Saludos a todos.
Escrito por don Juan Carlos, editor senior emérito
El operativo del pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara destapó una red de traición que va más allá de la gobernadora Maru Campos. La muerte del Comandante Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez Montes, quienes viajaban en el mismo vehículo con los agentes de La Agencia Central de Inteligencia (en inglés: Central Intelligence Agency, o por sus siglas, CIA) agentes Richard Littlejohn Stone y John Doodlee Black, evidenció una entrega total de la soberanía. Las investigaciones de la FGR ahora señalan directamente a César Jáuregui Moreno, Fiscal General del Estado, por coordinar esta incursión extranjera a espaldas de la Federación, e involucran a mandos de la Agencia Estatal de Investigación que permitieron que agentes estadounidenses operaran en territorio nacional sin ninguna supervisión federal.
Bajo el pretexto de una «asesoría técnica», la administración estatal facilitó que agencias foráneas realizaran tareas de inteligencia y campo que son facultad exclusiva del Ejecutivo Federal. Esta sedición no fue un error aislado; el gabinete de seguridad de Chihuahua ignoró deliberadamente la Ley de Seguridad Nacional para pactar con intereses externos, vulnerando el mando de la SEDENA y la Guardia Nacional. Ante esto, el Gobierno Federal debe reaccionar de inmediato para detener esta fragmentación del país, castigando no solo a la gobernadora, sino a toda la estructura estatal que prefirió la complicidad con potencias extranjeras antes que el respeto al orden constitucional mexicano.
Plan Golpista
Es urgente que el Senado acelere el juicio político y que la FGR aplique todo el peso de la ley contra estos «vende patrias». No basta con investigar el accidente; se debe desmantelar el pacto de impunidad que permitió la presencia ilegal de la CIA en suelo chihuahuense. La soberanía de México no es negociable y el castigo debe ser ejemplar: la destitución inmediata y la cárcel para quienes entregaron el control de las instituciones. El pueblo exige justicia y una respuesta contundente para frenar de tajo esta entrega descarada del territorio y la seguridad nacional a manos extranjeras.
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