguna de cumplimiento de deberes. Nosotros estimamos lo contrario y creemos que son sus conductas, las omisiones, el actuar temerario el que en definitiva causó el resultado de muerte y por eso pedimos el rechazo del sobreseimiento”.
Este miércoles concluye la audiencia con la revisión del caso de la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias, Carmen Fernández.
También durante esta jornada el Ministerio Público deberá definir si cita a declarar a la ex Presidenta Michelle Bachelet, en calidad de imputada tal y como lo solicitó el abogado querellante Raúl Meza.
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