JACQUELINE FOWKS Lima
Purús es una de las provincias más grandes de Perú, ocupa casi 18.000 kilómetros cuadrados del departamento de Ucayali en la Amazonía, y su río principal corre en sentido a Brasil. Es uno de los puntos más al oriente del país y alejado de la capital, a cuatro días de Lima si no es por vía aérea. En abril del 2012 un congresista presentó un proyecto de ley para declarar de “necesidad pública e interés nacional” una carretera o ferrocarril que conecte el puerto de Purús con Iñapari, en el departamento de Madre de Dios, mejor conectado por carretera con el resto del Perú. La iniciativa ha generado una división en las organizaciones de la provincia y una controversia entre parlamentarios de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambiente del Congreso, que aún no aprueba el dictamen del proyecto.
La propuesta de “conectividad terrestre” implica abrir una vía de unos 270 kilómetros que atraviese el Parque Nacional de Alto Purús, una reserva comunal y una reserva territorial que afectaría ríos, quebradas, lagunas y bosques tropicales. En la reserva territorial viven indígenas de la etnia Mashco Piro en aislamiento voluntario, y según la ONG Global Witness “alberga la superficie más grande de caoba que queda en Perú y quizá en el continente”.
“Soy indígena sharanahua, no queremos problemas. El congresista (Carlos) Tubino no ha llegado al Purús a consultar a los pueblos indígenas. Queremos que se archive este proyecto, nos están dividiendo”, afirma Eduardo del Águila Meléndez, vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (Feconapu), en Lima,tras la presentación de un informe de Global Witness que revela los perjuicios de la “conectividad terrestre” en la zona y los posibles conflictos de interés de algunos de los parlamentarios que defienden el proyecto de ley.
Este es uno de los casos en que un proyecto de ley podría afectar a pueblos indígenas, sin embargo, el Congreso aún no define en qué momento del proceso parlamentario hará la consulta previa sobre la aprobación de una ley que afecte a estos sectores de la población. Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa a los pueblos indígenas en 2011, porque es firmante del Convenio 169 de la OIT, pero hace un par de semanas el presidente Ollanta Humala dijo en una entrevista que en el país solo hay algunos pueblos indígenas "que viven aislados" en la selva, dando a entender que otros grupos en la Amazonía y en los Andes no califican para la consulta previa en proyectos de industrias de extracción, hidroeléctricas o construcción de infraestructura, como en Purús. Las primeras consultas las realizarán los Gobiernos regionales de Puno y Loreto, pero el Ejecutivo y el Legislativo aún no empiezan con el procedimiento.
Eduardo del Águila explicó a EL PAÍS que los promotores de la carretera en Puerto Esperanza, Purús, han creado una organización paralela a Feconapu para desacreditarla, llamada Fecoindepu. “Ellos son trabajadores de la Municipalidad provincial de Puerto Esperanza, que se han nombrado entre ellos y un párroco, y se han colocado un nombre. Pero a nosotros nos han elegido los pueblos, los clubes de madres”.
“Nos están dividiendo, nos están haciendo pelear internamente. No vamos a permitir que un grupo nos vaya a utilizar, el proyecto es un atropello, una violación, nosotros aún cuidamos a nuestros hermanos que no salen del monte”, ha denunciado también Emilio Montes, presidente de Feconapu, que agrupa once pueblos (etnias) en 47 cuencas de Purús.
El proyecto de conectividad terrestre ya tiene un dictamen favorable en la Comisión de Transportes del Congreso, pese a que el Ministerio del Ambiente, el de Cultura y el de Transportes y Comunicaciones se han expresado públicamente, por motivos distintos, contra la carretera. En la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología la discusión del dictamen fue postergada tres veces en el último mes. Ante la fuerte oposición contra el proyecto de ley, el congresista que lo promueve, Tubino, aceptó el martes, que el texto ya no aludiera a la conectividad terrestre, sino solo a la necesidad pública de la conectividad. Pero el congresista indígena, Eduardo Nayap, pidió insertar una frase que prohibiera la conectividad terrestre. Según la congresista Verónika Mendoza, presente en la sesión, Tubino se exaltó y no lo concedió. “Eso ha dejado preocupación, no hemos llegado aún a un acuerdo”.
El miércoles, Juan Carlos Torres -asesor del congresista Tubino- dijo en un evento público organizado por tres ONG ambientalistas y Feconapu que retirarían del dictamen la palabra ‘terrestre’ (que es sinónimo de la carretera o ferrocarril), pero que si el Estado luego decidía que la conectividad se hiciera mediante una carretera, no se les podría responsabilizar a los promotores de la ley.
En una entrevista concedida a Radioprogramas, a inicios de mes, el congresista Tubino dijo que su proyecto de ley es “de muy buena voluntad” porque los vuelos comerciales no llegan y han disminuido los vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea. Según el parlamentario fujimorista, las ONG lo tratan de poner como si fuera un cavernario. “Dicen que quiero imponer una carretera en la zona, que podría ser necesaria, aunque hay que llegar a consensos. Hay intereses de ONGs muy grandes que están en la zona como la WWF. Podría ser tren o carretera, pero soliviantan a la población, sobre todo nativa con poca educación”.
El informe de Global Witness advierte el vínculo de algunos congresistas que respaldan el proyecto de conectividad terrestre, con empresas mineras y forestales, a las que beneficiaría esta vía. También anota que la principal carretera en la selva sur del país, la Interoceánica, ha facilitado la deforestación mediante la minería ilegal. Los activistas medioambientales y las organizaciones indígenas de Purús temen que eso mismo ocurra y, más aún, que si no se concretara la carretera, se legitime una trocha ilegal que los promotores de la vía han empezado con fondos de la Municipalidad, desapareciendo parte del bosque.
El informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo registra en abril 229 conflictos sociales, el 67% de ellos son medioambientales, aunque no incluye el de Purús. Este caso se suma a varios otros, en los que los pueblos indígenas peruanos perciben al Estado apartado de ellos, desprotegiéndolos o atacándolos, como tantas veces ha ocurrido en la historia y en años recientes.
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